El ponente conservador del TC rechaza la amnistía a Turull: “Disponer de lo que no se disponía implica un beneficio”

Madrid“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la que ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

El documento, de 65 páginas, justifica que “el uso de dinero público reportó un beneficio personal en forma de ahorro patrimonial”, porque los consejeros “se aliviaron de un gasto propio” pagando con dinero público unos gastos que habrían tenido que “afrontar con su propio dinero”. “No tuvieron que pagar de su bolsillo la financiación del proceso secesionista”, recalca. “El enriquecimiento no puede limitarse al aumento del patrimonio, sino también a evitar su disminución, imputando gastos personales al erario”, añade, haciéndose suyo el argumento del Supremo de que el Procés era su “particular proyecto político”. Y aporta otro motivo: “Mientras los ciudadanos que apoyaron el proceso con donaciones vieron reducido su patrimonio, los responsables públicos mantuvieron intacto el suyo, y se ahorraban un gasto propio. De esta manera, el dinero de todos evitó que el suyo se redujera”.

Este primer posicionamiento no conllevará que el Tribunal Constitucional se decante por impedir la amnistía a Jordi Turull. Previsiblemente el 22 de septiembre la mayoría progresista cerrará el paso a esta versión. Aquel día, José María Macías defenderá su postura, pero si se queda en minoría, habrá que elaborar una nueva ponencia que acepte el recurso y fuerce al Supremo a aplicar la amnistía. De esto se podría encargar él mismo –tendría que poner negro sobre blanco un parecer contrario al que él piensa, pero le permitiría modular la justificación– o otro magistrado que designara el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. La previsión es que la siguiente versión se discutiera el 6 de octubre. De momento, Pablo Llarena se ha abierto a levantar la orden de detención de Carles Puigdemont justo después del primer veredicto del TC.

Ni “arbitrariedad” ni “irrazonabilidad”

La conclusión del magistrado conservador del Constitucional es que la negativa del Supremo no incurre ni en “arbitrariedad”, ni en “irrazonabilidad manifiesta”, ni en un “error patente”, sino que es una mera “discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad”. Jordi Turull denunció que la decisión de no amnistiarle había vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, de participación y representación políticas, de defensa y a conocer la acusación, así como el principio de legalidad penal y la prohibición de interpretaciones contra el reo.

Ahora bien, la ponencia de José María Macías niega que Manuel Marchena protagonizara una “extralimitación o exceso” negándose a perdonar la malversación: “Más bien todo lo contrario. Su labor se ha circunscrito a su función primordial, la interpretación de la legalidad tal como viene descrita en la misma norma y no un impreciso papel de exegeta de una aparente voluntad del legislador, si esta no viene coherente y clarísimamente descrita”. El texto considera que el Supremo dio una respuesta “razonada, completa y estructurada” con una motivación que permite “conocer con claridad el itinerario lógico y jurídico”.

El primer borrador de la ponencia también niega que la negativa a aplicar la amnistía haya afectado al derecho a la representación política de Jordi Turull y se remite a la sentencia del juicio del Procés: “No introduce una nueva restricción autónoma, ni prolonga por sí misma una situación constitucionalmente ilegítima de exclusión política, sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías”. Y recuerda que el TC tumbó en 2021 el recurso de amparo de Turull contra la condena.