Dos meses para definir el papel del castellano en la escuela
El ARA accede a cuatro documentos que marcan la evolución del redactado de la ley
BarcelonaEl acuerdo a cuatro de este martes sobre el catalán a la escuela llega después de dos meses de negociaciones para rehacer el consenso después de un primer pacto fallido. Esquerra, Junts, el PSC y los comuns firmaron el 24 de marzo una modificación de la ley de política lingüística que incluía el castellano como lengua empleada en la enseñanza. Una vez se hizo público el texto, sin embargo, hubo un alud de críticas en las redes sociales y por parte de las entidades pro lengua, que interpretaban que se incorporaba por primera vez el castellano como lengua vehicular. Y, como consecuencia, Junts se descolgó de aquel pacto. Vean a continuación la primera propuesta de reforma de la ley de política lingüística:
Para que Junts se volviera a incorporar al pacto, los grupos descartaron hacer una reforma de la ley de política lingüística para trabajar en una ley ad hoc y, por otro lado, el Govern empezó a trabajar en un decreto que rechazará de manera explícita los porcentajes en la enseñanza –como avanzó el ARA – y situará la responsabilidad última de la definición de los proyectos educativos en el departamento de Educación, como reclamaba también la comunidad educativa. Junts, a cambio, también ha cedido. En la proposición de ley, tal como explicó viernes este diario, ha caído la referencia a que la enseñanza "en ningún caso se tiene que basar en porcentajes" y se ha establecido que se basará en "criterios exclusivamente pedagógicos", para retener al PSC. "Si tuviéramos una mayoría de la que no disponemos seguro que el texto sería diferente, y si el PSC tuviera una mayoría también sería diferente", ha argumentado este martes el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, para explicar el cambio de posicionamiento.
La evolución de los textos
El ARA ha tenido acceso a cuatro borradores diferentes de la proposición de ley, a pesar de que ha llegado a haber hasta dieciséis con diferentes matices. El primero fue el acuerdo a cuatro bandas fallido del 24 de marzo y que reformaba la ley de política lingüística; el segundo, una ley ad hoc que pactaron exclusivamente ERC y Junts; un tercer borrador con enmiendas de los comuns y el PSC que aceptaba ERC pero no Junts, y el redactado final terminado este martes que ha conseguido el consenso de los cuatro partidos.
Del primer documento del 24 de marzo se elimina la expresión que había generado más polémica: "La enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales tiene que tener garantizada una presencia adecuada". Sobre todo, el problema estaba "en las lenguas oficiales", puesto que se interpretaba que en castellano también se podían hacer otras clases más allá de la lengua propiamente dicha. Esto cambia en el segundo borrador pactado entre ERC y Junts, donde solo se habla de "la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales". Los socios en el Govern, además, incorporan un artículo polémico para el PSC: "La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza en ningún caso se tiene que basar en porcentajes", y rechazan así de manera explícita la sentencia del TSJC. También se añade que el catalán es la lengua "de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado", un inciso que se mantendrá en el acuerdo final.
Por otro lado, se elimina un también cuando se habla del uso del castellano, cosa que generaba conflictos para Junts. En el primer acuerdo se decía: "El catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje [...]. También es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". En el redactado final este no aparece.
El embrión final
Pero el texto acordado entre Esquerra y Junts no satisfacía al PSC y a los comuns. Por eso se negoció una nueva versión del texto en la que la principal incorporación fue el término curricular para referirse al castellano. Hasta entonces solo se hablaba del "uso de las lenguas oficiales en el centro", pero los socialistas pidieron que se explicitara que el castellano también formaba parte del currículum: "El proyecto lingüístico de los centros tiene que incluir los aspectos relativos a la enseñanza y al uso curricular de las lenguas oficiales en el centro". Los de Salvador Illa también consiguieron que desapareciera el rechazo explícito de los porcentajes, de forma que quedaba la redacción así: "El alcance de esta presencia [de las lenguas] se tiene que determinar exclusivamente con criterios pedagógicos".
De entrada, esta redacción no satisfizo a Junts y se ha negociado durante todo el fin de semana para introducir matices. Una de las cuestiones que se ha incorporado es el uso curricular y "educativo" del castellano y el catalán en los centros, una manera de aceptar que el uso de las lenguas también cuenta fuera del aula –en el patio o en el comedor, por ejemplo– y no solo en las asignaturas, como querían los socialistas. A cambio, también se decide hablar de catalán y castellano en propiedad, sin sinónimos anteriormente empleados como "las lenguas oficiales".