Las pruebas de la causa judicial que Zapatero intenta desactivar

MadridLos últimos días José Luis Rodríguez Zapatero ha desplegado su estrategia de defensa en múltiples frentes: cuatro escritos en cuatro días. El último paso que ha dado el expresidente español ha sido arremeter con mucha dureza contra la UDEF, a quien responsabiliza de que sus agendas y las conversaciones con su secretaria hayan acabado esparcidas en los medios de comunicación. Denuncia que es un “auténtico disparate”, una “difusión indiscriminada” con un “resultado desolador” y “el atentado más grave que puede hacerse” contra los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Esta última petición, a la cual ha tenido acceso el ARA, se suma a los otros movimientos que ha hecho recientemente para intentar invalidar los chats que lo incriminan. Son todas conversaciones entre terceros que hablan de él y que fueron la base de su imputación. Hasta ahora, su hoja de ruta se centra en atacar el origen y legitimidad de las pruebas.

El móvil de Rodolfo Reyes

El martes la defensa de Zapatero instó al juez Calama a reconsiderar su negativa a pedir más información a Estados Unidos para garantizar la “licitud” de la obtención del móvil de Rodolfo Reyes, que era consejero de Plus Ultra en representación del accionista principal. Las conversaciones que se encontraron son uno de los indicios clave contra Zapatero. El magistrado cerró la puerta a la reclamación y se ha limitado a pedir una autorización para usarlo como prueba. Víctor Moreno Catena, abogado de Zapatero, protestó que podría haber habido “injerencias que no siempre concuerdan ni cumplen con los estándares exigidos” por el sistema jurídico español.

¿Cuáles son los chats de la discordia? Hay uno, por ejemplo, entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola —presidente de Plus Ultra— de abril de 2020. El segundo le avisa de que, como le llamará Zapatero, se ha tenido que “cambiar la foto de perfil”. Ahora bien, ante el juez, el expresidente español negó que en aquel momento hubiera hablado por teléfono con él y aseguró que no lo conoció hasta 2024, tres años después del rescate de Plus Ultra. Es el chat donde Julio Martínez Sola también fue locuaz sobre su hoja de ruta: “Como dice un amigo, follaremos aunque tengamos que pagar un poquito”.

Dos ejemplos más. En septiembre de 2020 Julio Martínez Sola expresó que quería que Julio Martínez Martínez o Zapatero hablaran con la SEPI y consiguieran el compromiso del rescate “con un 100% de seguridad”. Y en diciembre Martínez Sola se refirió a un paquete que iba dirigido a Martínez Martínez. “La remuneración”, le contestó Rodolfo Reyes. Y un último mensaje que Rodolfo Reyes envió a Ramon Gordils: “¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra”, le dijo.

El despacho de Miguel Palomero

La otra línea de actuación es cuestionar las conversaciones del abogado Miguel Palomero. Y aquí nos tenemos que volver a transportar a Francia y Suiza. En el marco de una investigación a escala internacional, ambos países pidieron una serie de registros y en uno de ellos la policía española requisó un ordenador y otros dispositivos de Miguel Palomero. Un año después, gracias a aquella información, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en los juzgados de Madrid: “Se aprecian evidencias de que Rodolfo Reyes y otros ejecutivos de Plus Ultra son clientes de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales”. Tres meses más tarde, el juez puso a Zapatero en el punto de mira y remitió la causa a la Audiencia Nacional. Y el juez Calama decidió imputar al expresidente español.

¿Qué conversaciones afloraron? Según el juez, quedó constatada una “relación personal y económica” del venezolano Danilo Diazgranados con alguien denominado “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”, que fue identificado como Zapatero. En otro chat de Miguel Palomero, aparecían muchas referencias a un “amigo”, que la policía española cree que es Julio Martínez Martínez, que sería a través de quien se habría ejercido una influencia para conseguir el rescate a través de una vía alternativa. En cambio, el juez Calama cree que “el amigo” era Koldo García, el asesor de confianza de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes.

Este embrión es el que Zapatero quiere anular. Acusa a la Fiscalía Anticorrupción de haber hecho “investigaciones paralelas” y avisa de que hay que tener precaución para reutilizar “material” para “finalidades y procedimientos” diferentes de aquellos para los que fue “lícitamente obtenido”. Su objetivo es que haya un “efecto de nulidades encadenadas”.

La indignación de Zapatero con la UDEF

Después de que el juez Calama pidiera a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones que se están produciendo en la causa, Zapatero se ha quejado del “daño irreparable” que está provocando la “notoria difusión mediática inmediata” de la investigación y protesta porque no se han adoptado “precauciones previas” para evitarlo. En un escrito, reprocha a la UDEF que no haya sido “extremadamente cuidadosa” con la documentación personal que anexa a los informes y pide al juez que adopte medidas para revertirlo.

Su abogado también recrimina a la policía española que inspeccione “toda la tarea profesional” de Zapatero: “Su vida no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia”, sostiene. Asimismo, denuncia que el último informe sobre Bolivia, que apunta que el expresidente habría cobrado 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana, muestra una “absoluta falta de cuidado y respeto” por los derechos fundamentales del expresidente y considera que aborda “hechos ajenos” a los que se están indagando fruto de una “investigación prospectiva y no autorizada”.

El expresidente de Bolivia lo niega todo

De hecho, en las últimas horas, el expresidente de Bolivia Luis Arce ha salido al paso de este informe de la UDEF para negar cualquier irregularidad. En un comunicado que ha difundido desde la prisión de San Pedro, asegura que en la reunión bajo sospecha con Zapatero “no se trató ningún litigio judicial”. “No estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias”, recalca Luis Arce, que acusa a la policía española de llegar a conclusiones que “parecen más bien condenas anticipadas con finalidades políticas”.

La Agencia Tributaria y las joyas de Zapatero

Todo ello el mismo día que el juez Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria que se persone como perjudicada –a través de la Abogacía del Estado– en la investigación sobre las joyas que Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho y que están valoradas en 1,3 millones de euros. El expresidente está investigado por un delito contra la hacienda pública y uno de contrabando. El magistrado alega que hubo un “perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal”.