Lérida/Lleida, Gerona/Girona: la cruzada de Vox contra los topónimos catalanes

BarcelonaDevolver a los nombres castellanos a todos los municipios de España. Es uno de los hitos que hace tiempo que se marcó Vox, que sigue insistiendo con iniciativas como la que recientemente intentó aprobar en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, la mayoría plurinacional –y la abstención del PP– siempre le ha detenido los pies, pero la extrema derecha no desfallece. La última iniciativa pretendía que Catalunya y Galicia imitaran el camino de la Comunidad Valenciana o Navarra, que tienen la doble toponimia. Vox presentó, en mayo del 2024, una segunda la proposición en la que dicen que la toponimia se ha convertido en un "campo de batalla" y una "herramienta para construir discursos con fines políticos". Por eso pedían una regulación de las leyes estatales que "han borrado del ordenamiento jurídico topónimos castellanos de amplio uso como Gerona u Orense". En el texto, los ultras afirmaban que "este intento de aniquilación de la lengua" va en contra del artículo 3 de la Constitución española. En este sentido, ¿la toponimia en lenguas vernáculas va en contra de la carta magna?

La toponimia –como también la antroponimia en el caso de las personas– defiende el nombre de las localidades. No sólo son palabras para designar cosas, son "unidades mínimas de identidad", explica el filólogo Gerard Furest y Dalmau, quien subraya que estos nombres "hablan de la historia y la cultura de un territorio, y lo hacen único e intransferible" . Furest recuerda que una de las prácticas históricas de los totalitarismos y el colonialismo para pervertir el lenguaje ha sido sustituir a los nombres para quitar la identidad de un pueblo: "Cambiar el nombre es modificar la identidad, o como mínimo, violentarla". Lo ejemplifica con casos recientes como los de la Catalunya del Nord, donde encontramos topónimos afrancesados ​​para que no suenen catalanes, como Perpiñán. Para él, sustituir un nombre es una forma de "borrar la memoria de un pueblo". Furest valora que el objetivo de Vox con su iniciativa –y del PP con su abstención– es homogeneizar la cultura, y ello deriva en un "lingüicidio". Considera que establecer el bilingüismo supone un ataque por la lengua cooficial, puesto que debe tener "ámbitos exclusivos para que no acabe en desuso".

La politización de los nombres propios

En la última campaña electoral catalana se escuchó Salvador Illa hablando de Lérida y de Bajo Llobregat cuando traducía sus palabras al castellano, algo que él mismo definió como lapsus. Sin embargo, no es habitual que, más allá de Vox, los políticos catalanes castellanicen los topónimos catalanes. El PP no hizo bandera y tampoco lo había hecho Ciutadans, abanderado del bilingüismo, cuando era el partido referente de la derecha españolista. Pero Vox ha llegado para romper consensos, de acuerdo con Joan Miró, politólogo de la Universidad Pompeu Fabra. Los ultras "han politizado la cuestión", aunque ellos acusan a los partidos nacionalistas del mismo, opina Miró, quien también considera "un poco perverso" que se apele al artículo 3 de la Constitución, porque éste mismo dice que el catalán, el vasco y el gallego son "objeto de especial respeto y protección". Por otra parte, Miró encuentra una "absurdidad" que en la proposición de Vox se diga que existe un riesgo de que las nuevas generaciones no lleguen a conocer los topónimos castellanos, porque "no es ilegal que la gente utilice el topónimo que quiera, que es sólo una cuestión administrativa".

A pesar de los intentos de Vox, los topónimos en las lenguas propias se mantendrán como la única referencia oficial para las localidades con nombres en catalán, gallego o vasco.