La Fiscalía pide al TSJC que inadmita las querellas contra el Govern por el aval del ICF

BarcelonaUna de las primeras reacciones a la decisión del Govern de avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas mediante el Institut Català de Finances fue una querella de Vox y dos denuncias -una de Convivencia Cívica Catalana y una del líder de Cs, Carlos Carrizosa- contra el presidente y miembros del ejecutivo. La respuesta de la Fiscalía a estas acciones legales ha sido pedir este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que inadmita la querella y las dos denuncias. La decisión del ministerio público llega después de que el Tribunal de Cuentas optara por no aceptar los avales de la Generalitat y empezara el proceso de embargo. De momento, sin embargo, no hay ninguna resolución que indique que el fondo del Govern no se adecúa a la legalidad, empezando por el propio dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y ahora también la resolución de la Fiscalía.

La querella de Vox iba a dirigida a Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. A su vez, la entidad Convivencia Cívica Catalana denunció a todos los miembros del ejecutivo catalán por los mismos delitos y Carrizosa también los acusaba de malversación. La Fiscalía, sin embargo, asegura que tanto el partido ultraderechista como la entidad y el líder naranja han llevado a cabo un "apresurado e irreflexivo ejercicio de la acción penal". En su escrito, el ministerio público argumenta que el decreto del ejecutivo no solo va dirigido a los encausados en el Tribunal de Cuentas. "No se puede directamente concluir sin más que la norma tenga como objetivo exclusivo beneficiar a personas concretas", afirma la Fiscalía citando que el decreto va dirigido a todos los trabajadores públicos de la administración de la Generalitat.

A la vez, el ministerio público descarta que sea una norma "arbitraria". Argumenta que su finalidad -destinar fondos públicos a garantizar el principio de indemnidad en el ejercicio legítimo de la función pública- "resulta perfectamente lícito" y destaca que el decreto limita su uso a ciertos condicionantes -las personas condenadas por sentencia firme, por ejemplo, no se pueden adherir-. "La objetiva ausencia de arbitrariedad en la finalidad y modo en que la norma se encuentra articulada impide llegar a la conclusión de que la norma puede resultar per se prevaricadora", afirma el escrito de la Fiscalía.

El ministerio público también tumba la acusación de malversación de fondos públicos. Primero, argumenta que el aval de la Generalitat no es definitivo y el dinero lo aporta el encausado si finalmente es condenado firmemente, lo que denomina la Fiscalía "obligación de regreso". Al mismo tiempo, el ministerio público no observa una administración desleal por parte del Govern, puesto que "las medidas previstas por la norma no resultan idóneas para generar perjurio patrimonial".

"La mera articulación de un mecanismo de aval que, de forma provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo en el que se vea involucrado un funcionario o autoridad, no implica en sí mismo la causación de un perjurio al patrimonio público ni, en consecuencia, la existencia de un delito de malversación de fondos públicos", concluye la Fiscalía. Y añade que solo un mal uso del decreto -que se admitan, por ejemplo, personas que no cumplen los requisitos- podría significar un delito.