El PP endurece el tono con la inmigración y quiere imponer el castellano para el permiso de residencia

BarcelonaEn la batalla contra Pedro Sánchez por la presidencia del gobierno español, el PP pretende rearmarse ideológicamente cara a su congreso de julio y este martes ha presentado su nuevo rumbo político, que incide –siguiendo la tendencia de la derecha y la ultraderecha en Europa– en las políticas de inmigración y seguridad. A la espera de las enmiendas que pueden presentar los militantes del PP, los 'populares' plantean "eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas". En su opinión, la "irregularidad no puede generar derechos" y, además, pretenden condicionar "la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de seguridad social, al conocimiento de la lengua y de la cultura españolas".

En palabras de uno de los ponentes, el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, hay que reivindicar "el orgullo" y la "riqueza cultural" del "español", y ha defendido, tal y como recoge el texto, "que se proteja y se proyecte más el español, en convivencia con las lenguas cooficiales," catalán, el euskera, el valenciano y el gallego", haciendo gala otra vez de secesionismo lingüístico, como si el valenciano y el catalán no fueran la misma lengua. Aunque sitúan al castellano como un requisito para los inmigrantes que quieran quedarse en el Estado, también añaden que la "lengua no puede ser una traba, sino un mérito para acceder a la función pública". El documento detalla también que el castellano volverá a ser la única lengua de uso en el Congreso.

Dureza migratoria y seguridad

En plena competición con la extrema derecha de Vox, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo propone que el reagrupamiento familiar sea de "carácter excepcional", al considerar que "se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control". También se reafirma en la "tolerancia cero" con "aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no quieren integrarse".

La ponencia sí sintetiza que "el control de fronteras no es ni un capricho ni una amenaza", sino que es la garantía de la convivencia en libertad. Por eso, aún desarrolla más este aspecto defendiendo "vías de entrada legal y ordenada" de inmigrantes, "primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos", una idea calcada en la del partido de Santiago Abascal. En todo caso, se circunscribe a quienes "cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes del sistema de valores" español. Donde los populares quieren diferenciarse es en que afirman que "el inmigrante no es víctima ni verdugo", con "derechos" y "obligaciones", e insisten en que es el gobierno estatal la institución que "debe asumir las consecuencias del control migratorio".

La ponencia también recoge el auge del crimen organizado, defiende poner los cuerpos de seguridad al día en medios, suprimir "trabas burocráticas" y cambiar la ley para endurecer las penas "en los casos de multirreincidencia" como en el hurto continuado. Asimismo, defiende la contundencia contra la ocupación ilegal y la inquiemple, con las medidas que han defendido de los desalojos expreso y la protección del propietario.

Pactos con Vox

A pesar del endurecimiento de los postulados ideológicos, existen varios puntos con guiños al centrismo. De hecho, en el acto de presentación de la ponencia política del congreso popular se asomó el ala más moderada del partido, que es la que lo ha escrito. Los cuatro responsables de este sector son los presidentes andaluz y castellano-leonés, Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el eurodiputado Alma Ezcurra. Todos vestidos de blanco, que Moreno identificó con la "transparencia" y la "pureza", se aferró a una "moderación" que contrapusieron al presidente español, Pedro Sánchez.

Moreno Bonilla ha defendido que "la moderación y la convivencia ganen la partida a los abusos del poder ya la crispación organizada desde el poder para dividir a los españoles". Por ello, ha reivindicado la "regeneración democrática" por la corrupción que achaca al ejecutivo español, señalado por supuestas comisiones ilegales de la trama Cerdán. Entre las medidas que ha planteado, se encuentra contra la "colonización de las instituciones" para garantizar la independencia judicial, cambiando también la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que "los jueces elijan a los jueces" y blindando la acusación popular. El texto también se opone a los cordones sanitarios, por lo que avala el pacto con la extrema derecha de Vox: "Ni cordones ni mayorías incoherentes". En este sentido, defiende un "gran acuerdo nacional" que refuerce los "consensos" en el Estado, pero matiza que "hoy no existen las condiciones políticas" para alcanzarlo, en alusión a un eventual pacto con el PSOE. Aunque la crítica al nacionalismo es recurrente en toda la ponencia, nada dice de pactos con fuerzas independentistas y nacionalistas como Junts o el PNV.

"El PP aspira a obtener una mayoría suficiente que le permita gobernar aplicando su programa en base a la Constitución y la defensa del interés general como únicas guías", afirma. Todo ello, sin renunciar a "principios y valores" y sin entrar en "subastas políticas", en referencia a los pactos de Sánchez con el independentismo. Precisamente, en este ámbito la ponencia plantea definir los criterios de concesión del indulto y prohibirlo para los condenados por terrorismo, la corrupción, los ataques a la "integridad territorial del Estado", "contra el orden constitucional" y los "cometidos contra menores". También prevé recuperar el delito de sedición sin mencionar el nombre de "delito de deslealtad constitucional" que había propuesto Feijóo hace dos años.

Autonomías, paro y familia

Por otra parte, la ponencia defiende el estado de las autonomías –Moreno incluso dijo que sirvió para "parar los pies" a supuestos excesos de Sánchez–, pero de una manera "racional", con mayor coordinación y garantizando "unidad" en la legislación económica. También se abordan las políticas sociales y de vivienda –liberando suelo y con concesiones por construir–, pero también de trabajo. "Es necesario que digamos con claridad que aquellas personas que rechazan ofertas de trabajo razonables no tienen derecho a tener la percepción de paro", ha dicho Mañueco.

También en familia hay varios puntos: Ezcurra ha defendido que "hay que prestigiar el papel de las madres" y "reivindicar el papel de los padres", y ha criticado la "visión machista de la izquierda cuando ha dotado un papel secundario en la sociedad y en la familia" al hombre. "El papel de los hombres, de los maridos, de los hermanos, debe ser restablecido porque es la mejor forma de garantizar que se formen familias en este país", espetó. Ahora bien, existe una medida para "compasar el reloj biológico con el social" con "ayudas a la congelación de óvulos de las mujeres jóvenes". En cambio, lo que ni siquiera se menciona en todo el texto son asuntos que dividen al partido como el aborto o la eutanasia.