La amnistía es constitucional... pero, ¿y ahora qué?

MadridEl Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el encaje de la ley de amnistía en la Carta Magna este jueves por seis votos a cuatro: la mayoría progresista se ha impuesto a los cuatro magistrados conservadores, que emitirán un voto particular. La norma quiere acabar así con las consecuencias penales del Proceso, pero esto no comportará una aplicación inmediata de la ley a los líderes del 2017, entre ellos, el expresidente Carles Puigdemont todavía exiliado. Hay que tener en cuenta que la decisión del alto tribunal avala al conjunto de la norma de forma general, respondiendo al recurso que interpuso el PP, pero no entra a valorar cómo debe aplicarse en los casos concretos. Según los datos de la sindicatura de la amnistía de Òmnium, en su informe del 30 de mayo, quedan 48 casos de concesión de amnistías pendientes de cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el TJUE, mientras que en 75 casos no constaba la respuesta judicial y en más de 300 no se había tramitado.

Recursos de las autonomías

Y es que al TC, con ese primer veredicto, no se le acaba el trabajo, al contrario. Es sólo el primer paso de una tarea que puede alargarse hasta finales de año. Finalizado el recurso del PP, debe abordar los de las comunidades autónomas que también impugnaron la ley de amnistía: se trata de un total de quince. Hay catorce recursos impulsados ​​por las autonomías gobernadas por el PP y otro por Castilla-La Mancha, presidida por el socialista crítico con Pedro Sánchez, Emiliano García Page.

Esta deliberación, sin embargo, ya sería el mes de septiembre. En cualquier caso, el resultado de estos recursos es previsible después de que el Constitucional ya haya avalado el encaje de la ley en la carta magna a raíz del recurso del PP.

Cuestiones de inconstitucionalidad

No será hasta que el Constitucional comience a abordar las cuestiones de inconstitucionalidad –hay un total de cuatro– que afectará a casos individuales. Los magistrados tendrán que resolver las preguntas que varios tribunales han elevado sobre casuísticas concretas a la hora de aplicar la ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya elevó un total de tres. La primera afecta a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la exconsellera Natàlia Garriga por el rol que tuvieron en el sottogobierno en 2017. Están investigados por delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. El TSJC consideró que eran amnistiables, pero tuvo dudas en relación a la malversación, ya cuestionada por el Supremo. En este sentido, en la resolución de este recurso, sí que el Constitucional podría ya pronunciarse sobre la cuestión de la malversación (que indirectamente afecta a Puigdemont). Sería la primera vez, puesto que en la resolución deliberada esta semana no dice nada: no se ha puesto porque el PP no lo impugnó en su recurso.

También el TSJC ha elevado preguntas al TC antes de decidir sobre si amnistía el expresidente Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, en ambos casos por un delito de desobediencia por no descolgar lazos amarillos de edificios institucionales. También el Tribunal Supremo elevó una cuestión de inconstitucionalidad por un caso de desórdenes públicos agravados en Girona durante las protestas de la sentencia del Proceso en 2019.

Recursos de amparo

Los recursos de amparo serán los últimos que abordará el Constitucional, pero son los claves para la amnistía efectiva de los líderes del Proceso. Este mismo miércoles el Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que habían interpuesto el expresidente Puigdemont y el exconseller Toni Comín, por lo que ya tienen vía libre para presentar sus recursos de amparo en el TC. Es lo que ya ha hecho el exconseller Lluís Puig –que no presentó incidente de nulidad en el Supremo– y también los exconsejeros Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, que han acudido al TC ante la decisión de la sala penal de no aplicarles la ley de amnistía porque consideran que la malverse.

Ahora bien, aunque el Constitucional les diera la razón, el balón después volvería a acudir al Tribunal Supremo que, en última instancia, debe decidir si los libera de responsabilidades penales. En este punto, se especula con una opción: que el Supremo eleve una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) que cuestionaría la sentencia que pueda hacer el TC y retrase aún más la aplicación de la amnistía. Un extremo que el letrado de Puigdemont ha intentado torpedear ya con los procedimientos abiertos en el TJUE: ha pedido que se acumulen todas las preguntas que tienen que ver con la amnistía y que Luxemburgo debe resolver antes de acabar el año.

El regreso de Puigdemont

En definitiva, de lo que diga el TC sobre los recursos de amparo y del pronunciamiento posterior del Supremo depende, por un lado, el retorno del expresidente Carles Puigdemont a Catalunya después de más de siete años de exilio y, por otro, que los expresos políticos como Oriol Junqueras y Jordi Turull puedan presentarse de pleno derecho en unas elecciones. Cuestiones que hasta ahora la sala penal del Supremo se ha conjurado en impedir. En declaraciones a Catalunya Ràdio este jueves, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha apuntado que el líder de Junts retornará una vez se levante la orden de detención contra él: "Yo imagino que el presidente volverá cuando se levanten las medidas cautelares", ha explicado Boye, que ha avanzado que así lo adelantó Toni Comín. No prevé que lo resuelvan durante las vacaciones.

En todo caso, Boye confió en que los jueces no actúen "sediciosamente" y se nieguen a aplicar el olvido judicial cuando ya haya recibido luz verde por parte del órgano de garantías. "La creatividad tiene un límite", ha dicho sobre los subterfugios que podrían tratar de encontrar para esquivar la ley. El abogado de Lluís Puig, Jaume Alonso Cuevillas, ya había presentado el recurso de amparo en nombre del exconseller para que se lo amnistie plenamente. "¿Tendrá el Constitucional suficiente valentía para decir lo que debería decir sin lugar a dudas?", se preguntó, en declaraciones a RAC1. Si no, ha dicho, la vía será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.