Todo lo que sabemos de Forestalia, la última sombra de corrupción sobre el gobierno español

Forestalia es una gran empresa aragonesa de energías renovables que en el Camp de Tarragona conocen bastante bien: pretendía impulsar una línea de alta tensión de 287 kilómetros, 181 de los cuales en territorio catalán, para hacer llegar la electricidad desde Aragón hasta Cataluña. Un proyecto, polémico en su día, que hoy ya es historia. Los quebraderos de cabeza para la compañía, sin embargo, no han terminado y ahora la polvareda la genera un presunto caso de corrupción ambiental que, de momento, se ha saldado con seis detenciones. ¿Qué se investiga?

Vamos por partes. La causa ya se ha bautizado como el caso Forestalia. Este viernes hay prevista precisamente una vista de medidas cautelares por parte del magistrado responsable del caso. Finalmente, sin embargo, lo ha aplazado cinco días. A grandes rasgos, se investiga una supuesta trama de corrupción ambiental que afecta a la provincia de Teruel, en Aragón.

La causa salió a la luz hace diez días, cuando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellas un ex alto cargo del ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, y el propietario de la empresa, Fernando Samper. También practicó registros en Madrid y Zaragoza. Juan José Cortés Hidalgo, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, es quien dirige la causa bajo secreto de sumario.

La investigación se centra en supuestos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal después de detectar irregularidades en la tramitación ambiental de contratos de diferentes proyectos eólicos y de placas solares de Forestalia. Según ha informado la agencia Efe, una de las patas de la investigación es si Domínguez obtuvo comisiones irregulares a cambio de beneficiar a Forestalia en la tramitación de sus proyectos de renovables en la provincia de Teruel.

Entre los proyectos afectados se encuentra, precisamente, el parque eólico más grande del Estado, el denominado Clúster del Maestrazgo, un proyecto que si bien los alcaldes de la zona esperan con ansias por la lluvia de millones que supondría, ha levantado fuertes críticas de vecinos y organizaciones ambientales por el impacto en el entorno natural. De hecho, diferentes entidades ecologistas de Aragón han exigido este viernes la "suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia en desarrollo en Aragón, independientemente de la fase en que se encuentren". El magistrado, de hecho, debe decidir si lo hace en el caso de los proyectos investigados. Las entidades denuncian que "eran conocedoras de las irregularidades cometidas por la empresa" y manifiestan malestar porque no se haya dado "visosimilitud" a los hechos hasta que la Guardia Civil lo ha investigado.

Con todo, la trama salpica de lleno al ministerio para la Transición Ecológica, ahora bajo la batuta de Sara Aagesen, que ya ha anunciado un "análisis" para detectar si los procedimientos ambientales se hicieron o no correctamente.

¿Quién es quién?

En el centro de la investigación –y entre los detenidos– destacan el propietario de la empresa, Fernando Samper, que quedó en libertad después de declarar. Él fundó Forestalia en el año 2011 después de distanciarse de sus hermanos, herederos todos ellos del imperio cárnico Grupo Jorge, y a pesar de que las energías renovables no pasaban por su mejor momento, lo apostó todo a este sector.

La sede de la empresa está en Zaragoza y actualmente tiene 200 trabajadores. Su actividad se centra en proyectos vinculados a la energía eólica, la fotovoltaica y la generación de biomasa. Tiene proyectos que generan unos 4 GW, pero si se tiene en cuenta la cartera en desarrollo la cifra asciende a los 8 GW. En 2016, después de años sin subastas de renovables, el PP de Mariano Rajoy, a través del ministerio de Energía bajo la batuta de Álvaro Nadal, las reactivó y la compañía dio un salto adelante. Solo entre 2016 y 2017 Forestalia se adjudicó 1.924 MW de renovables.

Pero también destaca Eugenio Domínguez, que fue subdirector general de Evaluación Ambiental para el ministerio para la Transición Ecológica entre 2017 y junio de 2023. Una vez fuera, siguió como asesor durante unos meses. Esta área del ministerio es la encargada de estudiar si un gran proyecto, sea o no de energía renovable, cumple con la normativa ambiental. La ministra para la Transición Ecológica ha defendido que no se trata "de un alto cargo" de la cartera durante la etapa de su antecesora, Teresa Ribera (PSOE), sino de un "alto funcionario". Domínguez entró al ministerio cuando el titular de la cartera era el popular Álvaro Nadal (PP).

¿Qué vínculo tiene con Leire Díez?

Pero los quebraderos de cabeza para Forestalia no acaban aquí. La empresa ha estado vinculada con la exmilitante socialista Leire Díez, a pesar de que el hilo que los une no viene de ahora. El nombre de Forestalia apareció entre la lista de empresas registradas por la UCO en diciembre de 2025, en el marco de una causa abierta que se instruye en la Audiencia Nacional y dirige el magistrado Antonio Piña y que también está bajo secreto de sumario.

Aquella operación se centra en los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación y sitúa en el punto de mira la época en que Díez trabajó para la empresa pública Enusa, participada en un 60% por la SEPI, el brazo inversor del gobierno español. De hecho, quien también se ha visto salpicado en esta operación ha sido Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso –también amigo y supuesto socio de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE.

En la trama Díez, los implicados habrían cobrado supuestamente unos "750.000 euros en comisiones a cambio de interceder en al menos cinco operaciones que implicaban empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI", según fuentes de la investigación. En el caso de Forestalia, el juez recogía una ayuda de la SEPI de 17,32 millones de euros a Arapelle, una sociedad vinculada a la empresa de renovables, con una comisión de 200.000 euros.

Con todo, según ha revelado El País, Eugenio Domínguez, el ex alto cargo de Transición Ecológica, aseguró en su declaración de hace dos semanas ante los agentes de la Guardia Civil que Antxon Alonso participó en las reuniones para diseñar la trama societaria a través de la cual el ex alto funcionario habría recibido comisiones ilegales a cambio de la manipulación de los trámites medioambientales que habrían beneficiado a Forestalia.