La nueva ley de memoria democrática dará un año para retirar el monumento franquista de Tortosa

BarcelonaAmplia mayoría para la aprobación de una nueva ley de memoria democrática en Cataluña. El PSC, Junts, Esquerra, Comuns y la CUP han acordado un texto legal que incluye la retirada del monumento franquista de Tortosa en un plazo de un año y de todos los que hay en Cataluña en un máximo de dos; reclama al gobierno español que convierta la comisaría de la Vía Layetana de Barcelona en un centro de interpretación de la tortura y la represión, y establece un régimen sancionador que prevé multas de entre 200 y 250.000 euros por los daños a espacios clave para la memoria histórica –como pueden ser las fosas comunes–, exhibición de simbología o enaltecimiento del franquismo, el nazismo o el fascismo.

Fuentes de los diferentes partidos que firman el acuerdo explican que han decidido imponer al Govern solo un año de plazo para retirar el monumento franquista de Tortosa porque es un caso en el cual "ya hace mucho tiempo que se trabaja" y "hay mucho trabajo hecho", a pesar de los impedimentos legales que ha tenido que afrontar. Así, doce meses es el tiempo justo que calculan que se necesita para volver a realizar la licitación y ejecutar la obra. En cuanto al resto, el plazo es del doble porque antes todavía hay que culminar el inventario de simbología franquista que se encuentra por todo el país, especialmente en viviendas. En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que este trabajo ya está bastante avanzado. Por otra parte, la normativa quiere crear otro inventario sobre toda la simbología republicana que el régimen franquista borró, aunque consideran que requiere más trabajo y en ningún caso se obliga a recuperarla.

La nueva normativa también incluye la creación de una comisión técnica sobre memoria. Estará formada por un grupo de expertos y, como si se tratara de un tribunal, intentará averiguar crímenes del franquismo que no han sido resueltos. Contará con un plazo de dos años para emitir sus conclusiones, y estudiará pruebas y se entrevistará con testigos, víctimas y agresores. Fuentes de los diversos partidos señalan que el objetivo de este organismo es ofrecer una especie de reparación a las víctimas del franquismo, aunque sea tan solo saber la verdad.

Fuentes negociadoras de la normativa admiten que han incluido un régimen sancionador lo más ambicioso posible, pero teniendo en cuenta las limitaciones del marco legal para evitar que otros grupos, como el PP y Vox, puedan poner trabas legales y se ponga en riesgo la entrada en vigor de la normativa. De hecho, los cinco partidos que firman el acuerdo prevén que se lleve a la Comisión de Justicia este jueves al mediodía, y que ya se pueda votar y aprobar en el próximo pleno del Parlamento, si bien se puede demorar si algún grupo parlamentario lo lleva al Consejo de Garantías Estatutarias. En todo caso, el portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, ha asegurado en rueda de prensa que al menos de momento no tienen previsto dar este paso. "No aporta nada. Es un organismo que nos cuesta mucho dinero y, además, es consultivo", ha dicho el diputado de extrema derecha.

El régimen sancionador clasifica el enaltecimiento del franquismo, como puede ser colgar una bandera del régimen dictatorial en el balcón, como falta grave; y pretende sobre todo evitar que se enaltezca el franquismo en, por ejemplo, actos conmemorativos o manifestaciones de las víctimas del régimen dictatorial o la Guerra Civil. Las faltas muy graves tienen que ver con dañar o destrozar espacios de una gran relevancia para la memoria democrática, como pueden ser fosas comunes o zonas donde se tiene la certeza de que hay víctimas enterradas.

Las enmiendas de la CUP y Junts

Más allá de los tres socios –el PSC, ERC y Comunes–, en las negociaciones también han participado Junts y la CUP. Ahora bien, se han adherido y han retirado todas las enmiendas a la nueva ley a cambio de que se añadan algunas de sus principales peticiones. La más destacada es el compromiso de aprobar en un futuro otra ley que no solo trabaje por la memoria democrática desde el inicio de la Segunda República hasta la celebración de las primeras elecciones catalanas, como la que se ha acordado este martes, sino que también incluya el régimen democrático actual. De esta manera, tanto los miembros de Junts como los de la CUP han conseguido que el Parlamento se "comprometa" a recordar la represión que ha ejercido el estado español durante estos últimos años de democracia, especialmente contra el independentismo.

Por otra parte, tal como había pedido la CUP, la normativa también incluye un punto en el que pide al gobierno español que reconvierta de una vez por todas la comisaría de la Vía Layetana de Barcelona en un centro de interpretación de tortura y represión. Aun así, se trata de una mera petición a Madrid, ya que la Generalitat no tiene las competencias para llevarlo a cabo.