Pedro Sánchez no se ha cansado de repetir estos días, para justificar su giro sobre la amnistía, que debía hacerse de la necesidad virtud. Es loable la sinceridad, pero de alguna forma también está admitiendo que no ha dado el paso por convicción sino forzado por las circunstancias. Si a esto le sumamos la desconfianza y las advertencias lanzadas por sus socios durante el debate de investidura, es comprensible que se piense que ésta será una legislatura convulsa y con poco recorrido. Pero no debería ser así.
Si de lo que se trata es, precisamente, de hacer de la necesidad virtud, quizás también se puede hacer de la inestabilidad virtud; es decir, como todo el mundo es consciente desde el primer minuto de que esto será difícil, todo el mundo debería poner el máximo de su parte para que el invento funcione. De entrada se ha dado un primer paso, que es investir a un candidato para que forme gobierno. Ésta era la parte fácil, porque la alternativa era mucho peor, e ir a nuevas elecciones, un riesgo que nadie quería asumir.
Ahora toca empezar la segunda parte del juego, que consiste en identificar el mínimo común denominador de todos los partidos que han apoyado a Sánchez para que se pongan de acuerdo en la multitud de materias en las que habrá que tomar decisiones, sobre todo las del ámbito económico. Y en paralelo, el PSOE deberá ir cumpliendo sus compromisos, tanto a la hora de desplegar las tablas de negociación, con mediación internacional, como con los traspasos prometidos en el pacto con ERC.
Sánchez debe ser consciente de que son dos caras de la misma moneda, al igual que lo ha sido en esta pasada legislatura. La diferencia ahora es que esta vez serán necesarios todos los votos de vascos y catalanes cada vez. No habrá espacio, pues, para especular con abstenciones o buscar aritméticas alternativas. La mayoría gubernamental deberá actuar como un bloque sólido o no saldrá adelante. Y quien se aparte tendrá que explicar muy bien sus motivos.
El primer año de legislatura será clave para saber hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez. En un año ya sabremos si la amnistía ha funcionado o no, sabremos si las mesas de diálogo se han reunido y ha habido avances, sabremos si el traspaso de Cercanías se ha puesto en marcha ya de forma irrevocable, y si existe una oferta de nuevo sistema de financiación autonómica sobre la mesa. Será a partir de entonces que será necesario evaluar el trabajo del ejecutivo y el grado de cumplimiento de los pactos y, en función del contexto político, decidir. Pero sería una temeridad hacerlo antes, y más después de ver la revuelta de la derecha política, mediática, económica y judicial contra la amnistía y el nuevo ejecutivo. Como ya hemos dicho en anteriores editoriales, la amnistía no será un proceso fácil, y se requerirá mucha habilidad técnica pero también paciencia y control de los tiempos.
Hoy se pone en marcha una legislatura difícil y compleja, con muchos enemigos exteriores y muchos dudas internas, pero los objetivos que están en juego son suficientemente ambiciosos para que todo el mundo ponga el máximo de su parte.
