El PP muerde el anzuelo del PSOE
MadridQuien más quien menos, ahora estamos todos preocupados por una situación política llena de incertidumbres, pero ya nos estamos acostumbrando tanto a que el día que se gire la tortilla y reine la claridad y el equilibrio, echaremos de menos a los alicientes de este período. Uno de los efectos del continuo fuego cruzado entre los partidos es la facilidad con la que los diarios y los programas informativos deben cambiar al titular de la portada a toda velocidad.
Lo que abre boletines y páginas web a las siete de la mañana ya puede haberse olvidado a la una del mediodía, y lo que da motivo de conversación a la mesa a la hora de comer puede haber quedado muy atrás la noche del mismo día. Esta última semana es la prueba de que la agenda política ha escapado al control de las formaciones políticas y sus dirigentes. Lo que domina el escenario no es la capacidad de dirigirse a la sociedad con propuestas e iniciativas, sino la suerte de tener el viento a favor y aprovechar las oportunidades que ofrecen los errores de los adversarios o su torpeza para reponerse de las equivocaciones que cometan.
El abordaje de los barcos de la Flotilla que se dirigía a Gaza y la situación de los detenidos en esta operación del ejército israelí puede servir para empezar el día. Pero pocas horas más tarde será suficiente con un auto del juez Juan Carlos Peinado por tener que rehacer la cabecera de la información sobre España. Y pasado otro puñado de horas serán los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las fechorías y los ganancias del exministro Ábalos y su exasesor Koldo los que batirán récords de audiencia y protagonismo en las tertulias. El reto es constante para partidos y dirigentes, que bajan por esta accidentada corriente fluvial obligados a mantenerse de pie y cogidos al timón para no caer, como los antiguos almadieros del Noguera Pallaresa o del Segre. Y pocos tienen suficiente habilidad.
El trompazo de Almeida
Estos días ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien se ha dado un buen trompazo en beneficio del PSOE. El motivo ha sido el debate municipal en el que el PP apoyó las tesis de Vox sobre la conveniencia de informar de determinados riesgos a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo. En concreto, la información debería ser para evitar que más tarde sufran un supuesto síndrome postaborto. Poco después Almeida tuvo que salir para explicar que este síndrome no es una categoría científica. El contragolpe socialista fue fulgurante, y consistió en el anuncio, por parte del propio Sánchez, de que el PSOE propondría una reforma de la Constitución que recogiera y blindara la opción por la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental.
La posibilidad de que ahora se pudiera aprobar una reforma de la Constitución es inexistente. Pero el desliz del PP acercándose a Vox en este asunto ha sido hábilmente utilizado por el PSOE, impulsor de las dos leyes que desde el restablecimiento de la democracia han regulado el derecho al aborto. Debe tenerse en cuenta que la sociedad española tiene ya muy asumida la legislación vigente sobre este derecho, que ha pasado de las indicaciones de la primera regulación a la libertad de decisión de la mujer sin condicionantes, hasta la semana catorce de gestación.
El apoyo social a la ley vigente sobre la materia —finalmente avalada por el Constitucional, después de trece años sin decidirse a dictar sentencia— es muy mayoritario. Y tiene obviamente una dimensión electoral. El acercamiento del PP a Vox en este asunto ha podido movilizar conciencias en el sentido de que interesa a los socialistas, que han tenido un nuevo motivo para jugar con la pesadilla de la legislación que cabría esperar de la extrema derecha. En tiempos de Zapatero, el PSOE calculó que contaba con más de un 8% más de voto femenino que Rajoy.
Las reacciones de los populares por el abordaje de los barcos de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria han ofrecido al PSOE una oportunidad similar de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y del derecho internacional. Era evidente que la iniciativa no iba a llegar a puerto. Pero el desprecio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hacia los integrantes de la Flotilla diciendo que ya habían aprovechado el viaje para bañarse y que eran una "asamblea de facultad flotante" que nunca hubiera intentado llegar a Gaza si creyera que Israel estaba cometiendo un genocidio, difícilmente tendrá las compensaciones que ella espera obtener. El hecho es que ha habido importantes manifestaciones en las principales ciudades españolas contra la actuación del ejército israelí para impedir que la Flotilla se acercara a las costas de Gaza.
El panorama judicial
Ahora bien, ¿debemos creer que el PSOE logra cambiar el panorama judicial con estos debates paralelos? Lo que dice el PP es que Sánchez lo pretende. Pero lo cierto es que la determinación del juez Juan Carlos Peinado porque Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, sea juzgada por un jurado popular, ha quedado más que confirmada. Y también los indicios de la actuación de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo y su lenguaje específico sobre el dinero en forma de billetes, en este caso por parte del ex ministro de Fomento y su ex asesor.
Este lenguaje en clave implicaba que 500 euros fueran una chistorra, 200 un solo y 100 una lechuga, por el diferente color de los respectivos billetes. El problema no es la denominación del metálico –indicadora de voluntad de ocultación–, sino las circunstancias del tráfico dinerario y su carencia de justificación.
En todo caso, quien tiene el banquillo más cercano es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que será juzgado entre el 3 y el 13 de noviembre. El tribunal formado es de mayoría conservadora, y sigue sin haber pruebas objetivas de que el fiscal filtrara datos que debieran mantenerse en secreto sobre la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Éste, en cambio, también comparecerá en una vista, acusado por la Fiscalía de fraude fiscal, después de que su defensa propusiera negociar para evitar una condena que implicara el ingreso en prisión de su cliente. Todo ello un caso insólito del que quizás nadie salga bien parado. Y mientras tanto no sabemos si tendremos presupuestos ni hasta qué punto su ausencia, de confirmarse, puede debilitar a un gobierno decidido a llegar al 2027 para convocar elecciones.