El Govern ve el pacto por el catalán como un "punto de partida", pero se mantiene el desacuerdo

BarcelonaUna de las innovaciones de esta legislatura fue introducir una especie de convivencias de los cargos del ejecutivo para mejorar los engranajes de la coalición. Desde el inicio del mandato de Pere Aragonès se han hecho dos: la primera fue una jornada de trabajo en el Vall d'en Bas el 4 de septiembre y la segunda se ha hecho este sábado en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Lejos de llegar a una situación de calma y buena sintonía, en los dos casos Esquerra y Junts han aterrizado con crisis abiertas. La primera, la ampliación del aeropuerto –posteriormente el Gobierno español acabó retirando el proyecto–, y esta vez, el modelo lingüístico, amenazado por la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa, ha explicado que el ejecutivo considera que el acuerdo al que se llegó el jueves para reformar la ley de política lingüística (y del cual posteriormente Junts se descolgó) es un "punto de partida" y que se tiene que trabajar en "todos los ámbitos" para hacer posible el "máximo consenso". "El catalán es y seguirá siendo la lengua vehicular de la escuela", ha explicado Plaja, además de defender que el ejecutivo busca "todos los mecanismos posibles para apartar a los tribunales de las decisiones lingüísticas". Ahora bien, la portavoz no ha aclarado si tal como está ahora la propuesta de reforma lingüística –que también situaba el castellano como una lengua de aprendizaje sin porcentajes– saldrá adelante.

El Govern ha conseguido pactar el mensaje político para salir de la polémica, pero no ha resuelto el desacuerdo de fondo sobre cómo responder a la sentencia del 25% en castellano –el plazo para hacerlo se acababa el viernes y de momento Cambray ya ha enviado la propuesta de reforma–. En cualquier caso, los dos socios sí que han intentado rebajar el clima de tensión de los últimos dos días y las dos partes del Govern expresan la necesidad de construir el "consenso" para "defender el catalán". Según fuentes consultadas, ayer el president, Pere Aragonès, mantuvo conversaciones con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, para intentar rehacer la situación y han limado diferencias. El objetivo es negociar cambios en la propuesta de reforma de la ley de política lingüística que puedan satisfacer a Junts y a las entidades prolengua, que no han avalado públicamente el acuerdo, y que a la vez mantengan al PSC dentro del consenso. Tienen que lograr, en definitiva, la cuadratura de un círculo.

El jueves los grupos parlamentarios registraron la proposición de ley por la vía de urgencia y para que se tramite para lectura única –en un solo pleno–, pero se podrían hacer cambios a través de la presentación de enmiendas. Es esta vía la que se utilizaría para modificar la propuesta inicial en caso de que se llegara a un nuevo acuerdo. En este sentido, también tendrán un papel clave entidades como Òmnium o Plataforma per la Llengua (PxLL). A diferencia de PxLL –que ayer viernes dijo que la reforma podía abrir la puerta a un retroceso del catalán–, Òmnium Cultural no se ha posicionado explícitamente en contra (tampoco a favor) de la propuesta de reforma de política pingüística. Lo que defiende ahora Òmnium es encontrar un "consenso" en el marco del Pacte Nacional per la Llengua.

Aragonés convocará la consulta sobre los Juegos la semana que viene

Por otro lado, Patrícia Plaja ha anunciado que la semana que viene el president Pere Aragonès convocará la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno a pesar de que no ha aclarado qué comarcas votarán. Esquerra mantiene que tienen que votar las seis comarcas del Alt Pirineu, mientras que Junts quiere ampliarlas hasta nueve –con el Berguedà, el Solsonès y el Ripollès–. Esta será una de las claves que los socios tendrán que resolver en los próximos días, antes de que el president convoque la votación. La portavoz también ha confirmado el "acuerdo técnico" con Aragón para decidir dónde se harán las pruebas, sobre el que se explicarán detalles la semana que viene. Ahora bien, el Gobierno aragonés de momento niega que esté cerrado.

El ejecutivo ha empezado la segunda edición de las jornadas de trabajo a las nueve y media, y han participado todos los consellers y también los secretarios generales de los departamentos. La mañana la han dedicado a escuchar a una mesa de tres expertos, moderada por Plaja, sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania: estaba la investigadora del CIDOB Carmen Claudín; el coordinador de Cruz Roja, Enric Morist; el ingeniero agrónomo Pep Salas, y el miembro de la organización internacional Asociación por el Control y la Auditoría de los Sistemas de Información (ISACA) Ramsés Gallego. Después de este punto, los consellers y los secretarios generales abordarán el seguimiento de plan normativo previsto por el ejecutivo en esta legislatura hasta las seis de la tarde.