BarcelonaArchivado ya el ciclo independentista, la política en Catalunya ha tomado más el tono de la gestión que de la reivindicación. Y, sin embargo, en ese marco de normalidad que alguien podría definir como aburrida, en Catalunya ocurren cosas que son más que relevantes para el conjunto de España.
Empezando por el hecho de que el 25% de la población residente en Cataluña ha nacido fuera de España. Esto es una contribución importantísima y al mismo tiempo un reto. Las personas migradas en estos momentos están literalmente sosteniendo el sistema económico y productivo, así como las jubilaciones de las personas mayores. Sin embargo, a nadie se le escapa que en estos momentos Catalunya es el único lugar en España donde conviven dos extremas derechas –Vox y Aliança Catalana (AC)–, que compiten al alimentar una lógica de impugnación del sistema democrático que pone en el centro el racismo y la deshumanización de las personas migradas. A falta de saber cuáles serán los resultados de AC en las próximas elecciones –y cómo se relacionará Junts–, al menos hasta ese momento el conjunto de las fuerzas democráticas catalanas han sabido marginar a la extrema derecha y evitar que imponga sus temas y sus marcos al conjunto de la agenda política. Ojalá se pueda mantener esa tendencia.
Seguimos con las políticas: hay que recordar que Cataluña es en estos momentos la única comunidad que ha aplicado el índice de precios de alquileres para zonas tensionadas, al tiempo que tanto la Generalitat como los municipios más importantes han promocionado finalmente ambiciosos programas de construcción y adquisición de vivienda para alquiler social. Más allá de narrativas interesadas y caducas en torno al mercado de la vivienda como motor económico, existen evidencias suficientemente sólidas de que el camino de la intervención pública –a través de diferentes instrumentos, regulación de precios incluida– es el correcto. Por otra parte, también la apuesta hecha por la Generalitat de querer mantener una política fiscal redistributiva y contrapuesta al dumping fiscal ayusista es una contribución importante, en la medida en que visualiza y aterriza la idea de que la riqueza de una sociedad se mide de acuerdo con la posibilidad de hacer efectivos los derechos del conjunto de la ciudadanía, no convirtiéndose en.
Y acabamos con la atención en la agenda internacional: el Parlament de Catalunya en julio adoptó una resolución en torno a la situación en Palestina, en la que se pide el respeto al derecho internacional y se condenan "las prácticas segregacionistas y de castigo colectivo equiparables al régimen de apartheid", que "son obstáculos". Las resoluciones son documentos declarativos y carecen de aplicación práctica. Sin embargo, en la batalla de relato sobre Gaza, Cataluña, por medio de su institución más importante, ha decidido posicionarse claramente a favor de una narración de la situación que pone en el centro los derechos humanos.
En definitiva, la política catalana, aunque sin "días históricos", ha decidido contar políticamente en España de otra manera, enfrentándose a los grandes retos del momento. Ha apostado por soluciones claramente alejadas de las respuestas simplificadoras e involucionistas que amenazan nuestros sistemas democráticos: marginando a la extrema derecha y sus discursos de odio, defendiendo derechos básicos y manteniendo una lógica redistributiva, mirando al mundo con las gafas de los derechos humanos, las únicas con las que se puede ver claramente. No es poco.
