Regularización de migrantes

Junts denunciará en Europa la "marginación" del catalán en la regularización de migrantes

El partido también critica que la medida del gobierno español está provocando un "grave colapso" de los ayuntamientos

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, acompañada de diputados y senadores del grupo
ARA
17/04/2026
2 min

BarcelonaTras reclamar el endurecimiento de los criterios para la regularización extraordinaria de migrantes en España, Junts da un paso más contra la medida que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez y de la que se beneficiarán medio millón de personas. El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que llevará la regularización a Europa porque "ignora el requisito de conocer el catalán". La formación ha encargado a su departamento jurídico que prepare "la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración", según ha detallado este viernes en un comunicado.

la lengua "se tuviera en cuenta" para este trámiteAsimismo, los juntaires acusan al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber "engañado" a los catalanes por haber dicho que quería que el catalán fuera "requisito" cuando los migrantes regularizados afronten la primera renovación del permiso de residencia. El Govern, en realidad, solo propuso que la lengua "se tuviera en cuenta" para este trámite. Pero los juntaires disparan: "[El ejecutivo] Vuelve a demostrar que la existencia de una consejería de Política Lingüística es solo pura fachada y que acuerdos como el Pacto Nacional por la Lengua son papel mojado".

Los de Carles Puigdemont también denuncian en su comunicado que la regularización está provocando un "grave colapso de los servicios municipales" en Cataluña. "Externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos, que se encuentran desbordados, sin financiación y capacidad administrativa para abordar este proceso con garantías", critican, y anuncian el inicio de una "ofensiva política e institucional" para "revertir" los problemas que señalan en la regularización, incluyendo "acciones legales" en Europa, aunque no concretan cuáles.

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