La Moncloa desautoriza al ministro Garzón por criticar las macrogranjas

MadridLa Moncloa desautoriza al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus críticas a la ganadería industrial, y no es la primera vez que lo hace en los últimos meses. En una entrevista publicada en el diario británico The Guardian afirmó que las macrogranjas "contaminan el suelo, contaminan el agua y después normalmente se exporta". "Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal el que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcionado", dijo en castellano, según la transcripción que él mismo ha colgado en su cuenta de Twitter. A pesar de que la entrevista es del 26 de diciembre, este martes saltó la polémica cuando algunos medios la recuperaron: en inglés aparecía el término mala calidad en vez de peor y originó que los partidos de la oposición y las empresas del sector se lanzaran al cuello de Garzón.

"Las consideraciones del ministro las contextualizo en la percepción personal", ha explicado este miércoles la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, en una entrevista a La Sexta, en la que se ha desmarcado de la opinión del líder de Izquierda Unida. Cuando le han preguntado por si tendría que rectificar o dimitir, la también ministra de Política Territorial no se ha mojado y ha afirmado que esta pregunta se le tendría que hacer al propio ministro.

En un tuit, Garzón ha hablado de una "bola" que empezó el lunes "impulsada por el grupo de presión de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes". Rodríguez ha querido hacer piña con el sector dejando claro que para España es "prioritario", "fundamental desde el punto de vista económico", que las cárnicas "se ajustan a los estándares de calidad, generan puestos de trabajo, son elemento de cohesión territorial y de mantenimiento del medio ambiente".

La Moncloa ha intentado acabar así con la polvareda que se había generado y a la que se han abonado los principales partidos de la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "inaceptable" lo que considera un "ataque a los ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país". También se ha sumado a él la presidenta de Cs, Inés Arrimadas: "Le ha tocado al sector de la carne sufrir su alto nivel de desconocimiento y sectarismo. España no se merece un ministro como este y forzaremos que el Congreso vote su reprobación", ha tuiteado.

La derecha se ha añadido así a la indignación de empresas y asociaciones que han pedido la dimisión de Garzón. La patronal CEOE ha emitido un comunicado este mediodía en el que ha avalado las críticas de la patronal agraria Asaja –ha calificado de "inadmisibles" las declaraciones de Garzón– y ha recordado que la producción ganadera de carne representa el 7,8% de las emisiones de gas con efecto invernadero, según datos del ministerio de Transición Ecológica. La CEOE remarca que el sector aportó 8.620 millones de euros de exportaciones en 2020 a la balanza comercial española.

Precampaña en Castilla y León

Las críticas a Garzón también le han llegado desde el PSOE. El presidente del Aragón, Javier Lambán, ha dicho que las declaraciones del ministro son un "insulto a la inteligencia" y ha subrayado que representan una "agresión directa a la economía aragonesa". Otra de las comunidades con un peso importante del sector primario es Castilla y León, inmerso en la precampaña de las elecciones del 13 de febrero. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), fue uno de los primeros que salió a cargar contra Garzón.

La desvinculación de la Moncloa respecto a las palabras del ministro de Consumo tiene también esta lectura electoral, dado que la agenda rural es crucial el 13-F y el auge de las plataformas regionales de la España vaciada es una amenaza para los intereses de casi todos los partidos, tanto en la izquierda como en la derecha. De todas maneras, no es la primera vez que el gobierno español desautoriza a Garzón y por la misma cuestión. "Donde me pongan un chuletón al punto... esto es imbatible", dijo ahora hace unos meses el presidente, Pedro Sánchez, para cortar una polémica que se había originado después de que el ministro de Consumo dijera que en el Estado se consumía entre dos y cinco veces más carne de la recomendada.