Derecho a decidir
Política 27/09/2022

La ley de claridad que tenía el aval de Miquel Iceta

El PSC acabó enterrando la propuesta en el congreso de 2016

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El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una imagen del congreso del partido del año 2016 que enterró el derecho a decidir.

BarcelonaPere Aragonès plantea resolver el conflicto con el Estado a partir de un "acuerdo de claridad democrático", una solución inspirada en el caso del Quebec que el president de la Generalitat ha recuperado durante el debate de política general. No es la primera vez que desde Catalunya se cita este caso y las referencias no solo han venido desde el independentismo. Hubo un día en el que incluso Miquel Iceta avalaba una ley de claridad como la que acabó haciendo Canadá para fijar las condiciones de un referéndum de autodeterminación.

El 6 de julio de 2013 marca oficialmente el final de la defensa del derecho a decidir por parte del PSC. El partido, entonces comandado por Pere Navarro, renunció a la apuesta por un referéndum “con una pregunta clara” y “en el marco de la legalidad” -tal como constaba en el programa electoral del 2012- y pactó con el PSOE la Declaración de Granada, que fijaba las bases del proyecto federal de los socialistas. Si a principios de ese año el PSC rompía la disciplina de voto en el Congreso para apoyar la celebración de una consulta sobre el futuro de Catalunya, en abril de 2014 se oponía a transferir a la Generalitat la competencia para convocarla. Un giro programático que precipitó una traumática escisión y la llegada a la primera secretaría de Miquel Iceta (julio de 2014), que hizo lo posible por recoser y reflotar electoralmente el partido. Cuando revalidó el cargo dos años después, sin embargo, el PSC flirteó una vez más con el derecho a decidir. Los impulsores recibieron calabazas.

El borrador de hoja de ruta que se tenía que debatir en el congreso del partido de noviembre de 2016 defendía “una reforma constitucional española de carácter federal”. Pero añadía que, en caso de “fracaso”, los socialistas catalanes propondrían “otros instrumentos democráticos [por ejemplo, una ley de la claridad como la canadiense] que establecieran las condiciones para, si se tercia, verificar el apoyo ciudadano en una eventual secesión”. Este redactado, no discutido previamente por la dirección pero avalado por Iceta, tenía que ser aprobado por el consejo nacional del partido en julio, pero varios cargos -como Antoni Poveda, Xavier Amor, Carles Martí o Joan Ferran- levantaron la voz contra este plan B, que tampoco compartía el PSOE, y se decidió aparcar el documento hasta el cónclave de finales de año.

Una vez estudiadas las enmiendas de la militancia, sin embargo, la vía canadiense desapareció de la ponencia antes de llegar al congreso, que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre después de que Iceta ganara, en las primarias para liderar el partido, a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que también se opuso a incluir la consulta en el documento definitivo.

Un último intento

El hecho de que ya no constara en el texto a debatir no impedía que las referencias a una ley de claridad se pudieran debatir y recuperar, pero en la comisión encargada de tratar este punto -presidida por la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín- se acabaron de enterrar. “Había más enmiendas en contra”, recuerda Gabriel Colomé, ex concejal de Barcelona y uno de los ponentes del texto. Fue en esa misma comisión cuando se hizo un segundo intento, más desapercibido, de recuperar la defensa del derecho a decidir.

La agrupación del PSC de Granollers había presentado una enmienda al texto inicial que, a pesar de dejar claro que compartía la apuesta por un “modelo federal”, añadía que “la única vía posible para [...] dar salida al problema de encaje de Catalunya pasa por una consulta al pueblo catalán”. Una consulta, destacaba el texto, con “una pregunta clara y de acuerdo con la legalidad”. “Pensamos que Catalunya tiene que poder decidir si quiere o no compartir un proyecto con el resto de pueblos de España. Nosotros lo queremos, pero no porque desde el Estado se nos obligue o nos sintamos sometidos, sino porque sea la voluntad de los catalanes”, sentenciaba la enmienda. Esta aportación tampoco constaba en el documento que llegó al congreso, pero la agrupación quería que se debatiera y el entonces alcalde de la ciudad, Josep Mayoral, pretendía defender personalmente la enmienda.

El debate y votación estaba previsto para el sábado 5 por la tarde, pero finalmente se avanzó a mediodía, momento en el que Mayoral había tenido que marcharse del cónclave durante unas horas para oficiar una boda. A pesar de las circunstancias, la agrupación no renunció a exponer sus argumentos en defensa de la apuesta por la consulta, y fue Carles Cabanillas, ex concejal de Granollers y entonces miembro de la ejecutiva del partido en la ciudad, quien tomó la palabra. “Defendimos que nuestra primera opción era la apuesta federal, pero que también abríamos la posibilidad de celebrar una consulta legal, vinculando y acordada con el Estado sobre la voluntad de seguir formando parte de España”, recuerda Cabanillas al ARA.

Según explica, la respuesta que recibieron de Gabriel Colomé no fue la que esperaban. “No se entró a discutir el fondo de la propuesta, simplemente se dijo que era una barbaridad”, afirma, convencido de que el tono hubiera sido menos “agrio” si el interlocutor hubiera sido Mayoral. Colomé admite que había “tensión ambiental”, pero asegura que no bajó al barro y se limitó a argumentar que no se aceptaba la enmienda porque el Procés había convertido el derecho a decidir que el partido defendía en tiempos de Pere Navarro en “otra cosa”. Después de un tenso debate cruzado, los militantes de Granollers pidieron votar igualmente la enmienda, que a pesar de recibir el apoyo de otras agrupaciones fue tumbada y no pasó al plenario del congreso, donde podía ser rescatada. “Nos marchamos con un sabor más agrio que dulce”, reconoce Cabanillas.

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