El PP entra en pánico con su "error" que reducirá años de cárcel a miembros de ETA

MadridLa denuncia de los crímenes de ETA, casi 13 años después del fin de la banda terrorista, es una parte nuclear del argumentario del PP. Aparece habitualmente en los discursos de sus dirigentes y es un hit de las campañas electorales. Durante la de las elecciones generales del 23-J, Alberto Núñez Feijóo incluso hizo un acto en Ermua, el municipio del País Vasco donde estaba concejal Miguel Ángel Blanco, coincidiendo con el aniversario de su asesinato por ETA el 13 de julio de 1997. Los vínculos con algunas asociaciones de víctimas, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), son estrechos. De ahí que "el error" en la votación de la reforma legal que permitirá reducir el tiempo que pasen etarras en prisiones españolas ha abierto una crisis interna en el partido y ha generado un fuerte malestar en sus filas.

Se ha recreado Pedro Sánchez este miércoles desde el Congreso. "¿Ustedes saben lo que votan o no? ¿O saben lo que votan y después de ver la reacción a los medios echan la culpa a otros de sus errores?", ha planteado el jefe del ejecutivo, que pone en duda que el PP haya estado "más torpe de lo que parece" y apunta a posibles presiones al líder popular para "cambiar de opinión". "El problema de este país es que tiene una oposición sin nadie al volante", le espetó Sánchez, que dejó caer que quien manda es "la jefa", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dirección del PP rechaza pedir responsabilidades individuales a los diputados en el Congreso que no detectaron el cambio que introducían las enmiendas de Sumar en el proyecto de ley que modifica la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales. El nuevo texto permite, por ejemplo, que condenados de ETA se descuenten los años de prisión que han cumplido en Francia de los que tienen pendientes en España, al igual que ya puede hacerlo cualquier otro preso. Uno de los beneficiados por esta modificación, según el recuento realizado por la propia AVT, sería Txapote, apodo de Xabier García Gaztelu, uno de los terroristas a los que se atribuye precisamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La reacción del PP es pasar al ataque y responsabilizar al gobierno español. No es lo mismo apoyar esta modificación por "equivocación", como han hecho ellos, que hacerlo deliberadamente como hace el ejecutivo de Pedro Sánchez, dicen fuentes de la dirección estatal.

Pero en el PP están tocados. Feijóo llamó personalmente a la presidenta de la AVT, Maite Araluce, para disculparse por "no haber votado como debería" en el pleno de la cámara baja del 18 de septiembre que dio luz verde a la reforma con el voto a favor de los populares y de Vox, que también ha asumido el mea culpa. Ahora bien, los populares argumentan que, aunque hubieran votado en contra, no habrían podido detenerlo porque la mayoría plurinacional lo habría aprobado igualmente. En esto se escuda ahora Feijóo, que pide al presidente del gobierno español que retire el proyecto de ley antes del próximo lunes, cuando se votará en el Senado y pasará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por mucho que el PP vote en contra, no podrán detener el cambio porque, como no se habían dado cuenta del efecto que tendría, tampoco introdujeron a tiempo enmiendas en el paso por la cámara alta.

Conscientes de que no encuentran herramientas para frenarlo, los populares buscan la forma de rehabilitar su imagen. Nada más empezar la intervención en respuesta a Sánchez, que comparece este miércoles en la cámara baja, Feijóo le ha pedido que "si tiene un mínimo de conciencia" dé el paso de retirar la reforma legal "que deja sin efecto más de 300 años de cárcel para los condenados por terrorismo". El gobierno español ya ha avanzado que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás. "Quédese los aplausos de Txapote", ha dicho el líder popular. Pocos minutos antes de que empezara la réplica del líder popular, entró en el hemiciclo Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y senadora del PP. Se ha sentado junto a Feijóo y la bancada de los conservadores le ha recibido de pie entre aplausos. Una performance que quiere mostrar un cierre de filas mientras por los pasillos del Congreso se habla de la posibilidad de que haya dimisiones en el PP.

"Quien debería dimitir es el presidente del gobierno", replicó el portavoz popular, Borja Sémper, antes de entrar en el pleno. En una reunión este martes por la mañana, los parlamentarios del PP que participaron en la tramitación del proyecto de ley –y firmaron haberlo estudiado "con detenimiento"– pusieron sus cargos a disposición del partido en una reunión con el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Sin embargo, la dirección popular rechaza cortar cabezas y habla de "colectivizar la responsabilidad". "Debemos centrar todos los esfuerzos en encañonar al gobierno con la realidad de los hechos", defendió Tellado en Onda Cero. Pese a este intento de dar la vuelta a la tortilla, en el PP está costando digerir ese sapo que se tragaron y que fuentes de los promotores de la iniciativa se hacen crees que no detectaran.