La política catalana se suma al debate sobre la renta universal

BarcelonaHasta 2023, ERC y CUP se han comprometido a “diseñar, implementar y evaluar” una prueba piloto para introducir la renta básica universal (RBU) en alguna franja de edad. Catalunya se suma así a los territorios que han planteado experimentos similares, a pesar de que, de momento, los estados continúan prefiriendo las rentas dirigidas a la población en riesgo de pobreza. La diferencia principal entre la actual renta garantizada de ciudadanía (o el ingreso mínimo vital) y la RBU es que esta última va dirigida a toda la población de un territorio y no hay condiciones para cobrarla: no se tiene que justificar, por ejemplo, un nivel mínimo de ingresos. La recibirían ricos y pobres (en el preacuerdo no se habla de una cantidad concreta), pero no todo el mundo saldría ganando. “Aunque todo el mundo la recibiera, el 20% más rico saldría perdiendo”, dice el doctor en ciencia económica y presidente de la Xarxa Renda Bàsica, Daniel Raventós.

En los cálculos que ha hecho conjuntamente con los economistas Jordi Arcarons y Lluís Torrens, la asignación económica sería el equivalente al umbral de la pobreza, 8.815 euros anuales en el Estado cogiendo datos de 2018 (en Catalunya estaría ligeramente por encima), unos 735 al mes (145 para los menores). “Se acabaría matemáticamente con la pobreza”, concluye Raventós, teniendo en cuenta que la renta garantizada solo llega (por falta de financiación, problemas de gestión e insuficiente publicidad) a un tercio de las personas que Idescat sitúa en la pobreza severa (376.000 en 2018). También se reduciría drásticamente la desigualdad.

¿Cómo se financia?

El principal problema es financiarla. Según los mismos autores, el coste bruto sería de unos 285.000 millones de euros cada año en el Estado (sin País Vasco y Navarra) y de unos 53.000 millones en Catalunya. “No podría aplicarse si no va acompañada de una reforma fiscal”, advierte. ¿Cuál? En el libro Renda bàsica incondicional (Edicions del Serbal) plantean una profunda modificación del IRPF: el importe de la RBU quedaría exento, pero a partir del euro siguiente se aplicaría un tipo único, del 46% o del 49%. Además, se eliminarían los mínimos personales y todas las deducciones de la cuota.

En Catalunya esta reforma generaría más de 30.000 millones. Como también se eliminarían las prestaciones por debajo de la RBU (las que hay por encima no crecerían) y se reducirían los gastos de administración (no habría que destinar trabajadores a comprobar que se cumplen las condiciones), se conseguiría ahorrar 15.000 millones más. Todavía quedarían por cubrir 7.700 millones de euros, que se podrían reducir a 4.600 si en lugar de distribuir la renta por personas se hiciera por hogares (cada adulto adicional contaría la mitad y cada menor una tercera parte). Estos recursos tendrían que salir de las rentas más altas (impuestos a las grandes fortunas, reforma del impuesto de patrimonio y del de sociedades, impuestos ambientales, combatir el fraude fiscal, etc.).

Según los autores, el 70% de los contribuyentes se beneficiarían de esto, y para llegar al 80% plantean establecer una “cláusula de rescate” (15.000 millones más de transferencia de ricos a pobres, unos 2.800 millones en Catalunya). En definitiva, cualquier persona con una renta anual por debajo de los 30.000 euros saldría ganando o se quedaría en la misma situación en la que estaba (a partir de 130.000 euros en el caso de una familia de dos adultos y dos menores) y el resto, el 20% con rentas más elevadas, perdería. Los más ricos, los que más: a partir de 400.000 euros pasarían de un tipo efectivo del IRPF del 24,85% a uno del 38,91%.

Germà Bel, profesor de política económica ej la UB, destaca que a las dificultades inherentes para financiar una RBU, Catalunya añade una de básica: no tiene plena capacidad fiscal, solo controla la mitad del IRPF y, además, lo recauda el Estado. Por lo tanto, no podría dejar sin tributar la renta básica y solo podría subir el tramo autonómico. Tampoco podría prescindir de las prestaciones derivadas de la legislación española y tendría que continuar gestionando las que están por encima de la RBU. Financiar el plan piloto costaría 4.200 millones de euros, “más que todos los impuestos que regula la Generalitat”. “No la pueden hacer en la práctica ni tampoco legalmente”, destaca, y apunta a la “ignorancia o a la mentira” de los políticos que hablan de aplicarla a corto plazo.

Hay al menos dos problemas más. El efecto llamada a las personas pobres otros lugares, que incrementaría los gastos, y el efecto fuga de las grandes rentas, que reduciría los ingresos. Para intentar resolver el primero, se fijaría un tiempo mínimo de residencia (la CUP plantea un año). Para el segundo, Bel propone irónicamente “cubanizar Catalunya” para prohibir que se vayan.

Alaska y los Cherokee

“Vale la pena destinar mucho más dinero a las políticas de rentas”, dice Oriol Amat, catedrático de economía financiera de la UPF, que apela a la Unión Europea. En el mundo solo hay dos regiones que apuestan por una RBU: Alaska (dependiente de un fondo vinculado al petróleo) y la comunidad Cherokee de Carolina del norte (de los casinos), las dos en los EE.UU. Pero ha habido experimentos en Finlandia, Namibia, Irán, India o actualmente en la localidad californiana de Stockton. “Se ha visto que cae la delincuencia, mejora la escolaridad de las capas más humildes y caen el alcoholismo y el consumo de drogas”, indica Amat.

También se ha comprobado una mejora de la salud mental y no hay resultados concluyentes para saber si desincentiva la búsqueda de trabajo. En Barcelona, entre 2017 y 2019, Lluís Torrens dirigió un plan piloto en diez barrios situados en el cauce del Besòs. Todas las familias eran usuarias de los servicios sociales y se combinaba una renta básica de 400 euros con otras rentas condicionadas. “Los usuarios de la RBU tuvieron más incentivos para buscar trabajo porque los otros perdían los ingresos en caso de encontrarla”.

El programa electoral de la CUP es el más explícito, y también el de ERC hace mención a la RBU. “No tenemos las competencias y tenemos que ser realistas e ir paso a paso, pero es un objetivo a seguir”, explica Agnès Rotger, secretaria de derechos sociales y ciudadanía de los republicanos. Desde JxCat exponen más dudas en cuanto a la sostenibilidad del modelo, pero estudiarán “cualquier herramienta que ayude a erradicar la pobreza y a no estigmatizar a las personas que reciben subsidios”, dice Gemma Geis. Que finalmente se haga el plan piloto dependerá de si se ponen de acuerdo.