Juntos plantea limitar la renta garantizada y poner fin a "la cultura del subsidio"
La formación de Puigdemont presenta una batería de propuestas para rehacer la clase media
BarcelonaPoner fin a "la cultura del subsidio" o "de la dependencia" y "premiar la cultura del esfuerzo" es una de las propuestas de Junts en su plan para rehacer a la clase media, que considera que está en vías de desaparición. La formación propuso el pleno monográfico que ha comenzado este martes, donde ha planteado dar la vuelta de arriba abajo al modelo de subsidios vigente, reformulando y limitando de manera significativa la renta garantizada de ciudadanía, que aprobó en julio del 2017 el ejecutivo que encabezaban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. De rebote, esto también significa una enmienda al modelo del ingreso mínimo vital español.
Los junteros reclaman que "la cultura del trabajo" se imponga en la definición de las políticas públicas y, por ello, reclaman "reordenar el sistema de ayudas y subsidios". La forma de hacerlo es vincular de forma directa la renta garantizada a la activación laboral, es decir, a la búsqueda de un trabajo. "Las prestaciones para personas capacitadas para trabajar deben ser temporales y vinculadas a la formación y la inserción efectiva", destacan en sus propuestas.
En este sentido, defienden "reforzar las políticas activas de empleo conectadas con el tejido productivo para que las ayudas se conviertan en instrumentos de autonomía y no de dependencia". Así pues, la coordinación entre el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) y la prestación de la renta garantizada de ciudadanía se convertiría en una necesidad absoluta. Esto, según fuentes junteras, es un "cambio total" para pasar de prestaciones para vivir o "malvivir" a un enfoque laboral centrado en encaminar hacia el "trabajo digno".
La idea de Junts es que las prestaciones incondicionales de la renta garantizada deberían ir destinadas exclusivamente a personas no aptas para trabajar, como los que sufren discapacitados, mientras que la gran mayoría deberían tener el enfoque laboral. Una propuesta que recuerda las prestaciones por desempleo que se cobran cuando se tiene derecho al paro, aunque éstas son competencia exclusiva del Estado.
Hay 41.500 beneficiarios anuales de la renta garantizada, mientras que el ingreso mínimo vital español llega a otras 75.000 familias en Catalunya (estas prestaciones son incompatibles entre ellas). El criterio para acceder es básicamente la renta familiar. Ahora bien, sí es un requisito mantenerse inscritos en el SOC y no rechazar "una oferta de trabajo adecuada".
Las demás medidas
Una de las conclusiones de los junteros es que el sistema de ayudas lo sostiene una clase media cada vez más depauperada y que se dirige a un sector de la población al que también es necesario exigirle contraprestaciones. "Todas las personas que puedan trabajar, que tengan la capacidad de trabajar, debemos acompañarlas hacia un trabajo digno, pero no hacia un subsidio garantizado", aseveró en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Así, proyectan el subsidio como una vía transitoria, pero también hacen entrar la inmigración en el debate: Vergés también ha lamentado que "no se haya dimensionado lo suficiente al país" para garantizar las necesidades de la ciudadanía.
La idiosincrasia liberal de Junts también se nota en otras propuestas: defienden rebajar la fiscalidad con la deflactación del IRPF y una rebaja de impuestos, además de la bonificación del impuesto de sucesiones; gestionar la inmigración con competencias propias o conseguir el concierto económico para abordar las necesidades materiales del país. También exigen una retahíla de traspasos como el de Cercanías, sitúan a la lengua catalana como "ascensor social" o plantean revertir la crisis de la vivienda con "colaboración público-privada" y "la activación del suelo", además de establecer un salario mínimo de referencia catalán de 1.400 euros. Tampoco evitan cargar contra el ejecutivo de Salvador Illa, de quien piden la reprobación por "la mala gestión" y la "dependencia" del gobierno español, que "afecta" a los ciudadanos y "pone en peligro al ascensor social".
Respuesta del Gobierno
En el pleno, Vergés ha reprochado al gobierno del PSC que renuncie "a los 20.000 y pico millones de euros" del concierto económico por los "muelles de los 4.000 millones" que representaría para Catalunya la aprobación en el Congreso del presupuesto español. Asimismo, insistió en que la única solución es "sacarnos la e de España, poder pasar del país que tenemos al que merecemos".
En el turno del Gobierno, tanto el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, como la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, han querido felicitar a los junteros por la iniciativa del debate, pero también les han advertido de que la fórmula que proponen de " el buen ritmo del PIB y de la economía. La consellera ha admitido que ella es fruto del ascensor social, que se ha podido frenar por movimientos globales a los que el estado del bienestar no ha sabido adaptarse. más eficientes.
