El PP llevará la ley de la vivienda al Tribunal Constitucional

MadridEl día después de que el PSOE y Unidas Podemos consiguieran desencallar la ley de la vivienda, el PP ha decidido volver a canalizar su oposición a través de los tribunales. El líder de los conservadores, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que llevarán la nueva normativa al Tribunal Constitucional porque supone un "intervencionismo suicida". En una entrevista en Telecinco, Casado ha considerado que la nueva ley es un "ataque a la propiedad privada" y que generará "inseguridad jurídica". "Sánchez es rehén de sus socios radicales y es una pena que España tenga el gobierno más radical de la UE", ha manifestado Casado.

Sin que el gobierno haya presentado todavía la letra pequeña de la normativa, los populares han decidido poner la directa y anunciar un recurso a los tribunales porque creen que un gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada. Casado cree que con las nuevas medidas para frenar el aumento del precio de los alquileres lo que acabará pasando es que los propietarios no alquilen sus pisos y que al final haya menos disponibles. Para el líder popular, las medidas para dar una solución a la crisis de la vivienda no pasan por dar ayudas, sino por dar "seguridad jurídica" para atraer inversión al Estado, que los jóvenes tengan trabajo y, por lo tanto, se puedan pagar el alquiler.

Los gobiernos del PP no aplicarán la medida

Los gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP volverán a ejercer de contrapoder al ejecutivo español, porque Pablo Casado ya ha anunciado que ninguno de los ejecutivos populares aplicará esta normativa. Precisamente, este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, garantizó que en la capital española no se subiría el IBI a pesar de que la nueva normativa prevé un recargo de hasta el 150% de este importe para los propietarios que tengan pisos vacíos. La posición de Almeida la ha afianzado la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís. "Madrid hace dumping inmobiliario", ha dicho la concejala de Ciudadanos, desafiando al diputado de ERC, Gabriel Rufián, y también al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Pero siempre hay excepciones. Es el caso de Badalona, donde gobierna el alcalde popular Xavier García Albiol, que, acogiéndose a la ley catalana de regulación de los alquileres, ya había pedido formar parte de las zonas tensionadas de Catalunya donde se regulan estos precios. La decisión de Albiol contrasta con la posición de los principales presidentes autonómicos y alcaldes del PP en el Estado, pero también con la ofensiva de los populares en contra de las políticas de vivienda de la Generalitat y del gobierno español.

El PP ya llevó al Tribunal Constitucional el decreto ley del Govern (aprobado en 2019) que concretaba la ley 24/2015 con medidas como por ejemplo la obligación de los bancos y los fondos de inversión de ofrecer alquileres sociales a los ocupas antes de desahuciarlos. El año pasado, el Parlament sacó adelante la ley catalana que regulaba los precios de los alquileres y los populares también la recurrieron al alto tribunal. Más tarde también lo hizo el gobierno español, pero sin pedir la suspensión de la normativa, que continúa vigente.

Bolaños lamenta la actitud del PP

Frente a la oposición frontal de comunidades como Madrid a aplicar la nueva normativa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha lamentado que esta actitud acabe perjudicando "a todo el mundo, a pequeños propietarios y a inquilinos". "No creo que ninguna comunidad quiera perjudicar a sus ciudadanos", ha dicho en una entrevista en TVE, donde se ha mostrado confiado en que comunidades como Catalunya, pero también Madrid, pedirán formar parte del área tensionada para regular los alquileres. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha cargado contra Casado: "El proyecto de la destrucción del PP y del señor Casado está al margen de la sociedad española".