¿Hasta dónde puede llegar el contrapoder del PP en el Senado?

MadridLa noche del 23-J, ante la victoria amarga obtenida por el PP, Alberto Núñez Feijóo salió al balcón a decir que batallaría por ser investido presidente –pese a la insuficiente suma con Vox–, pero también a sacar pecho de la mayoría absoluta que los populares habían obtenido en el Senado. Isabel Díaz Ayuso se añadía unos días después cuando pedía al PP hacer valer esa misma mayoría para frenar cualquier reforma de los estatutos de Catalunya y Euskadi desde la cámara alta. Ahora bien, ¿cuál es la repercusión real de que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado? ¿Puede frenar o vetar leyes que provengan del Congreso?

El Senado es la cámara de representación territorial y también tiene la función de revisar las leyes que ya ha aprobado el Congreso para introducir los cambios que considere oportunos. Cualquier modificación que se incorpore implica que la ley debe volver al Congreso para que valide el texto con las modificaciones incorporadas, o no. Si Pedro Sánchez logra construir una mayoría suficiente para revalidar el gobierno de coalición con Sumar, la mayoría absoluta del PP en el Senado puede ralentizar la tramitación de las leyes que hayan impulsado a los partidos del ejecutivo y haya validado el Congreso. Ahora bien, no puede vetarlas ni detenerlas en ningún caso. Lo que los populares pueden hacer es incorporar enmiendas al texto que después tendrán que ser aprobadas en el Congreso. Solo quedarán incorporadas al texto definitivo si en la cámara baja el PP logra reunir una mayoría suficiente que las valide –en el Congreso no tiene mayoría absoluta, sino que debería buscar aliados–. Ahora bien, también puede que queden descartadas para que el bloque de izquierdas sume para tumbarlas y se mantenga así el texto tal y como había salido del Congreso.

El PP ya ha intentado dilatar la aprobación de algunas leyes desde el Senado esta pasada legislatura sin tener mayoría absoluta. Ocurrió, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado del 2022, cuando votó a favor de una enmienda de Compromís para potenciar el uso del catalán, el euskera o el gallego con más recursos. Un gesto que contradecía la estrategia lingüística de los populares, con el objetivo último de retrasar la aprobación de las cuentas del gobierno de coalición. Los presupuestos tuvieron que volver al Congreso y se aprobaron una semana después. Los conservadores hicieron lo mismo con la ley del sólo sí es sí, cuando votaron a favor de una enmienda de Junts que corregía una palabra del texto.

Aplicar el artículo 155

En caso de que el Senado volvería a tener la clave es a la hora de aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía de alguna comunidad. Ocurrió en 2017 por primera vez bajo el gobierno de Mariano Rajoy y después de que la Generalitat impulsara el referéndum del 1-O. En ese momento el PP también tenía mayoría absoluta en la cámara alta, pero en 155 se aprobó aún con una mayoría más amplia, porque obtuvo el apoyo de los senadores del PSOE –excepto el expresidente José Montilla–. Ahora bien, el Senado sólo puede suspender la autonomía a requerimiento del gobierno español. Si Pedro Sánchez continúa en la Moncloa, ¿iniciaría el proceso para aplicar el 155 como en el 2017 si Catalunya reactiva la vía unilateral?

De momento, nada hace pensar que se pueda volver a aplicar el artículo 155. Al igual que tampoco está sobre la mesa, hoy por hoy y al menos de puertas afuera, una reforma del Estatut de Catalunya, como se aventuró a decir Ayuso la semana pasada. Ahora bien, si se iniciara este melón, tanto en el Congreso como en el Senado debería que el texto se aprobara por mayoría absoluta, pero no tiene razón la presidenta madrileña cuando dice que los populares podrían frenar cualquier reforma estatutaria en la cámara alta: cómo cualquier ley orgánica, en caso de veto, volvería al Congreso, que podría desbloquearla.

Donde sí tendría la sartén por el mango el PP es en una hipotética reforma constitucional. En este caso no porque el PP tenga mayoría absoluta en el Senado, sino porque es necesaria una mayoría calificada de tres quintas partes en el Congreso. Esto significa que sería necesario el apoyo de 210 diputados y, por tanto, que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo, un escenario ahora mismo difícil de imaginar.