Los mossos que desafían la nueva estrategia jurídica de la Generalitat

BarcelonaEl juicio previsto este jueves contra los siete acusados por los disturbios del 30 de enero de 2018 en el Parque de la Ciutadella, el día en el que se suspendió la investidura de Carles Puigdemont, ha quedado aplazado. ¿Por qué? A pesar de que el letrado del Govern ha arreciado la decisión de abandonar la causa, uno a uno –con una única excepción– los agentes que participaron en aquel operativo han decidido mantenerla cuando el juez se los ha pedido. Ahora tendrán dos semanas para buscarse un abogado antes de que se fije una nueva fecha para el juicio, pero lo que ya han evidenciado los mossos es que discrepan de la nueva estrategia adoptada por el Govern de Pere Aragonès, que además de esta prepara la retirada de varias causas similares.

Los agentes pierden la asistencia de los abogados de la Generalitat –desde hace unos meses asignados a la conselleria de Presidencia y no a la de Interior–, pero pueden seguir el camino que abrieron las acusaciones, que hasta ahora reclamaban dos años de prisión para los manifestantes por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El nuevo posicionamiento del Govern es que no se personará cuando no haya lesiones acreditadas con certificado médico y, en caso de que las haya, no se puedan identificar fehacientemente a los autores de las lesiones. En el caso de los siete acusados de este jueves también se ha personado la Fiscalía, que les pide tres años de prisión, y un sindicato de Mossos.

Las defensas han protestado por el aplazamiento del juicio argumentando que los agentes se tenían que haber personado antes y que ahora tendrían que haber quedado fuera del proceso una vez la Generalitat –que en ningún momento presentó ningún escrito exponiendo que los defendiera– se ha retirado. Al inicio de la vista, el abogado del Govern, Josep Lluís Florensa, ha argumentado que la instrucción del caso no ha permitido recoger suficientes indicios contra ninguno de los siete acusados para condenarlos directamente por cada una de las lesiones sufridas por los agentes aquel día. De hecho, la acusación del ejecutivo ni siquiera incluía el delito de lesiones. Fuentes de la conselleria de Interior garantizan que la decisión es firme y que si los agentes quieren buscarse abogado, lo tendrán que hacer por sus propios medios. Lo más probable es que lo hagan a partir de un sindicato.

El tira y afloja con los sindicatos

Este caso evidencia el tira y afloja que mantienen los sindicatos de los Mossos con el departamento de Interior. Fuentes de Interior se amparan en la posición de retirar la acusación porque se había descartado el delito de lesiones –la Fiscalía lo mantiene– y tampoco se puede identificar a los autores. En cambio, el sindicato Uspac –que ya representa a uno de los agentes– ya se ha ofrecido para representar a los mossos que se han quedado sin abogado. El sindicato fue el pasado lunes al complejo central Egara para representar al agente en una reunión en la que también había otros de los mossos implicados y el abogado de la Generalitat. El letrado dijo que se mantendría la acusación, según asegura Uspac, pero al cabo de dos días envió un escrito a la Audiencia de Barcelona para notificar que al final retiraría la acusación.

Fuentes de Interior argumentan que es una “decisión individual” de los mossos afectados personarse en este caso, porque insisten en que el departamento aplicará los nuevos criterios que ha acordado a la hora de anunciar qué hace con cada acusación. Mientras tanto, los sindicatos trabajan para garantizar que ningún agente se quede sin representación. Hace meses que las organizaciones de la plantilla de los Mossos están en pie de guerra contra la posición de Interior. El portavoz de Uspac, Albert Palacio, lo define como una “indefensión total” porque “el abogado que los agentes creían que los tenía que defender se retira”. Palacio considera que la Generalitat “lleva la política a los juzgados” por una “exigencia” de la CUP. “No se entiende que tu empresa te deje desamparado”, dice el portavoz, que lamenta que la renuncia de la acusación sea una orden de Interior, a pesar de que los servicios jurídicos ahora dependen de Presidencia.

Saltar el perímetro policial del parque

De las casi 8.000 personas que se concentraron, según la Fiscalía, el 30 de enero de 2018 frente al Parque de la Ciutadella, más de un millar consiguieron entrar en el perímetro que custodiaban los Mossos a partir de las cuatro de la tarde. El relato del ministerio público describe que un grupo de personas con estética antisistema "agitaron" a los concentrados y provocaron momentos de tensión con los Mossos hasta que consiguieron forzar las cadenas de algunos de los accesos al parque y se dirigieron hacia la fachada principal del Parlament.

Una segunda línea policial custodiaba la cámara catalana, y los agentes recibieron "la hostilidad" de algunos manifestantes, además de empujones y lanzamientos de objetos, cosa que provocó algunas cargas de los antidisturbios. Siempre según la versión de la Fiscalía, en medio de los disturbios dos de los acusados, uno de los cuales del CDR del Pont de Vilomara (Bages), junto con otros no identificados, increparon y agredieron con empujones y puñetazos al menos a cinco agentes que estaban reduciendo a otro manifestante. Otro de los acusados se encaró con los agentes, pero no los agredió, mientras que otros accedieron al parque arrinconando a los agentes contra las rejas gracias a una pancarta almohadillada que les hacía de escudo. El séptimo acusado y algún otro también habrían embestido a un grupo de agentes, uno de los cuales recibió un puñetazo de algún manifestante no identificado.