La Moncloa descarta una reforma de la ley para obligar al Supremo a amnistiar a Puigdemont

Madrid¿Qué opciones existen para que la amnistía a los líderes del Proceso sea posible? Una opción es que el Tribunal Constitucional obligue al Tribunal Supremo a revisar su decisión, y otra que supondría un nuevo recorrido parlamentario es reformar la misma ley en el Congreso. En sus autos, los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena vienen a decir que el texto de la norma no refleja lo que pretendían los grupos políticos que la pactaron. Por no aplicar la amnistía se cogen en el artículo que prevé exclusiones: un apartado habla del delito de malversación y otro de la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Si no hubiera estas exclusiones, elalto tribunal no pudo rechazarla de plan como hizo este lunes y debería optar por alguna estrategia, como elevar una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Es una alternativa real? Fuentes de la Moncloa consultadas por el ARA lo descartan.

Consideran que el legislador ya ha hecho su trabajo con la ley de amnistía y que ahora son los jueces quienes deben aplicarlo. En rueda de prensa tras el consejo de ministros, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha discrepado abiertamente este martes de la tesis de Marchena y ha asegurado que no existen incoherencias entre la voluntad del legislador y el texto que se aprobó. "Lo que está claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador es tan clara como las letras de la ley", ha insistido, ante el cuestionamiento del Supremo al "dominio de las categorías conceptuales de la dogmática penal" por parte de quienes redactaron la ley. La única esperanza de la Moncloa para corregir al Supremo es el Constitucional, confirman desde la Moncloa. Desde el Gobierno, Patrícia Plaja acusa al Supremo de "retorcer" la norma: "Es impensable en un estado democrático".

Otras fuentes del gobierno español consultadas por el ARA aseguran que una hipotética reforma de la ley de amnistía tendría un recorrido limitado porque, apuntan, el empeño del Supremo por no amnistiar a Puigdemont es inequívoca. "Encontrarían la manera", aseveran. Su lectura es que la resolución conocida este lunes era lo más previsible, porque se trata de un sector de la cúpula judicial alineada con el PP que tiene entre ceja y ceja derribar al gobierno de Pedro Sánchez y que cree —dicen estas fuentes— que lo puede conseguir torpedeando la amnistía. Habrá que ver qué afectación tiene en el apoyo de ERC y Junts al Congrés el hecho de que la amnistía no dé todos los frutos deseados. Fuentes de la Moncloa puntualizan que el PSOE ha puesto todo lo que tenía en sus manos para que los objetivos de la "convivencia" y la "normalización" en Catalunya fueran una realidad.

Fuentes del ejecutivo del Estado son conscientes de que hubo un momento en que en el Supremo se trasladaba que no tendría más remedio que levantar las medidas cautelares contra los exiliados. Se preguntan si era una especie de trampa para que Carles Puigdemont volviera pensando que no sería detenido o bien para profundizar en la división que, aseguran estas fuentes, existía dentro del PSOE sobre el hecho de que Junts insistiera en que la retirada de las órdenes de detención fueran inmediatas una vez que la amnistía entrara en vigor. En cualquier caso, no fue una sorpresa para el gobierno español que Marchena y Llarena se hayan "rebelado", dicen, contra la norma.

La "imparcialidad" del TC

Los caminos conducen al Tribunal Constitucional, y este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda su "imparcialidad" en una entrevista en Onda Cero. Concretamente, afirmó que tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad del TC" porque está "trufado" de magistrados afines al PSOE, denunció. Se refería al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo ya la ex directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica Laura Díez. Además, a que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, fuese fiscal general del Estado durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Alegría lamentó las "declaraciones de absoluta gravedad" de Feijóo y le pidió una "rectificación inmediata". La portavoz de la Moncloa recordó que el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se refirió hace unas semanas al TC como "cáncer del estado de derecho". Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, criticó la elección de José María Macías como magistrado del Constitucional, ante la incomodidad de Alegría, dado que la elección forma parte del pacto que el PSOE ha firmado con el PP por renovar el Consejo General del Poder Judicial.