"Hablemos en la calle": tensión en el Parlament por la luz verde en el cuerpo de acción exterior de la Generalitat

BarcelonaEl Parlament ha aprobado la ley para crear el cuerpo de acción exterior y la Unión Europea de la Generalitat. Una iniciativa de ERC que, de hecho, venía de la anterior legislatura con el Gobierno presidido por Pere Aragonès, y que ha salido adelante este miércoles, con el aval del PSC, Comuns y CUP. Por su parte, Junts y Aliança Catalana se han desmarcado con una abstención y tanto Vox como el PP han manifestado un rechazo frontal. Incluso la derecha y la extrema derecha españolista han protagonizado un debate convulso y ha habido un fuerte rifirrafe con graves acusaciones cruzadas entre populares y republicanos.

La proposición de ley ha añadido una disposición para crear un cuerpo de funcionarios adscrito al departamento de Acción Exterior y Unión Europea para desarrollar sus competencias. También establece el proceso de selección por concurso público para los miembros de este cuerpo, los requisitos profesionales y de conocimientos necesarios y sus funciones. Este cuerpo se extenderá a todas las consellerias en un trabajo transversal de la acción exterior inherente en todas ellas. En concreto, el cuerpo pretende reforzar la proyección del Principado y las relaciones del Gobierno con otros ejecutivos y organismos internacionales, por lo que también quiere atraer y retener talento en el campo de las relaciones internacionales del país.

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha defendido en el pleno la larga "reivindicación" de su partido para que se pueda dar un salto adelante en la acción exterior con un cuerpo que dé "apoyo a todas las entidades y la ciudadanía que tienen relación con el mundo". Precisamente, ha sido el republicano quien ha tenido un fuerte enganche con el PP y Vox, después de que estos partidos hubieran cargado con dureza contra la propuesta que "erosiona al Estado" e, incluso, tildado de cabeza de una "banda de delincuentes" expresidentes como Carles Puigdemont -según el diputado ultra- Manchón. Albert ha estallado: "Vive mucho mejor cuando hay autoritarismo", ha dicho, para añadir que modelos como la dictadura de Miguel Primo de Rivera les eran más cómodos.

Unos modelos que, a su juicio, quieren que ERC no tenga "voz" o que ni siquiera exista el Parlament, y que optan por "la cárcel" o "la muerte" cuando hay disidencias. Esto ha escandalizado a la bancada del PP, con quejas de Manchón y del portavoz, Juan Fernández, que han negado las acusaciones de ser un partido "antidemocrático" e, incluso, han denunciado "la actitud de pincho" de Albert. "El diputado se ha dirigido a un diputado de mi grupo y ha dicho que, si no estaba de acuerdo, saliera a la calle a hablar con él", espetó Fernández. Asimismo, afirmó que "quizás ERC debe dar más explicaciones de lo que ocurrió hace 50 o 60 años". El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recordado que existe la vía de la comisión del Estatuto de los Diputados si hay comportamientos inadecuados de representantes electos.

Del matiz al rifirrafe

El PSC ha dado el visto bueno con una intervención del diputado Alberto Bondesio, que ha asegurado que es necesario "disponer de un cuerpo funcionarial con base, concurso y oposición para seleccionar personas". Ha coincidido el diputado de Comunes Andrés García Berrio, quien ha añadido que es necesario "reforzar la negociación colectiva" con este personal de un cuerpo que servirá para "fortalecer las políticas de cooperación". Pese a las críticas al modelo económico inherente al funcionamiento, la representante de la CUP, Laure Vega, también ha bendecido la ley.

En cambio, Junts ha criticado la forma de hacer del Govern. El diputado juntero Francesc de Dalmases ha dicho que están "sorprendidos" por cómo ha ido el proceso de la iniciativa: "Así no se hacen las cosas, ni siquiera hemos podido hablar", se ha quejado. Según su criterio, "es muy importante la creación de un cuerpo exterior", pero no quieren ser "cómplices de la mediocridad" y lamentó la falta de "ambición nacional", al servicio de quienes quieren "pasar página del 1-O". Por su parte, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, también criticó la ley por "blanquear el autonomismo".