Guerra en la burocracia: los ocho trámites que el Gobierno quiere agilizar
Se trata de ámbitos que tuvieron más de 650.000 solicitudes el pasado año
BarcelonaAhora mismo, si un ciudadano quiere comprarse un coche eléctrico o instalarse un punto de recarga en casa tardará, en promedio, dos años y seis meses en recibir la ayuda de la Generalitat. Pero existen ayudas muchas más esenciales, como el reconocimiento de la situación de dependencia o del grado de discapacidad, que la administración tarda casi un año en resolver. Con la voluntad de reducir el tiempo de espera, el Gobierno activó un plan de choque en noviembre para agilizar los diez trámites con mayor impacto entre la ciudadanía, con más de 650.000 solicitudes sólo el año pasado. De ellos, ocho están en fase de remodelación con medidas implantadas y que ya han dado los primeros frutos, según el ejecutivo catalán.
Todo ello forma parte del programa Catgirem, que incluirá el rediseño de 170 trámites, y que se realiza en el marco de la reforma de la administración que impulsa el ejecutivo de Salvador Illa. Todos estos cambios han sido trabajados conjuntamente por el departamento de la Presidencia; el de Derechos Sociales; el de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; el de Educación y Formación Profesional, y el de Investigación y Universidades.
¿Pero cuáles son estos ocho trámites en los que ya se está actuando con resultados visibles —siempre según dice el Gobierno—? Las ayudas por la compra de coches eléctricos o el uso de renovables, que ejemplifica hasta qué punto tardan en llegar las subvenciones, es uno de los trámites en los que se ha hecho hincapié para revertir la demora. La contratación de unos ochenta profesionales y la automatización de mecanismos en la gestión administrativa debería permitir otorgar todas las ayudas pendientes este mes de octubre y reducir el plazo de pago a sólo seis meses.
En el caso del reconocimiento del grado de discapacidad, el objetivo es reducir el trámite a 120 días, y en el caso de la dependencia, a 90. En el primero, a finales de año había 165.000 solicitudes de valoración pendientes, y en el segundo, casi 60.000. Albert Dalmau, consejero de la Presidencia, quien lidera esta reforma, considera que ante este escenario sólo había dos alternativas: "Colapso o reforma. Y nosotros decimos: guerra en la burocracia para acabar con la montaña de expedientes que se acumulan en los despachos de los departamentos". Dalmau no se muerde la lengua a la hora de criticar que los trámites están "sobrecargados de normas" y expone que el objetivo del programa es "reducir el embudo este año y entrar en profundidad en la simplificación de los trámites el próximo año".
Para evitar este colapso, a finales de año se implantará un simulador para la ciudadanía que debería permitir descartar casos que no cumplan los requisitos y así reducir las solicitudes entrantes. Mientras, se han eliminado algunos de los requisitos que hasta ahora eran necesarios para poder optar a la subvención. Ahora ya no es necesario aportar, por ejemplo, en el caso de la dependencia, el informe médico del sistema sanitario público gracias a la implantación de un visor que facilita su gestión.
Los demás trámites revisados
También del área de Derechos Sociales cuelga una de las ayudas en las que el Gobierno está poniendo toda la carne en la parrilla. Se trata de lo que hace referencia a la pensión no contributiva por invalidez o jubilación, en la que sólo un 22% de solicitudes se tramitan online. Con el rediseño del trámite, se reducirá un 18% el tiempo de resolución gracias a la automatización, al tiempo que se reducirá el número y el importe de los expedientes de pagos indebidos con un sistema de avisos de defunciones. La renta garantizada de ciudadanía es otro trámite de este departamento en el que se está trabajando y que ha permitido que se reduzcan en un 20% las más de 70.000 solicitudes sobre la mesa. El último es el de los títulos de familia monoparental y numerosa. Con una media de resolución de 20 y 30 días respectivamente, que el departamento reconoce que es adecuada, se han introducido mejoras que consisten en reducir las atenciones presenciales o la petición de documentos.
Los dos últimos trámites no son de carácter social, sino formativo. La homologación y la convalidación de los estudios extranjeros no universitarios era una queja recurrente tanto entre los recién llegados como entre la gente nacida aquí que se marcha fuera a estudiar y vuelve. La contratación de una veintena de profesionales ha permitido, según el Gobierno, resolver 9.000 expedientes de los 16.000 pendientes de validación entre 2022 y 2025. Las principales novedades para recortar plazos han sido la activación de una plataforma corporativa y de una credencial electrónica de homologación que ahorra. Las ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes es el otro cuello de botella en el ámbito educativo en el que se están impulsando cambios para bajar los más de 200 días de media de resolución.
La opción de los decretos ley
El Govern no renuncia a aprobar a decretos ley para profundizar en la reforma de la administración como el que se aprobó en abril en materia de contratación pública y que amplía la capacidad de los departamentos de contratar directamente obra pública para ganar agilidad y eficiencia en la ejecución de inversiones. "No renunciamos a ello, pero mientras tanto no podemos mantener el colapso", afirma Dalmau para defender la necesidad de impulsar estas reformas. "Es un clamor de la ciudadanía que no es sostenible dedicar más tiempo a llenar papeles que a trabajar", concluye el conseller.
