La cúpula de los fiscales no ve delito en la difusión de las negociaciones con la pareja de Ayuso

MadridEl conflicto interno en la Fiscalía ha terminado con el aval de la posición de la número dos del ministerio público. Una mayoría de la Junta de Fiscales de Sala se mostró a favor del criterio fijado a sus subordinados, de pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado que se opongan a la admisión de las querellas presentadas contra la Fiscalía por revelar la negociación legal con Alberto González Amador. Por ahora, aparte de la del novio de Ayuso, hay otra presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El fiscal encargado del segundo caso le ha obedecido, pero la fiscal María de la O Silva, que tiene en sus manos la denuncia del empresario, es partidaria de llevar adelante la investigación. Invocó el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que indica que si no se está de acuerdo con una decisión de un superior jerárquico se puede convocar a la junta de fiscales para intentar cambiar el criterio. Tras horas de debate, no lo ha logrado, según informan fuentes del ministerio fiscal, que explican que el argumento esgrimido para inadmitirlas es que "no hay delito ni existen indicios contra los querellados". La denuncia de González Amador apunta a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.

Sea como fuere, Sánchez Conde pudo acabar imponiéndose igualmente, más allá de la posición mayoritaria que se adoptara en esta reunión de 32 fiscales de sala. No ha participado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha decidido abstenerse del caso. Por su parte, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha encargado de tensar aún más el clima afirmando, en un tuit a X, que su sensación es que "el fiscal general del Estado acabará en prisión".

8 meses de prisión

En paralelo, se han conocido más detalles de la propuesta del acuerdo de conformidad de González Amador que fue abombada hace un mes por la propia Fiscalía de Madrid después de que Ayuso negara categóricamente el fraude fiscal de su pareja. En este acuerdo González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por evitar el juicio por los dos delitos fiscales por los que es investigado. En un documento avanzado por la SER y al que ha tenido acceso la agencia Efe, su abogado detalla la pena y la multa que estaría dispuesto a asumir en el marco del pacto de conformidad que ofreció al ministerio público el 2 de febrero.

Sin embargo, ahora se han conocido sus términos con detalle. González Amador planteaba aceptar ocho meses de cárcel –por lo que evitaría entrar al ser menos de dos años y no tener antecedentes– y abonar la cuota defraudada, que ronda los 350.000 euros, más los intereses de demora y una sanción del 40% de esa cantidad a Hacienda, lo que sumaría unos 525.000 euros.

González Amador también asumía no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicas ni tampoco el derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses.