El Govern y el PSC también desbloquean el Consell de Garanties y la Sindicatura de Comptes

BarcelonaDespués de anunciar el miércoles los nombres para relevar al Síndic de Greuges, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y el Consell Audiovisual de Catalunya, este jueves Esquerra, Junts y el PSC han anunciado los perfiles que aterrizarán en el Consell de Garanties Estatutàries y a la Sindicatura de Comptes a partir del mes de enero, después de hacer los trámites necesarios en el Parlament. Según un comunicado emitido por las tres formaciones, los juristas Eduard Roig, Mercè Barceló, Francesc Esteve, Laura Díez Bueso, Montse Rosell y Enoch Albertí ocuparán las plazas caducadas del Consell de Garanties. En la Sindicatura de Comptes promueven a Miquel Salazar como síndico mayor, además de a Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Maria Àngels Cabasés, Josep Viñas, Manel Rodríguez y Anna Tarrach como miembros del ente.

Así como los nombres propuestos para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y el Consell Audiovisual de Catalunya eran perfiles más políticos, en este caso los partidos han optado por personas de carácter más técnico. En el caso del Consell de Garanties, los republicanos han puesto sobre la mesa los nombres de los catedráticos de derecho constitucional Mercè Barceló y Enoch Albertí, y Junts impulsa el hasta ahora jefe del gabinete de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve, y la abogada Montserrat Rosell. El PSC, a su vez, propone Laura Díez Bueso, que también proviene del derecho constitucional y había sido adjunta al Síndic de Greuges, así como al constitucionalista Eduard Roig. La presidencia de este organismo, encargado de velar por el encaje de las normas en el Estatut y en la Constitución, se escogerá entre los miembros del Consell –los nuevos integrantes se sumarán a tres más que todavía no tienen el mandato caducado–, pero de acuerdo con las negociaciones este lugar le correspondería a un consejero impulsado por los republicanos. Es decir, Albertí, Barceló o Joan Vintró, que es ya miembro del Consell y, según Nació Digital, es el escogido.

En cambio, la presidencia de la Sindicatura de Comptes, que fiscaliza las actuaciones del Govern en términos económicos, le corresponderá a una persona impulsada por el PSC: Miquel Salazar, economista y miembro del órgano desde el 2013, será el nuevo síndico mayor. Lo acompañarán dos miembros más propuestos por Esquerra –Anna Tarrach, actual directora general de los Presupuestos de la Generalitat, y Josep Viñas, profesor en la Universitat de Girona– y tres promovidos por Junts: el actual secretario general de la Sindicatura, Manel Rodríguez; el diputado Ferran Roquer, y la ex diputada de ERC Maria Àngels Cabasés. El PSC también ha situado a Llum Rodríguez, que actualmente es gerente del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

El hecho de que Tarrach venga del Govern y Rodríguez de la Diputación de Barcelona podría, de entrada, generar dudas para ser miembros de la Sindicatura. Rodríguez ya fue uno de los nombres que los socialistas propusieron para formar parte del Tribunal de Cuentas en la reciente renovación pactada por el PSOE y el PP, pero finalmente acabó fuera. Aun así, fuentes conocedoras de las negociaciones explican que no incurre en ninguna incompatibilidad en el caso de la Sindicatura de Cuentas porque la ley solo veta determinados excargos de la Generalitat. ¿Y en el caso de Tarrach, que ahora es directora general en Economía? Según las mismas fuentes, aunque venga del ejecutivo es compatible con ser parte de la nueva Sindicatura porque actualmente no es miembro del consejo ejecutivo, ni secretaria general de departamento, interventora o alto cargo responsable de la ordenación de pagos y tesorería de la Generalitat –las incompatibilidades que marca la norma–, sino que se encarga de la "preparación" de los presupuestos. En todo caso, todos los miembros propuestos para formar parte de los nuevos organismos pasarán por un hiring en el Parlament para valorar su idoneidad.

Después de este segundo anuncio, solo queda pendiente de conocer los miembros que formarán parte de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), que los partidos prevén anunciar en las próximas horas.

Una vez desbloqueados los nombramientos a través del pacto político, tendrán que ser escogidos por el pleno por una mayoría de tres quintas partes. Estos votos están garantizados por el pacto entre PSC, Esquerra y Junts.