Imputan 15 personas por el escándalo de la vivienda protegida de Alicante

ValenciaLa jueza que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante ha citado a declarar a 15 personas en calidad de imputados y a siete como testigos. Entre los investigados se encuentran la exconcejala de Urbanismo de la ciudad Rocío Gómez; la jefa del Servicio de Contratación del consistorio, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal, Francisco Nieto; el administrador único de la cooperativa promotora, Francisco Ordiñana, y el jefe de la sección de Vivienda Protegida de la conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Roberto Palencia. Los cinco deberán comparecer el 20 de mayo.

Las citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y suponen el primer gran paso de la instructora en un caso que investiga una promoción inmobiliaria que ha beneficiado hasta a cinco cargos del PP, a varios empleados del consistorio y a la Generalitat. Además, se suma la circunstancia de que en el edificio residen más de una decena de familias con varios miembros a los que se han concedido pisos. Entre ellos se encuentran, incluso, tres hermanos y dos primos con edades de entre 18 y 24 años; un dato que llama especialmente la atención, dado que los primeros trámites del proyecto se remontan a 2018, lo que habría obligado a inscribirlos con 14 o 15 años. En cuanto a los otros 10 investigados, se trata de algunas de las personas beneficiarias de las viviendas. En este caso están citadas a declarar el 5 de junio.

Antes que las personas imputadas, deberán comparecer los siete testigos. Lo harán el 8 de mayo. Son, por parte de la conselleria de Vivienda, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Residencial, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Y por parte del Ayuntamiento de Alicante, también deberán declarar la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de este servicio y el arquitecto jefe del departamento técnico de Control de Obras.

Un informe elaborado por la Policía Local de Alicante a instancias del juzgado que investiga el caso reveló que en hasta 46 de las 140 viviendas del inmueble bautizado como Les Naus no hay personas empadronadas, y que en muchas otras hay un residente censado pero "más personas" viviendo allí. El documento también recoge que 12 personas no adjudicatarias residen en seis pisos. Incluso, señala que hay 26 buzones con una apariencia descuidada, con abundante publicidad sin recoger, circunstancia que apuntaría al hecho de que las viviendas están vacías. Todos estos datos indicarían posibles infracciones, porque la normativa para la concesión de los pisos obliga a incluir la documentación de todos los convivientes, exige que el piso adjudicado sea utilizado como primera residencia y estipula que los ingresos anuales de la unidad familiar no deben superar los 54.600 euros anuales según el nuevo límite fijado por el PP –anteriormente era de 48.000.

Pisos para cinco cargos del PP

Los detalles aportados por la policía se suman a los hechos que destaparon la polémica: que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, fue beneficiaria de un piso; que tres pisos más fueron a parar a los dos hijos y al sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; que dos más fueron para el arquitecto municipal Francisco Nieto y la esposa del jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que otro recayó en la mujer del técnico de la conselleria de Vivienda que validó los expedientes. 

Fruto del escándalo, ya han dejado el cargo Gómez, Pérez-Hickman y Sánchez. Además, se ha expedientado a dos arquitectos municipales y a un técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante. No es el caso del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que se ha negado a dimitir y a quien Vox ha evitado la reprobación.