BarcelonaHace unos días los arqueólogos han descubierto unos restos subterráneos en un hotel del centro de Barcelona que cambian radicalmente el mapa de la antigua Barcino. Por las piedras encontradas, los científicos han llegado a la conclusión de que el foro no seguía la dirección norte-sur, sino el este-oeste. Todo un vuelco para la historia antigua de la capital y una merecida euforia de los excavadores. Pues bien, las desclasificaciones de los papeles del 23-F no han causado ninguna alegría ni apenas ninguna sorpresa: no solo porque no se ha cambiado el mapa oficial establecido sobre el golpe de Estado fallido, sino que las pocas piedras nuevas encontradas solo confirman que a la cárcel fueron a parar todos los que lo eran, pero que no estaban todos los que eran.
Algunos apellidos: el comandante Cortina y los capitanes García Almenta y Sánchez Valiente, destinados todos ellos al Cesid. El primero fue juzgado y absuelto. Los otros dos ni procesados ni juzgados, a pesar de haber participado activamente en la preparación y ejecución de la rebelión militar como se constata en los papeles.
En cuanto a la mayoría del resto de los documentos que he podido revisar, me han hecho pensar en el recordado colega Pepe Oneto, periodista valiente, director de los también valerosos Cambio 16 y Tiempo, que ya en 1982 publicó en un libro la transcripción de las llamadas que le hicieron a la mujer del teniente coronel Tejero y que ahora algunos se sorprenden por su contenido, más propio de una película de Berlanga o Torrente que de un mando del “benemérito cuerpo”. Lo mismo se puede decir de algunos informes del Cesid ahora “revelados”, que ya han aparecido también en algunos de los cientos de libros dedicados.
Un desorden considerable
El gobierno de Pedro Sánchez dice que ha desempolvado todo lo que tenía en sus ministerios, pero lo ha vertido con un desorden considerable, con papeles sin datar ni firmar y mezclando conjuras, desde algunas anteriores al 23-F a otras posteriores, como las del caso conocido como el golpe del 27-O, previsto para los días posteriores a la victoria socialista de 1982.
Echo de menos las comunicaciones que se emitieron entre la Zarzuela y las diferentes capitanías generales a lo largo de las más de 6 horas larguísimas que transcurrieron entre el “todo el mundo al suelo” y el mensaje proconstitucional de Juan Carlos I. Sobre todo, después de leer en sus memorias que la mayoría de los capitanes generales estaban a favor del golpe. Una afirmación que comparte en otro libro Javier Calderón, jefe operativo entonces del Cesid y superior directo de Cortina y Almenta. Y que, a pesar de todas las sospechas de antes y las evidencias de ahora, defiende que nadie del Cesid tuvo ninguna participación en el 23-F. Bueno, no solo eso: el principal responsable de que las máximas autoridades del Estado estuvieran informadas de todo lo que podía desestabilizar el orden constitucional, sostiene en su libro que Armada no fue culpable sino “una víctima política”.
Sí que extraña un papel “secreto” que confirmaría las graves tensiones que vivió el generalato en aquella época: un “comunicando” sobre el arresto domiciliario que impuso el presidente en funciones del tribunal militar que juzgó a los golpistas a dos generales togados (con formación jurídica) por haberle dirigido “términos graves e irrespetuosos”. El primer presidente ya renunció “por razones de salud”. Hoy en día, los generales, por suerte, se han calmado; la desestabilización la originan algunos otros altos togados.
