El juez pide información a doce bancos para rastrear los pagos del PSOE vinculados al caso Leire

Santiago Pedraz reclama datos sobre 81 cuentas bancarias: 6 son de los socialistas, 62 son de Ismael Oliver y de su bufete de abogados y 11 están vinculados a Gaspar Zarrías

31/07/2026 - 15:20 h.

MadridEl juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz quiere profundizar en la sospecha de que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como fontanera del PSOE de manera encubierta. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y los saldos de 81 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, hay 62 de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once vinculados con Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y una de Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados de Santos Cerdán.

“No se puede descartar que los cruces entre las diferentes cuentas puedan aportar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectuados, pero que no se han podido acreditar”, argumenta el juez, haciéndose suyas las palabras de las dos fiscales. En un primer momento, Santiago Pedraz paró los pies a la Unidad Central Operativa (UCO) y la instó a indicar las cuentas “concretas” en las que Leire Díez habría recibido dinero para rastrearlas específicamente. Ahora bien, la UCO justificó que era necesario “evitar una limitación prematura” y el magistrado ha acabado accediendo.

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En un escrito al que ha tenido acceso el ARA, la Fiscalía Anticorrupción explica cuál es su tesis: “Para articular estos pagos sin revelar el ordenante, se habrían utilizado sociedades de los investigados con el presumible concierto de la gerente del PSOE”, relata. A pesar de que inicialmente también se opuso a las pretensiones de la UCO, ahora reconoce que es adecuado viendo que existía un “complicado sistema de apoyo económico” y después de que se haya descubierto un “solapamiento y ocultación de determinados pagos”. El abogado Ismael Oliver y Ana María Fuentes –la gerente del PSOE– tendrán que declarar como investigados el miércoles 9 de septiembre.

¿Qué pagos fueron?

El juez pone la lupa en las cuentas bancarias de tres personas que, según la Fiscalía, formaban parte del “impulso” y el “soporte intelectual y financiero” de Leire Díez, junto con Santos Cerdán, que en aquel momento era el número tres del PSOE. En primer lugar, entre mayo y septiembre de 2024, Leire Díez recibía una retribución de 4.000 euros de Zaño Consultora, la empresa de Gaspar Zarrías. El coste total de su contratación eran 7.505 euros, que es la cantidad exacta que el PSOE pagaba a la empresa. Pero la sospecha es que servía como empresa pantalla. En cambio, la defensa de Gaspar Zarrías denuncia que está implicado en la causa “únicamente por haber dado trabajo” a Leire Díez.

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Posteriormente, el PSOE habría activado una nueva operativa para hacer llegar el dinero a Leire Díez a través de facturas de consultoría a dos abogados, que ahora están investigados: Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Primero, Leire Díez recibió 27.225 euros del despacho de Ismael Oliver: “Consta perfectamente trazado el flujo del dinero”, dice la Fiscalía. Más tarde, Jacobo Teijelo recibió 125.000 euros del PSOE que –según el ministerio público– estaban destinados a pagarle a él y podrían ser el “vehículo” para retribuir a Leire Díez, a pesar de que “no se han llegado a acreditar los pagos” de él a ella. Cuando declaró, explicó que el PSOE lo contrató para que estudiara qué podría pasar con las causas del entorno del partido.

Una petición “prospectiva, absurda y sin fundamento”

Hay una primera reacción inmediata a esta petición. En un escrito al que ha tenido acceso el ARA, Gaspar Zarrías reprocha al juez que ha dado luz verde a una diligencia “prospectiva, absurda y sin fundamento” que va más allá de lo que sería necesario porque extienda el escrutinio a unas cuentas que “no están relacionadas” con los hechos: “Busca sencillamente mirarlo todo a ver si encuentro alguna cosa”, lamenta.