Desde la Lliga a la UGT, pasando por 21 internos de Lledoners: todas solicitudes de indultos para los presos

BarcelonaEl Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en contra de la conveniencia de otorgar indultos a los presos políticos. El alto tribunal responde de este modo a una batería de solicitudes que van desde la Lliga Democrática hasta el sindicato UGT, pasando por 21 internos de Lledoners, Fundesplai y los ex presidentes del Parlament. En total se han presentado doce y el tribunal las rechaza todas –la última palabra la tiene el gobierno español– y, además, se queja tanto de la redacción de las peticiones como de la nula predisposición de los presos a colaborar con el Tribunal (la mayoría se negaron a responder sobre los indultos cuando se les pidió). "Sitúa a los penados en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que se tiene que esperar de quien aspira a ser indultado", afirma el tribunal en el informe.

El Supremo reprocha a los solicitantes del indulto la finalidad con la cual han hecho la petición, y lamenta que critiquen la sentencia del 1-O. "El indulto no puede presentarse como último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales", explicita, y les reprocha que hagan "una crítica jurídica" a las condenas y lleguen "a cuestionar los presupuestos que hagan legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional".

La sala que preside Manuel Marchena critica que no se mencionen razones de "equidad y justicia", por las cuales se tiene que conceder el indulto, sino que haya un "argumentario" para acabar con la responsabilidad penal de manera "colectiva, solidaria y compartida". También se queja de que el trato de los presos por parte de las instituciones penitenciarias haya sido, hasta ahora, siempre conjunto, sin atender la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos. "Se ha alimentado una ficción de un sujeto colectivo que sería titular del derecho a la progresión en grado y, a la vez, del derecho al indulto", lamenta el tribunal en el informe. Aun así, a pesar de quejarse de esto, su respuesta al indulto tampoco ha sido particular para cada encarcelado.

En las primeras páginas del documento emitido por el Tribunal Supremo se hace referencia a doce comunicaciones de solicitudes de indultos, unas que solo afectan una parte de los presos políticos y otros a la totalidad de condenados por el 1 de Octubre.

Petición de particulares

La primera petición de indulto fue registrada en diciembre de 2019 por el letrado Francesc Jufresa. No ha sido el único ciudadano particular al presentar un escrito al Supremo: también lo han hecho Jordi Miralda Iñigo (como Jufresa, pidiendo la medida de gracia para todos los condenados) y Juan Andrés Arnáiz Cabezas, que excluye a los ex consellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila (los que no han tenido que cumplir penas de prisión).

En el primer caso, el argumento principal –que relata y rechaza el Supremo– es la vulneración de derechos fundamentales. Jufresa justifica la medida de gracia por la falta de competencia del Supremo, la ausencia de una doble instancia o la falta de imparcialidad de algunos magistrados que dictaron la sentencia. Arnáiz Cabezas, a su vez, destaca que él no es independentista, pero cree que las penas son "exageradamente duras" y que los "sentimientos cristianos son los del perdón y la misericordia".

En cuanto a Miralda Iñigo, argumenta que es un perjudicado indirecto de la sentencia, basándose en el derecho de participación política de la Constitución. "En la actualidad existe una situación de anormalidad democrática en Catalunya, que solo puede ser superada mediante un indulto que permita a los penados poder ser elegidos por sufragio universal", relata el Supremo sobre los argumentos de esta petición, que también niega.

Petición de partidos minoritarios

También ha registrada una solicitud de la Lliga Democràtica de Catalunya, que lidera la politóloga Astrid Barrio, así como del partido Justicia Económica y Social, representado por Sergio Querol Bertran –que excluye a Borràs, Mundó y Vila–. Son dos partidos que hoy por hoy no tienen representación parlamentaria.

La Lliga defiende que hay motivos de conveniencia pública e interés social, basadas en "la necesidad de restablecer la convivencia y la reconciliación entre catalanes, para contribuir así a cerrar una etapa que se ha caracterizado por un alto nivel de confrontación y conflicto existentes en la sociedad catalana". Aun así, el partido reconoce la dificultad que supone conceder el indulto mientras los independentistas dicen que "lo volverán a hacer" –en alusión al 2017–, pero no lo ven un obstáculo "insalvable". ¿Por qué? "En los precedentes se demuestra que las acciones de los condenados tenían un fuerte elemento de fabulación ahora claramente percibido por la sociedad catalana", concluye la Lliga.

Por su parte, el partido Justicia Económica y Social justifica los hechos del 2017 porque los electos estaban bajo una "fuerte presión popular" antes de la declaración de independencia y piden el indulto porque Catalunya lleva un tiempo de inestabilidad, también a raíz de la pandemia del coronavirus . A su parecer, una medida de gracia ayudaría a reducir "los conflictos".

Petición para presos individuales

Más allá de las solicitudes conjuntas, hay peticiones individuales para Jordi Turull (Fundació Catalana de l'Esplai), Oriol Junqueras (21 internos de Lledoners), Carme Forcadell (los expresidentes del Parlament) y Dolors Bassa (UGT). En el caso de Turull, Forcadell y Balsa, el argumento más destacado es el arraigo social y su situación familiar, además de una vida dedicada al "voluntariado". Una cuestión que tumba el Supremo respondiendo que estos no pueden ser los motivos para dar un indulto: "Si esto fuera así el cumplimiento efectivo de la pena de prisión quedaría reservado, con carácter exclusivo, a aquellos ciudadanos que por desarraigo, por su familia desestructurada o por su inadaptación al entorno social no fueran merecedores del indulto".

En el caso de Forcadell, sin embargo, también hay una defensa política. Los expresidentes de la cámara dicen: "La señora Forcadell cumplió con su función de presidenta de la cámara. Literalmente nos atrevemos a afirmar que no podía hacer otra cosa para ser fiel a sus funciones formales". En el caso de Junqueras los internos de Lledoners opinan que el delito de sedición está "desfasado".