El Govern se alinea con ERC frente a Montero y defiende la recaudación del 100% del IRPF

BarcelonaEl Gobierno se topa con el ministerio de Hacienda y defiende que la Generalitat recaude el 100% del IRPF. La posición del ejecutivo de Salvador Illa, de hecho, se alinea con la de Esquerra, que la semana pasada presentó la ley que debe dar amparo a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que recaude este tributo. Una norma que no avala a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. "Estamos centrados en defender un modelo de financiación justo y con la recaudación del 100 por ciento del IRPF y el principio de ordinalidad", ha afirmado la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Silvia Paneque, en rueda de prensa tras el consejo ejecutivo. Unas palabras que evidencian una posición distinta a la que defendía este lunes el ministerio de Hacienda, que se opuso a la posibilidad de que las comunidades autónomas recauden íntegramente todo este impuesto. "El camino que nos hemos marcado es el del acuerdo, el diálogo y las soluciones entre instituciones con el acompañamiento de los agentes sociales", defendió horas más tarde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien admitió que este camino "no será, no es ni está siendo ni fácil ni rápido".

Con todo, el presidente ha remarcado que la meta es de "suficiente relevancia" para que el Gobierno se la tome "en serio" y sea "tenaz y persistente". En este sentido, Paneque reiteró que el compromiso del ejecutivo es cumplir el acuerdo firmado con ERC para la investidura de Salvador Illa: "El Govern acordó con ERC tener la capacidad de gestionar y recaudar con plena capacidad normativa. Esto, con plena colaboración con el gobierno de España para financiar los servicios propios y participar en la solidaridad territorial". En este sentido, el Gobierno considera que la posición del ministerio de Hacienda se enmarca en las negociaciones abiertas y confía en llegar a un "acuerdo responsable y justo" que lleve a la recaudación "progresiva" del IRPF y garantice una "financiación justa para Catalunya".

"No nos parece contradictorio que pueda haber otras propuestas sobre la mesa", ha apuntado. En este sentido, Paneque ha añadido que es "normal" que cada ejecutivo "se focalice en sus responsabilidades y objetivos", y ha admitido que la negociación es "compleja". Ahora bien, el hecho es que ahora mismo la propuesta del ministerio de Hacienda no concuerda con lo que establecía el acuerdo de investidura. El departamento que dirige María Jesús Montero defendía este lunes que su objetivo es presentar una propuesta de reforma de todo el modelo de financiación autonómica para que sea "compatible cumplir los acuerdos firmados y realizar un modelo extensible al resto de comunidades autónomas".

Los varones del PP, pero también del PSOE, llevan meses criticando el modelo de financiación pactado con ERC. Isla, en este sentido, ha vuelto a defender el acuerdo y ha avisado: "No nos dejaremos llevar por quienes enfrentan territorios ni por quienes practican egoísmo fiscal y bloqueo institucional". "La razón siempre se impone al ruido", añadió. El presidente de la Generalitat ha puesto en valor que Catalunya lidere esta reforma de la financiación autonómica: "El inmovilismo no es la solución".

La llamada de sindicatos y patronal

La presión al ministerio de Hacienda también ha llegado vía sindicatos y patronal (UGT, CCOO, Pimec y Foment del Treball), que, en una declaración conjunta con el Gobierno, han exigido sacar adelante la nueva financiación para "garantizar la suficiencia de los recursos públicos" y prestar "servicios de excelencia a la ciudadanía". De hecho, el texto lo ha defendido el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el marco del Consejo de Diálogo Social, que se ha reunido esta tarde. "Hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas para que avancen en la concreción y aprobación de un nuevo modelo de financiación para Catalunya, lo antes posible, con el consenso político necesario para hacerlo realidad", dicen en la declaración conjunta.

En este sentido, piden impulsar la nueva financiación y que Catalunya asuma las "competencias del IRPF". "Catalunya debe seguir avanzando en el despliegue de la Hacienda catalana, con el objetivo de gestionar de forma progresiva los impuestos", añaden, siempre "garantizando" la "coordinación" entre la Hacienda estatal y la catalana. En la declaración conjunta, también defienden que la "singularidad" de Catalunya sea reconocida en el nuevo modelo de financiación que debe presentar el gobierno español para todas las comunidades. El diseño de este nuevo sistema autonómico debe garantizar el "tratamiento bilateral" de Catalunya con el Estado, "sin perjuicio de la participación en espacios multilaterales", defienden.

El encontronazo por la ordinalidad

No es la primera vez que la posición del ejecutivo de Salvador Illa choca con la del gobierno español. Ocurrió este verano con el principio de ordinalidad. Ésta es una de las cuestiones que los socialistas catalanes defienden desde hace meses, es decir, que a la hora de repartir los recursos Catalunya no baje posiciones en el ranking de autonomías respecto a lo que ha aportado. Lo hizo el propio Salvador Illa en la campaña de las últimas elecciones catalanas. Ahora bien, en la última reunión de la Comisión Bilateral de julio, que debía servir para aprobar el despliegue del nuevo modelo de financiación, ese principio quedó fuera del texto firmado entre los dos ejecutivos socialistas: sólo aparecía como un posicionamiento que Cataluña defiende, pero sin que el gobierno español lo asumiera.

Mientras no se acerquen las posiciones en el acuerdo para la financiación, una de las cuestiones que están en juego son los presupuestos catalanes y los estatales. ERC ya ha dicho que no se sentará a negociar ninguna de las cuentas si no se dan pasos en la financiación, como por ejemplo que salga adelante su proposición de ley sobre la ATC. Por el momento el gobierno español ya ha elaborado el cuadro macroeconómico, el paso previo para presentar el proyecto de ley de presupuestos. En Catalunya, Paneque no ha puesto fecha todavía a cuándo el Govern presentará su proyecto, aunque el objetivo es que esté en vigor el 1 de enero.