El gobierno español se queda solo defendiendo la ley de lobbies

MadridEl gobierno español se enfrenta este miércoles a una nueva votación en el Congreso que se traducirá, si nada cambia, en una nueva derrota. La cámara baja española tumbará el real decreto ley del ejecutivo de Pedro Sánchez para regular los grupos de presión o de interés, popularmente conocidos como lobbies. Son los grupos que buscan incidir en la agenda legislativa de la política tejiendo vínculos con los partidos políticos, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o en el Senado o el mismo gobierno español. Durante el debate, PP, Vox y Junts han anunciado que votarán en contra. El PNV se abstendrá y el resto de formaciones, en principio, votarán a favor, aunque ERC, Bildu, el BNG e incluso Sumar, el socio minoritario, han sido críticos con el gobierno español, que se ha quedado solo en la defensa del texto.

Entre otras cosas, la reforma, aprobada en el primer consejo de ministros después de la pausa estival, contempla la creación de un registro estatal, público y obligatorio de grupos de interés. También atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la gestión del registro y la potestad sancionadora. "No entiendo que se vote en contra", ha lamentado el ministro para la Función Pública y la Transformación Digital, Oscar López. Durante su intervención ha anunciado un cambio de última hora para intentar contentar a los partidos, en particular a Sumar, excluyendo a los agentes del "diálogo social" de la reforma —sindicatos y patronales—, aunque no ha concretado el alcance de la modificación.

Falta de negociación

La queja principal de Junts, pero también del resto de formaciones políticas, ha sido la "falta de voluntad negociadora" del gobierno español. Los juntaires han negado que se haya negociado, a diferencia de lo que ha dicho el portavoz del PSOE, Patxi López, pero también el ministro: "No hagan piruetas. Saben que yo mismo he negociado esto [con su partido] en Barcelona", ha afirmado López. Junts, en cambio, asegura que no se han incluido sus propuestas. En particular aquellas que permitirían dejar fuera del registro de los grupos de interés a las pequeñas y medianas empresas o a las asociaciones sin ánimo de lucro o ciudadanos particulares.

"No es lo mismo la presidenta de una asociación de vecinos que Pepe Blanco", ha dicho el diputado de Junts, Josep Pagès, durante su intervención. Pagès no ha dudado en señalar que a quien se debe controlar es a las grandes corporaciones o consultorías que se dedican al lobbismo y las reuniones con estas. Aquí entraría por ejemplo Repsol, con quien Junts se reunió después de votar en contra del impuesto extraordinario a las energéticas. Durante la tramitación del impuesto, el partido se hizo suya la presión de la petrolera.

Todos los partidos, incluso los que han indicado que votarán favorablemente a la norma, han recriminado al gobierno español que haya traído un real decreto ley cerrado, mientras continúa en un cajón del Congreso desde enero de 2025 un proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés y que buscaba, precisamente, regular el lobismo. "Esto es dejadez", ha aseverado la diputada del PP, Edurne Uriate. "La alternativa no es la no legislación, no confundan a la población. Reactivemos el proyecto de ley", ha afirmado Uriate.

El gobierno español, sin embargo, recrimina al PP que es "difícil" entender su voto en contra, sobre todo después de haberlo defendido en "Bruselas". López, que ha recordado casos como el del exministro Cristóbal Montoro, ha insinuado que en el fondo los populares no quieren que haya transparencia: "Solo [entiendo el voto en contra] si hay motivo oscuro, si alguien no quiere que haya transparencia".

Blindaje del diálogo social

"El diálogo social está blindado", ha defendido el ministro. Estas últimas semanas el ejecutivo español también había recibido las críticas de los sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, y la patronal española CEOE por no haberles excluido de la norma teniendo en cuenta que su rol está blindado en la Constitución. Finalmente, el ministro para la Función Pública ha anunciado que aprobarán una modificación a lo largo del mes de octubre a través de una nueva norma para excluir al "diálogo social". La falta de concreción sobre esto ha sido denunciada por el diputado de ERC, Francesc Marc-Alvaro.

La rapidez en la tramitación –aprobar un real decreto y no intentar desbloquear el proyecto de ley– es fruto de la vinculación de esta reforma con la llegada de los fondos europeos antipandemia, como ha reconocido el mismo ministro. En concreto, es uno de los hitos que el gobierno español debe cumplir para recibir el último desembolso (unos 25.000 millones de euros, la mayoría transferencias), y que prevé pedir este mes de septiembre. Fuentes del ministerio de Economía no han hecho un cálculo del dinero que puede haber en juego.