¿Qué ha sido de las joyas de Zapatero?

MadridEl 19 de mayo a primera hora, una noticia estalló como un obús inesperado: un juez de la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Un mes más tarde, quien en los últimos años ha sido fiel escudero y celador de Pedro Sánchez declaraba ante José Luis Calama durante casi tres horas y negaba de raíz todas las sospechas. Pero se dejaba un tema en el tintero: las joyas con valor de 1,3 millones de euros que la policía española encontró en la caja fuerte de su despacho. Una semana más tarde, la UDEF abrió una nueva vía y apuntó que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana. Desde entonces, las filtraciones y las quejas de la defensa del expresidente español han sido las únicas novedades de una causa sobre la que todavía planean muchas incógnitas. Desde aquel momento, y a pesar de los interrogantes que permanecen abiertos, la Moncloa mantiene el apoyo cerrado al expresidente español y Pedro Sánchez reitera la “confianza” en él.

Un plazo incumplido

Durante la declaración en sede judicial, a puerta cerrada, Zapatero comunicó al juez Calama que estaría en disposición de declarar sobre las joyas en una semana o diez días “como máximo”. En el comunicado que remitió después a la prensa, también se comprometió a dar las “explicaciones oportunas” en los siguientes días. En un escrito registrado aquel mismo día, pidió “un poco de margen temporal” para poder “examinar” el informe pericial y poder explicar con “precisión y certeza” el origen de las joyas y las fechas en que llegaron a su poder. Pero ha pasado un mes y no se ha sabido nada más.

Protagonismo de la Agencia Tributaria

De hecho, la gran novedad de las últimas semanas tiene que ver con las joyas. Se ha sabido que la Agencia Tributaria abrió una inspección fiscal a Zapatero, sus dos hijas –que también están investigadas– y su mujer a mediados de junio. Trascendió a finales de junio, cuando se lo comunicó al juez Calama. Analiza, por ejemplo, el IRPF de los cuatro entre 2021 y 2024. En aquel momento, Hacienda reconoció que la simultaneidad de las dos investigaciones –la penal y la tributaria– le abocaba a paralizar su inspección para no solaparse y porque la Audiencia Nacional tiene capacidades “más intensas y más eficaces” para investigar. Pero apuntaba que la “paralización” solo sería posible si lo ordenaba el magistrado y avisaba que la mantendría abierta hasta que no recibiera una comunicación oficial. De momento, el juez no se ha pronunciado.

Quien sí ha levantado el dedo ha sido Zapatero, que unos días después protestó –precisamente– por esta duplicidad y se quejó de que Hacienda decidiera “unilateralmente y caprichosamente” impulsar una investigación a pesar de que se había abierto una causa penal: “Ser consciente de que procede suspender el procedimiento y no hacerlo es una manifiesta, palmaria y ostensible arbitrariedad”, denunció. La Abogacía del Estado está personada como acusación particular en la Audiencia Nacional en representación de la Agencia Tributaria después de que el juez se lo ofreciera viendo que podía ser una “potencial perjudicada”.

¿Cuáles serán los próximos pasos?

Una de las fichas que debe mover José Luis Calama próximamente –quizás a la vuelta de las vacaciones– son las declaraciones de las dos hijas de Zapatero y de su secretaria. Las tres están investigadas, pero aún no han sido citadas para dar explicaciones. El magistrado cree que la empresa de Alba Rodríguez y Laura Rodríguez tenía un “papel instrumental” en la “canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes” de la presunta trama y considera que Gertrudis Alcázar era una “pieza operativa esencial”.

Otra cuestión que tiene sobre la mesa es el incidente de nulidad que presentó Zapatero para intentar anular la causa. Hasta ahora, su estrategia ha sido eminentemente procesal: es decir, intentar descarrilar la investigación por cuestiones de forma. No en vano su defensa acusó a la Fiscalía Anticorrupción de instigar “maniobras dirigidas a conducir el proceso” hacia los órganos judiciales de “más conveniencia” y cuestionó que la principal prueba que incrimina al expresidente español es “ilícita” porque emergió a raíz de una “injerencia no autorizada”.