El PP y Vox aprietan el acelerador en contra de la memoria histórica y evitan tachar el franquismo de dictadura

MadridLos acuerdos de coalición autonómicos del PP con Vox hacían ya presagiar un posible retroceso en materia de memoria democrática. Lo que suscribieron en la Comunidad Valenciana tras las elecciones del 28-M hablaba de "garantizar la libertad de memoria" y avanzaba que, una vez accedieran al gobierno, derogarían "las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos". La cesión de los populares frente al relato negacionista de la ultraderecha se ha concretado en la última semana. El pasado jueves los grupos del PP y de Vox en las Corts Valencianes registraron una nueva ley de "concordia" que evita calificar de dictadura al régimen franquista. Este martes fue el turno de Castilla y León, donde el PP gobierna también gracias a Vox desde hace dos años, con el registro de una norma muy similar. De esta forma la derecha pulsa el acelerador para dar marcha atrás en memoria histórica.

"Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo", comienza la proposición de ley presentada en las Cortes de Castilla y León, que denuncia que "las nuevas generaciones, que no vivieron , ni siquiera remotamente, ninguno de los referidos enfrentamientos, han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de este conflicto cuya única finalidad es alimentar a una división partidista de la sociedad". El texto equipara a las víctimas de la Segunda República a las del franquismo ampliando su aplicación temporal en 1931 y elimina la condena de la dictadura y la represión de Franco, que sí salía a la anterior normativa todavía en vigor, impulsada por el PP el 2018.

El movimiento realizado por PP y Vox en ambas autonomías ha enfurecido tanto a la oposición de izquierdas como a las entidades memorialistas y los sindicatos. De hecho, el gobierno español estudiará llevar la cuestión al Tribunal Constitucional. Lo advirtió hace unos días la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, en una entrevista en À Punt en la que denunció que "nunca se había atravesado la línea de contradecir la ley de memoria democrática defendiendo incluso el franquismo". El delegado del gobierno español en Castilla y León, Nicanor Sen, también ha avisado este miércoles de que no dudarán en emprender "todas aquellas acciones permitidas por la legislación actual en contra de las confrontaciones que establezca la ley" y ha criticado que el PP esté pagando ese "triste peaje".

En la misma línea, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto el grito en el cielo ante lo que considera "un gran acto de negacionismo y desprecio a las víctimas del franquismo". En un comunicado, la entidad presidida por Emilio Silva denuncia "el uso fraudulento" de la palabra concordia y la puesta en marcha de una "gran operación de blanqueo del fascismo". La asociación registró este miércoles un escrito de respuesta a la iniciativa de PP y Vox dirigido a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. "Se quiere ejercer censura sobre las exhumaciones y las reparaciones a las víctimas para ocultar la identidad y los hechos de los verdugos; un texto que pudo firmar el dictador Francisco Franco", dice el escrito, debido a que la proposición de ley prohíbe " la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación”.

El PSOE de Castilla y León ha apelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "obligue a retirar" esta ley "miserable" y "de adoctrinamiento fascista". Ahora bien, la secretaria de organización de la federación socialista, Ana Sánchez, no lo ha hecho con demasiadas esperanzas teniendo en cuenta que el presidente de los populares ya miró hacia otro lado cuando se suscribieron los pactos de coalición con Vox todo y ser consciente de la deriva que implicaría gobernar con la ultraderecha.