La nueva ley del catalán llegará tarde para el TSJC
El Govern tendrá que aprobar antes el decreto, puesto que el dictamen del Consejo de Garantías se prevé pasado el 31 de mayo
BarcelonaA Esquerra, Junts, el PSC y a los comunes les ha costado dos meses –desde el acuerdo fallado del 24 de marzo para reformar la ley de política lingüística– llegar a un pacto para responder a la sentencia del 25% de castellano. Las cuatro formaciones políticas llegaron a tiempo para registrar la proposición de ley en el Parlament el martes por la tarde con la previsión de aprobarla el viernes, pero no lo hicieron con un plazo suficientemente amplio teniendo en cuenta la posibilidad que tenían Vox, Ciutadans y el PP de pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Como la triple derecha decidió el jueves hacer esta petición, los planes de la mayoría sobre el catalán han quedado alterados y difícilmente la nueva iniciativa podrá salir adelante antes del 31 de mayo, el plazo que ha fijado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para aplicar la resolución judicial. El Consejo tiene siete días hábiles para dictaminar y, según varias fuentes consultadas, el informe no estará terminado antes del martes de la semana que viene.
La mesa del Parlament remitió la solicitud de la triple derecha el jueves por la tarde y el Consejo de Garantías Estatutarias se reunió el viernes por la mañana y por la tarde para admitir la petición, nombrar poniente y empezar a discutir las líneas maestras del dictamen. Las mismas fuentes prevén que la primera versión del texto se discuta en un pleno el jueves 2 de junio, de forma que se podría entregar al Parlament el mismo viernes 3 de junio o agotar el plazo legal de siete días hábiles que marca la ley hasta el martes 7 de junio. Por lo tanto, de acuerdo con el calendario que está previsto ahora mismo, el pleno para aprobar la nueva ley del catalán no se podría celebrar hasta la semana del 6 de junio, una semana más tarde del fin del plazo que ha dado el TSJC al Govern para hacer cumplir la resolución judicial que impone el 25% de castellano.
Este calendario solo podría cambiar si finalmente el Consejo de Garantías acelera su dictamen, a pesar de que los partidos ya contaban con este riesgo cuando alargaron in extremis la negociación para la nueva ley: eran conscientes de que el resto de los grupos parlamentarios podían solicitar un dictamen y que con el plazo legal que tiene el CGE superaban la fecha señalada por el tribunal.
Primero, el decreto
Si este calendario se confirma la semana que viene, el Govern tendrá que acelerar la aprobación del decreto para responder a la sentencia del 25% antes de terminar la norma en el Parlament. El orden inverso que preveía en un primer momento. Esquerra y Junts pactaron aprobar un decreto ley que situara la responsabilidad de definir los proyectos lingüísticos en el departamento de Educación y que, además, rechazara de manera explícita los porcentajes en la enseñanza. En un primer momento se preveía aprobar primero la ley en el Parlament –la consideran un marco general– con los votos de ERC, Junts, el PSC y los comunes, y después el decreto ley sin los socialistas. Ahora bien, si el Consejo de Garantías no entrega el dictamen el lunes o como mucho el martes por la tarde, el consejo ejecutivo tendrá que dar luz verde a su batería de medidas sin el Parlament.
A la espera de que se agote el plazo, los servicios jurídicos de la Generalitat han presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para informarlo de los trabajos de la nueva ley sobre el catalán y pedirle que suspenda el plazo de quince días que le había dado para aplicar la sentencia. Alega que está a punto de aprobar la nueva norma y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar “graves perjuicios”.
Este sábado, en una entrevista al canal 3/24, el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que la ley del catalán pactada entre Esquerra, Junts, el PSC y los comunes “desmonta” la sentencia y que en el momento en el que se apruebe la ley se produce la “imposibilidad” de aplicar una resolución judicial basada en un marco jurídico antiguo. En cualquier caso, el problema es que probablemente el Govern no contará con la nueva norma aprobada antes del 31 de mayo y que lo tendrá que fiar todo al decreto ley, que se prevé que entre en colisión con la sentencia porque rechazará de manera explícita los porcentajes.