La oficialidad del catalán en Europa, un paso a "la Primera División" que ahora depende de Francia

BarcelonaLa oficialidad del catalán en la Unión Europea puede ser una realidad una semana después de la Diada. La negociación por el control del Congreso de Diputados ha hecho mover las cosas y, tras el pacto entre el PSOE y Junts, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta al Consejo de la Unión Europea solicitando la modificación del reglamento 1/1958 que regula el régimen lingüístico para incluir como lenguas oficiales de pleno derecho el catalán, el vasco y el gallego, aprovechando que ahora España ostenta la presidencia de la UE. Por ello, hizo entrar en el orden del día del 19 de septiembre esta petición, cuando se celebra el primer consejo de asuntos generales. Sin embargo, no está todo hecho. Para que se apruebe será necesario el voto favorable de los 27 países miembros, lo que suscita desconfianza entre las voces consultadas, que apuntan a Francia como el principal escollo a superar. ¿Pero qué comportaría la oficialidad?

En conversación con ARA, Vicent Climent Ferrando, experto en política lingüística en Europa y autor de un informe encargado por varios eurodiputados sobre qué supone la exclusión de la oficialidad para los idiomas europeos, afirma que de confirmarse el paso sería un "cambio sustancial" para el catalán, porque "todos los programas, proyectos e iniciativas están disponibles en las lenguas oficiales". Así, apunta que programas relacionados con Erasmus, o proyectos de apoyo lingüístico e iniciativas de traducción, deberán encontrarse también en catalán. Una lengua que también debería estar presente en todo lo que desarrollen las instituciones comunitarias sobre inteligencia artificial.

También el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, opina que, "si se acaba aprobando", la designación del catalán como lengua oficial "sería importante y muy positiva" también para los norte-catalanes y alguereses. Subraya que este paso no sólo supone poder hablar en catalán en el Parlamento Europeo y las instituciones, sino que comporta proteger el idioma, porque, de repente, se convertiría en un mérito para acceder a la función pública y todos los documentos oficiales y leyes estarían también en catalán. Además, Escuder remarca que la oficialidad de la lengua reforzaría políticas como la ley de consumo, ya que contribuiría al etiquetado en catalán y la información de productos sanitarios. En estos momentos "la no oficialidad dificulta el uso del catalán en el mismo territorio porque la normativa europea obliga al uso de las lenguas oficiales", lo que hace que otros idiomas pasen por delante del catalán.

El filólogo Gerard Furest coincide en que si se aprobara sería relevante porque "la mayor parte de regulación de las lenguas vendrá de Europa" y el catalán daría un paso hacia la "Primera División" en términos de protección. Sostiene que "beneficiaría a la comunidad lingüística entera, por el valor simbólico muy grande", y se avanzaría en la defensa de la pluriculturalidad del Estado. Así, leyes como la del cine serían más fáciles de cumplir y el doblaje en catalán tendría más recorrido.

De 2005 a 2009 el gobierno español firmó acuerdos bilaterales con la Unión Europea para impulsar el uso del catalán sin optar por la vía de la oficialidad, pero ese camino ha sido "insuficiente" y "no ha funcionado", según los expertos consultados. "La continuación del despliegue de los acuerdos firmados son puro maquillaje y no tienen ninguna efectividad real", sostiene Climent, quien recuerda que este punto intermedio es un conjunto de "parches" y que la única vía para garantizar el catalán en Europa es la reforma del reglamento.

El peligro francés

Si hay un elemento que puede hacer tambalear el acuerdo, éste es Francia. Se necesita el sí de todos los países para que en vez de 24 lenguas oficiales haya 27, y Furest recuerda la animadversión por las "lenguas regionales" del estado francés, donde también se habla catalán y vasco. Apunta que será necesario negociar para conseguir su apoyo. Escuder también advierte que "la oficialidad no hará que se acabe la minorización de la lengua" y que "no hay que curiosearse en la política lingüística". Coincide Furest, que insiste en que "hay que hacer cumplir las leyes" y tener presente que la proactividad de los hablantes sigue siendo clave.