La Audiencia Nacional frena los terceros grados de los presos de ETA

MadridQuince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada, los presos de ETA vuelven a ser de actualidad porque los regímenes de semilibertad han enfrentado durante los últimos meses al gobierno del País Vasco con la Fiscalía y la Audiencia Nacional. A lo largo de 2026, dos jueces de vigilancia penitenciaria han revocado cinco decisiones del ejecutivo que comparten el PNB y el PSE. La justicia ha puesto especialmente en duda las prisas a la hora de otorgar regímenes del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que sirve para que un preso salga de la cárcel para llevar a cabo un programa específico de tratamiento que vaya encaminado a su reinserción; o terceros grados, que permiten hacer vida fuera de la cárcel y volver solo para dormir.

Fue el 1 de octubre de 2021 cuando el País Vasco asumió las competencias en prisiones después de que se las transfiriera el gobierno español. En casi seis años, y según el último informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el gobierno vasco ha otorgado 122 terceros grados a presos de ETA: se han beneficiado 97 personas y se han vuelto a dar 25 tras revocaciones por parte de la Audiencia Nacional. De hecho, la política penitenciaria vasca quiere “potenciar” abiertamente el régimen de semilibertad y establece que habrá que “justificar” por qué un preso no progresa a régimen abierto.

“Prematuro y precipitado”

Uno de los que se ha quedado sin poder salir de la prisión ha sido Juan Ramón Carasatorre, condenado a un total de 130 años y responsable del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián. El juez de vigilancia penitenciaria admitió que había experimentado una “evolución positiva”, pero le revocó el 100.2 porque aún no había disfrutado de permisos. Pese a este revés, dos meses después, el gobierno vasco le volvió a conceder.

A Maria Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, la Audiencia Nacional también le retiró el 100.2 porque tampoco había tenido ningún permiso y se quejó de que las prisas provocaban que se acabara echando marcha atrás: “Esta disfunción no beneficia a nadie. A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas, un desasosiego innecesario”. Además, pidió que los recursos de la Fiscalía –como pasa con los terceros grados– suspendan automáticamente la salida de la prisión: “El sentido común aconseja esperar la decisión judicial”.

En el caso de Óscar Celarain Ortiz, que acumula condenas de más de 900 años de prisión, el gobierno vasco apreció una progresión “favorable” para darle el tercer grado, pero el juez de vigilancia penitenciaria consideró que era “prematuro y precipitado”. La Fiscalía había alegado que había tenido el régimen del 100.2, que es el paso previo, durante un tiempo “escacísimo”. En el recurso contra el tercer grado de Olarra Guridi, que también fue revocado, el ministerio público subrayó que en condenas por terrorismo era necesario que hubiera “tiempos prolongados de verificación” para comprobar la evolución del preso: “Debe acreditarse a través de una trayectoria sostenida en el tiempo”, recalcó.

Discrepancias entre las víctimas y el gobierno vasco

Las decisiones del gobierno vasco han sido enmendadas de raíz por la justicia, que le ha reprochado la excesiva velocidad, pero también han levantado los recelos de las víctimas. La AVT cree que el gobierno vasco pretende “vaciar las cárceles” antes de que los presos “cumplan íntegramente” las condenas. Y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) considera que es una “amnistía encubierta” que “disfraza de reinserción” lo que realmente son “excarcelaciones encubiertas y fraudulentas”.

Por su parte, el líder del PNB, Aitor Esteban, reconocía hace unos meses en El Correo que está habiendo un “impulso” por parte del gobierno vasco para “normalizar la situación” y acabar con lo que cree que es una “piedra en el zapato” para la izquierda abertzale. “Tampoco creo en la venganza”, añadía. En términos parecidos se ha pronunciado recientementela consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, que defiende que “el único objetivo” es “restablecer la convivencia” en el País Vasco. El ejecutivo defiende que cumple la ley, pero COVITE considera que “traiciona su espíritu” y que usa una “apariencia de legalidad” para “desnaturalizarla”.

Las cartas de arrepentimiento de los presos

“Ojalá todo este mal que les he causado nunca hubiera tenido lugar”, decía Juan Ramón Carasatorre en su carta de arrepentimiento. Es uno de los argumentos que utilizan los presos de ETA cuando piden salir de la cárcel. Y también muestran un “firme compromiso” por las “vías de diálogo”, como hizo Anboto: “Expreso mi renuncia a la utilización de la violencia”.

Ahora bien, las víctimas lo encuentran insuficiente. COVITE cree que estos escritos son “puramente instrumentales” y “han vaciado de contenido” el requisito del arrepentimiento: “Es un insulto que se nos exija un acto de fe”, lamentaba la presidenta de la entidad, Consuelo Ordóñez, que reclamaba un arrepentimiento “público, claro y avalado por hechos”. Pese a estas dudas, Inés Soria, asesora del departamento de Justicia del gobierno vasco, respondía a El País que la ley “no exige” que el reconocimiento sea público: “Todo lo que hagan en esta dirección es bueno”.