Madrid, el gran escollo para negociar la nueva financiación autonómica

BarcelonaEn la entrevista que publicó el diario ARA este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, soltaba una idea que hasta ahora ha sido siempre tabú, y es que la Comunidad de Madrid no puede ser tratada como el resto porque tiene privilegios ligados a su condición de capital del Estado. "Madrid tiene una cuestión de capitalidad que deberá tomarse en consideración a la hora de repartir recursos", dijo exactamente. Esta reflexión deriva de algo incuestionable, que es que el criterio pactado entre ERC y el PSOE para repartir estos recursos en el nuevo sistema de financiación, el de ordinalidad, beneficia antes que nadie a la Comunidad de Madrid, incluso más que a Catalunya. Tanto es así que, en las simulaciones que se han hecho, entre Madrid y Catalunya se repartirían la mitad de los recursos extras que debería ponerse en el sistema, entre 8.000 y 10.000 millones según los cálculos.

Pero, claro, ¿Madrid merece recibir todo ese dinero si, por ser capital, ya cuenta con una posición privilegiada en el marco del Estado? Éste es el melón que pretende empezar Salvador Illa. Para entenderlo mejor habría que poner negro sobre blanco cuáles son los factores que benefician a la economía de Madrid, el llamado efecto capital, y que no son reproducibles en ningún otro territorio.

Un mapa de carreteras y de AVE radial

Todas las carreteras del Estado parten del mítico Km 0 que se encuentra en la Puerta del Sol de Madrid y que es una atracción turística más. Este mapa radial es una realidad sobre todo desde finales de los 90, ya que en los 60 la primera autopista del Estado, la AP-7, se construyó en el Corredor Mediterráneo por indicación del Banco Mundial. El mapa del AVE es exactamente igual, por lo que desde Madrid se puede ir a Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga en menos de dos horas y media. En cambio, de Barcelona a Valencia no existe AVE directo. El impacto económico de estas conexiones, además, no está repartiendo riqueza por el Estado, sino que contribuye al efecto concentración en la capital.

El aeropuerto de Barajas es también la gran apuesta internacional de Aena, lo que hace que las conexiones con el otro lado del Atlántico o Asia sean mucho más numerosas desde Madrid que desde Barcelona. Por todo ello, la inversión y la ejecución presupuestaria siempre es más alta en Madrid que en el resto de territorios.

Funcionarios e instituciones del Estado

Los mejores cargos y sueldos se concentran en la capital

Se calcula que en Madrid existen unos 150.000 funcionarios del Estado. Cataluña, en comparación, sólo tiene 26.000 funcionarios estatales trabajando en ella. Esta elevada cifra responde a la concentración de ministerios y organismos estatales en la capital, que además son los que tienen los mejores sueldos. Pensamos, además de los ministerios, en el Tribunal Constitucional (su presidente es el cargo público del Estado mejor pagado), el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el estado mayor del ejército, la Casa del Rey, el Congreso, el Senado... También están los salarios de las grandes empresas públicas como Correos, Paradores o Red Eléct.

Todos estos sueldos suponen una almohada fiscal extraordinaria de la que disfruta Madrid y nadie más, sobre todo en tiempos de crisis, ya que pase lo que pase el Estado siempre se hará cargo de las nóminas. La desconcentración de alguna de estas instituciones, por ejemplo llevar el Senado a Barcelona, tendría un efecto político pero también económico, puesto que su presupuesto supera los 60 millones, la mitad de los cuales son sólo sueldos.

Infraestructuras culturales

Del Prado a las nuevas Colecciones Reales

El hecho de ser sede de la monarquía española desde el siglo XVI ha supuesto en Madrid ser depositaria de un ingente patrimonio cultural, que además ha ido aumentando por la vía del traslado forzoso de piezas valiosas (desde la Dama de Elche hasta los Bous de Costitx) a sus museos nacionales.Millones de personas visitan cada año el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional o las recién inauguradas Colecciones Reales en un nuevo edificio anexo al Palacio Real. es el sector hotelero y hostelero madrileño.

La proximidad al poder del Ibex 35

Desde los años 80 se ha ido produciendo también una concentración de sedes empresariales en Madrid, ya que los ejecutivos prefieren estar cerca del núcleo de poder donde se toman las grandes decisiones económicas. Así, muchas grandes empresas han trasladado allí sus sedes, como el Banco Santander, mientras que existen otros gigantes del Ibex 35, como Telefónica, que es un antiguo monopolio estatal privatizado. Esto no quiere decir que Madrid sea ahora una potencia industrial, pero sí que es cierto que los principales ejecutivos de muchas compañías, incluso catalanas o vascas, residen en ella y, por tanto, pagan impuestos allí. Al amparo de estas relaciones entre el poder público y el privado ha proliferado el negocio de las consultorías (como el famoso despacho Equipo Económico de Montoro) y los lobis. Concentrar la cúpula del sistema judicial español también hace que hayan aflorado grandes bufetes de abogados.

Todos estos factores engordan las arcas de la Comunidad de Madrid, que, tal y como denuncia Isla, en lugar de repartir estos recursos o fortalecer su estado del bienestar, aplica rebajas fiscales para "robar" contribuyentes ricos al resto de autonomías. Este efecto aspirador se ve muy bien si se compara la renta per cápita de la Comunidad de Madrid con las provincias vecinas: según los datos del INE de renta provincial neta por persona de 2024, cada madrileño dispuso de 17.131 euros mientras que un habitante de Toledo se quedó en sólo 116.

Ahora bien, ¿cómo calcular el impacto del efecto capital para matizar la aplicación desnuda del concepto de ordinalidad y no beneficiar así aún más a Madrid? Éste es ahora el gran escollo de los técnicos de partidos y gobiernos que están trabajando con números y simulaciones para la nueva reforma de la financiación, que además se podrían encontrar con problemas de constitucionalidad.