PP y Vox sellan el control de la España autonómica
Aragón es la cuarta comunidad donde gobernarán juntas la derecha y la extrema derecha
Barcelona / MadridEspaña se acerca inevitablemente a una paradoja política: mientras la única posibilidad de que haya gobierno en el Estado pasa por una coalición de centroizquierda PSOE-Sumar con acuerdos con los soberanismos periféricos, la mayoría de comunidades autónomas estarán controladas por la derecha y la extrema derecha. Este viernes el PP y Vox han firmado un pacto para gobernar juntos Aragón, lo que supone que 11 de los 19 gobiernos autonómicos tengan ya un ejecutivo liderado por los populares. Además, de estos 11, en cuatro Vox estará presente en el consejo ejecutivo. Por ejemplo en Aragón, donde tendrán nada menos que una vicepresidencia. El PP aún podría anotarse otros dos territorios: Murcia y Ceuta.
El fenómeno se explica si lo miramos en dos tiempos. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el PSOE retrocedió prácticamente en todas partes hasta perder seis comunidades: La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Canarias. La caída de los socialistas se explica con otro dato: sólo conservan una mayoría absoluta autonómica, la de Castilla-La Mancha, que además es la de Emiliano García-Page, uno de los barones del PSOE más críticos con Pedro Sánchez. Esta derrota severa hizo que Sánchez provocara el adelanto electoral y, en su enésimo ejercicio de supervivencia política, logró cerrar el paso a los populares en el gobierno de España. El PSOE no tiene garantizada la presidencia, pero sabe que antes habrá nuevas elecciones de que Feijóo pueda entrar por la puerta de la Moncloa.
¿Y ahora qué? Si Sánchez logra ser investido habrá una España partida en dos, al menos administrativamente. La mayoría de gobiernos autonómicos remarán hacia un lado, y el central, hacia otro. Este esquema tendrá una consecuencia previsible: mucha contestación regional a la hora de impulsar grandes cambios. Por ejemplo, uno de los objetivos de la nueva legislatura verbalizado por el PSOE es la reforma del sistema de financiación, pendiente de hace una década. Si ya es un tema complicado por sí mismo, resulta difícil pensar que pueda tener un gran recorrido con un socialismo con poco poder autonómico. Si Sánchez es presidente por tercera vez puede encontrarse aspirado por dos fuerzas contrarias: su estabilidad en el Congreso dependerá de formaciones nacionalistas e independentistas, mientras que para la paz autonómica deberá hablar con el PP.
Pero no todo son consecuencias pesimistas para los intereses del gobierno español. Habrá que ver si, ahora que el PP ha visto frustradas las posibilidades de llegar a la Moncloa, moderará su discurso e intentará marcar más distancias con Vox en lugar de ir de la mano. De hecho, una de las hipótesis que explica esta España partida en dos es que los pactos de la derecha y la extrema derecha en el ámbito autonómico han movilizado a los votantes de izquierda en las elecciones generales para evitar la misma reproducción a escala estatal. Es decir, que tanto pacto entre la derecha y la extrema derecha ha terminado siendo la tumba de Feijóo. Podemos ver por ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana. Entre las autonómicas de mayo y las generales de julio el PSOE logró movilizar otros 145.000 votos.
Vicepresidencia y programa
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y ahora Aragón son las comunidades autónomas donde el Partido Popular y Vox gobernarán juntos. El último acuerdo es el del ejecutivo aragonés, que se ha sellado este viernes en Zaragoza. El PP ha cedido a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías, la de Agricultura y Desarrollo Territorial, y la de Despoblación y Justicia. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, será el vicepresidente de la comunidad que a partir de ahora presidirá el popular Jorge Azcón.
La firma del acuerdo de gobierno se celebró este viernes al mediodía en las Cortes aragonesas y uno de los titulares ha sido el hecho de que el líder del PP y futuro presidente de Aragón no asistió. En su lugar ha participado la portavoz de la formación en el Parlamento aragonés y número dos del partido, Ana Alós, que se ha fotografiado con Nolasco. El PP aragonés ha defendido que era para "igualar la representación", ya que Nolasco también es portavoz de Vox en el Parlamento aragonés. Ha sido inevitable pensar que los populares no están completamente cómodos con las fotos con el partido de Santiago Abascal.
Pero, más allá de las declaraciones, el acuerdo firmado contiene numerosos elementos que ya han generado alarma en otros lugares. Así, se habla de la derogación de la ley aragonesa de memoria histórica; de la "reforma" de la ley trans; revisar la ley de protección de las modalidades lingüísticas propias y también eliminar las ayudas a entidades vinculadas con la lengua. En un ejercicio de ambivalencia, el pacto habla a la vez de un "compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista", pero también compra el mantra de Vox de "erradicar la violencia doméstica e intrafamiliar".
En Baleares, el PP hizo bandera de haberse ahorrado tener a Vox en el ejecutivo, pero la influencia de la extrema derecha acabó haciéndose notar por la puerta de atrás. Así, los populares gobernarán en solitario cuatro años, pero la moneda de cambio es que Vox esté en los gobiernos de los consejos insulares de Mallorca y Menorca. La influencia de los de Santiago Abascal también se deja notar en el acuerdo programático firmado. Se elimina la Oficina de Derechos Lingüísticos y la sustituyen por la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, y el catalán dejará de ser un requisito en el ámbito sanitario. También se ha eliminado cualquier referencia a la violencia de género y se ha sustituido por "violencia intrafamiliar". Si se cumple el pacto, la ley de memoria quedará también derogada.