El gobierno español asegura que el ministerio de Defensa ya no utiliza a Pegasus

MadridEl ministerio de Defensa llega preparado para asumir el decreto por el embargo total de armas a Israel que este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor este jueves, o al menos así lo indican fuentes del gobierno español, que aseguran que en julio la cartera que pilota Margarita Robles alcanzó la "dependencia cero" respecto a la tecnología israelí. "El ministerio de Defensa no utiliza tecnología israelí el día de hoy", indican desde el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aunque estas fuentes no se pronuncian sobre ninguna empresa concreta y, por tanto, evitan precisar nombres por una razón de seguridad –hay cuestiones que afectan a los servicios de inteligencia del Estado–, eso incluiría una ruptura con Pegasus, el software espía más conocido del mundo creado por la compañía israelí. En el Estado, Pegasus captó todos los focos mediáticos, pero también políticos, cuando Citizen Lab reveló que decenas de políticos y activistas catalanes implicados en el Proceso, entre ellos el expresidente Pere Aragonès, habían sido infectados con este software para ser espiados por el gobierno español.

Las mismas fuentes aseguran que desde el ministerio de Defensa "ya se han anulado todos los compromisos contractuales, del tipo que sean, que implican tecnología israelí". "El embargo [de armas] a Israel conlleva todas las tecnologías de procedencia israelí, todas, absolutamente todas", reiteran. Desde el gobierno central explican que esa "desconexión" tecnológica va acompañada de una finalización de los contratos armamentísticos que salpican productos fabricados en Israel.

Alternativas

En paralelo a este proceso de "desconexión tecnológica [con Israel]", el ministerio de Defensa se ha puesto en busca de alternativas, algunas de las cuales ya se están "implementando", aseguran desde el gobierno español, para sustituir esta tecnología con sello israelí. "Se ha llegado a una fase que hemos llamado de reconversión de los programas [tecnológicos]", indican fuentes de la Moncloa.

Esta reconversión se ha hecho de la mano con las compañías españolas vinculadas directamente, pero también indirectamente, con el sector de la defensa, y quiere "garantizar" que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no tengan ningún problema de suministro [de material]". De hecho, desde la industria de la defensa ven el decreto como una "oportunidad" para estas compañías en el Estado, sobre todo en un momento en el que el gobierno español ha abierto el grifo del gasto en defensa, apuntan fuentes empresariales al ARA. El impacto del embargo sobre el material que hoy utilizan ejército y policía es uno de los argumentos que ha utilizado el PP para mostrar su recelo en el decreto. De momento, los populares no se han pronunciado sobre cuál será su voto cuando el decreto llegue al Congreso de los Diputados.

Blindaje ante reclamaciones

Un ejemplo de esta desconexión son los lanzamisiles Spike. Estos incorporaban tecnología israelí, por lo que el Estado ha anulado su adquisición y busca ahora un nuevo sistema. Según explican desde el gobierno español, se pretende que se desarrolle en España, Europa o país aliado. "Para el ministerio de Defensa, con el decreto aprobado, ya no es posible [este contrato] y por eso el programa ha sido anulado", indican. En cuanto a posibles reclamaciones de las empresas por estas rupturas de los contratos, desde el gobierno aseguran que no han recibido ninguna reclamación y que están "blindados jurídicamente".

Con todo, el decreto no sólo afecta a la esfera pública y, por tanto, a los contratos que pueda tener el ministerio de Defensa, sino que el embargo también incluye al sector privado: empresas españolas, pero también empresas con capital extranjero. Por ejemplo, filiales de una multinacional, incluso si ésta es israelí, aseguran desde el gobierno. "El decreto es muy claro, cualquier material [armas o material de doble uso] o tecnología procedente de Israel o con destino a Israel está prohibido [al Estado]. Por tanto, que una empresa española, o participada por una empresa extranjera, utilice tecnología israelí no es posible de ninguna de las maneras", reiteran fuentes del gobierno español.

Recelo de las organizaciones

Sin embargo, algunas organizaciones propalestinas no están satisfechas con la propuesta del gobierno. Así, por ejemplo, echan de menos claridad en los protocolos de inspección o mecanismos de verificación en cuanto al tráfico de barcos o aviones con posible material militar. También critican las "excepciones a la carta" que puede realizar el consejo de ministros y señalan que no se vetan otras colaboraciones con empresas israelíes más allá del sector militar y de la seguridad. "Se ha agotado todo el margen legal posible", ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles.

Votación incierta en el Congreso

Ahora el decreto deberá votar en el Congreso, donde el gobierno español todavía no tiene los votos ligados. De entrada, ERC y Podemos ya han avisado de que ven insuficiente el embargo planteado. "Es un embargo fake", han indicado fuentes de Podemos. "Le veo mal y demuestra que nos queda mucho por hacer para que el PSOE apruebe un embargo real", ha afirmado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este miércoles por la mañana. Rufián ya ha anticipado que pedirán que no aparezca la excepción del consejo de ministros y ha aprovechado para poner el foco en otro socio, Junts: "También dependerá de Junts, como todo, y diría que no les he oído hablar de Israel", ha dicho. El presidente español, Pedro Sánchez, ha prometido que abrirá negociaciones con sus socios. "Cada uno tendrá que responder por su voto", ha afirmado en rueda de prensa desde la ONU.