La Moncloa se enreda con el postestado de alarma por la presión del PP
Campo defiende un plan B si el Supremo no avala las restricciones pero después rectifica para decir que no hay ninguna reforma prevista
![Fiesta a la Puerta del Sol de Madrid para celebrar el fin del estado de alarma.](https://static1.ara.cat/clip/06e71703-2e72-410d-a7d1-41b364005702_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
MadridPedro Sánchez decidió no prorrogar el estado de alarma en buena medida por la celebración de las elecciones madrileñas. No quería que la cuestión capitalizara titulares a las puertas del 4 de mayo. Se levantaría la medida y listos. Pero ni esto consiguió evitar el batacazo electoral que se llevó el PSOE el pasado martes, con la pérdida de más de un tercio de los votos y el sorpasso de Más País. Desde entonces la Moncloa ha intentado mirar hacia otro lado y no liarse con el caos judicial que puede derivar de la falta de un amparo legal para las restricciones sanitarias.
Pero dos días después del final del estado de alarma, y a raíz de las polémicas fiestas durante la madrugada del sábado al domingo, el gobierno español ha visto necesario mover ficha, aunque la respuesta esté entrando en conflicto directamente con la oposición en el Congreso y con algunas comunidades autónomas. El resultado: un lío sobre los posibles cambios legales que tiene el ministerio de Justicia en la recámara, mientras que el presidente español tiene intención de romper su silencio de ya más de una semana –todavía no ha valorado ante los medios la debacle socialista del 4 de mayo– ofreciendo declaraciones desde Grecia, donde está de viaje oficial.
El único plan anticovid que a última hora puso encima la mesa la semana pasada el gobierno español es que la última palabra para avalar las restricciones de las comunidades la tenga el Tribunal Supremo, para intentar así consensuar medidas en todo el Estado y evitar el caos judicial que se genera desde el viernes –la justicia ha avalado los toques de queda en las Baleares y el País Valenciano pero no en Euskadi y las Canarias–. Pero ni el Supremo ni la Fiscalía lo ven claro: el ministerio público se ha opuesto al toque de queda tanto en Euskadi como también en Navarra, mientras que un informe interno del alto tribunal apunta que no tendría que hacer el trabajo de los políticos.
Alrededor de este contexto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abierto la puerta este lunes en un artículo en El País a sacar adelante "cambios legales adicionales" si "se desprende la necesidad de las resoluciones del Supremo", es decir, si el tribunal veta las restricciones de las comunidades. Además, asegura que la Moncloa apoyaría las peticiones de decreto de alarma que hagan las autonomías para aplicar nuevas restricciones.
Ahora bien, pocas horas después y viendo la polémica suscitada –porque el PP ha vuelto a presentar al gobierno español el "plan b jurídico" al estado de alarma para que las comunidades puedan declarar toques de queda y confinamientos domiciliarios–, Campo ha aclarado que no estaban preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales más allá del estado de alarma, y ha insistido a los gobiernos autonómicos que pueden pedir que se les aplique para decretar el toque de queda, por ejemplo. Según ha explicado en declaraciones a La Sexta después del artículo en El País, sin estado de alarma no se puede acordar esta restricción de la movilidad nocturna, pese al aval en el País Valenciano y las Baleares.
Casado saca pecho de las encuestas
La situación supone un nuevo dolor de cabeza para Sánchez, que intenta gestionar los males resultados en Madrid con el auge de Pablo Casado en las encuestas, no solo las de medios tradicionalmente conservadores. Después de meses asegurando que estaban empatados con el PSOE, el líder del PP ha remarcado este lunes que ahora ya son "primera fuerza a escala estatal" y los españoles tienen que saber que hay una alternativa que puede "ganar" y formar "gobierno" si se convocan elecciones. "Cuando los españoles sean llamados a las urnas, que tengan la tranquilidad de que hay otra alternativa", ha dicho durante un acto sobre el Día de Europa.
En este sentido, la vicepresidenta tercera del gobierno español y nueva cara de Unidas Podemos en el ejecutivo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la coalición está "más fuerte" que nunca y que agotarán la legislatura hasta el 2023 porque "ahora empiezan las reformas más importantes".