El Govern admite ahora que no se retirará en bloque de todas las causas contra manifestantes

BarcelonaSi el papel del Consell per la República fue el foco de tensión entre ERC y JxCat antes de la investidura de Pere Aragonès, los procesos judiciales contra manifestantes independentistas protagonizaron parte de la discusión con la CUP. El Govern se comprometió a retirarse en bloque de todas las causas contra manifestantes en que no hubiera acreditadas lesiones a los agentes de los Mossos o no hubiera suficientes garantías para identificar a los presuntos agresores. Un compromiso, sin embargo, que el ejecutivo admite ahora que no podrá cumplir, según explican fuentes de Presidencia al ARA.

Ya hace más de un año de la investidura y también que los abogados de los Mossos pasaron a depender del gabinete jurídico central, es decir, de la conselleria de Presidencia. Desde entonces, se ha ido analizando caso por caso y, a pesar de que el objetivo inicial era la retirada en bloque de los procesos judiciales, el Govern ha asumido que tendrá que continuar como hasta ahora. “Era una voluntad política, pero procedimentalmente no es posible”, remarcan fuentes del gabinete jurídico, que recuerdan que el objetivo es proteger a los funcionarios.

Las tensiones con los Mossos por lo que consideraban cesiones a la CUP no son nuevas y el Govern ha preferido no pulsar el acelerador, a pesar de que esto pueda significar nuevos problemas con los anticapitalistas. La CUP, de hecho, sigue denunciando en su memorial de agravios contra el Govern que la Generalitat continúe representada como acusación particular contra activistas incumpliendo, a su parecer, el compromiso de legislatura. “Retirar las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas en que haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”, decía el documento que ERC y los cuperos firmaron el marzo del año pasado.

Fuentes del ejecutivo subrayan, sin embargo, que mantienen “un contacto fluido” con representantes de la CUP “para analizar caso por caso” las causas contra independentistas. El primer gran anuncio fue el de la retirada del procedimiento contra siete manifestantes que habían participado en la movilización a las puertas del Parlament el 30 de enero del 2018, cuando se tenía que investir a Carles Puigdemont. Aun así, finalmente los agentes que lo reclamaron pudieron ser defendidos por los mismos abogados de la Generalitat, a pesar de que formalmente la institución no estuviera representada. Fuentes del ejecutivo explican que en los últimos meses se han retirado o bien han rebajado peticiones de pena en una decena de casos.

Deberes pendientes

Uno de ellos es el de Marcel Vivet, que inicialmente fue condenado a cinco años de prisión, con la Generalitat negándose a rebajar su acusación. Finalmente, la misma Generalitat recurrió la condena al considerarla “desproporcionada” y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la dejó en un año y medio de prisión. De momento, Presidencia no detalla cuáles son los otros casos.

También hay ejemplos en los que el Govern no se ha personado, como el de Oriol Calvo, el joven condenado recientemente a cuatro años de prisión por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante las protestas posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del Procés.

Hay todavía al menos una treintena de causas con la Generalitat personada –en dos de las cuales son los Mossos los acusados–. Y si no hay un nuevo cambio de criterio, el gabinete jurídico evaluará individualmente cada caso para decidir cómo actúa.