El precio de ofender al rey que ya han pagado Hasél y Valtónyc

BarcelonaEn España, una crítica subida de tono al rey o a su familia puede salir bien cara. En el peor de los casos, puede costarle a su autor una pena de prisión de dos años y dejarlo a las puertas del presidio por injurias o calumnias a la Corona. Lo sabe bien el rapero Valtònyc, que no ha vuelto a España hasta que ha prescrito la pena de tres años y medio a la que fue condenado por injurias contra el rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones. O Pablo Hasél, que cumple condena en el centro penitenciario de Ponent por éste y otros delitos.

Las injurias y calumnias a la Corona están en el punto de mira del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde hace tiempo. Sin embargo, pronto el Congreso tendrá una oportunidad de autoenmienda. Sumar ha presentado una propuesta para eliminarlas del Código Penal, que las castiga con penas de cárcel de seis a dos años y multa de entre 4 y 24 meses. Es la primera proposición de ley que ha registrado la plataforma de Yolanda Díaz en el Congreso, y todavía no tiene fecha de debate. El primer secretario de la Mesa y diputado de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, explica al ARA que lo proponen porque son un "espacio republicano", pero también porque hay un "consenso" que hay que poner al día el Código Penal después de los toques de atención de Europa. En 2021, una iniciativa similar de Podemos terminó en la papelera de las Cortes Generales. Ahora, el escenario ha cambiado. Pisarello cree que la "sintonía" entre fuerzas progresistas y nacionalistas ante la investidura de Pedro Sánchez puede apuntalar a una mayoría para derogar el delito; sin embargo, avisa, existe el riesgo de que, llegado el momento, el PSOE se ponga de perfil.

Intentos fallidos

Coincide con el diagnóstico la senadora de ERC Sara Bailac, quien destaca que la derogación de las injurias en la Corona ha sido una línea de trabajo de los republicanos en la última legislatura. En 2020 impulsaron una iniciativa para despenalizarlas. No prosperó. Lo intentaron de nuevo en el 2022 en el Senado con Bildu, ocasión en la que sumaron un nuevo y entonces inesperado aliado: el PSOE, que en el pasado no había avalado ni su tramitación, y que alegó que había llegado hora de cumplir con la jurisprudencia europea.

"Fue el intento más exitoso", explica Bailac, quien lamenta que el texto decayera por el final precipitado de la legislatura a raíz del adelanto electoral. A juicio de los republicanos, es inadmisible que artistas, medios y activistas no puedan criticar la "corrupción" de la monarquía sin arriesgarse a acabar sentados en la bancada de acusados. Es un consenso compartido por la mayor parte de fuerzas catalanas (también por la CUP, ahora sin representación en el Congreso) y, por supuesto, por Junts. En 2021, los junteros impulsaron en el Senado su propia propuesta de despenalización.

Al otro lado del ring, y fieles al ideario monárquico, PP y Vox defienden seguir castigando las ofensas a la familia real con prisión y multa. En los últimos debates, el PP ha sostenido que este delito protege los "valores constitucionales", no Felipe VI, mientras que desde Vox abogan por "proteger" la monarquía con el Código Penal ante aquellos que "quieren atacar lo que representa " por España, según fuentes del partido.

Estrasburgo, pendiente

Debates aparte, hace más de una década que Estrasburgo alerta a España de que sobreproteger a la monarquía es contrario a la libertad de expresión. El último aviso lo lanzó en el 2018, al resolver el recurso de dos manifestantes catalanes condenados a una multa de 2.700 euros por quemar fotografías del rey en Girona durante una protesta en el 2007, un caso que desató una ola de solidaridad en los Países Catalanes. El TEDH condenó a España y fue tajante: estos hechos se enmarcaban en la legítima crítica política, y no eran un ataque personal contra el monarca. Los límites de la crítica, recordó, deben ser más laxos cuando afectan a figuras públicas. Uno de los dos jóvenes condenados, Enric Stern, destaca en conversación con el ARA de que la victoria en Estrasburgo llegó tras mantenerse firmes en la defensa de su causa. "Hicimos un gesto simple: ejercer un derecho. Esto resultó ser revolucionario", subraya. Stern es pesimista respecto a los cambios que puedan producirse en España, con unas estructuras "muy oxidadas", pero ve con buenos ojos las iniciativas de derogación.

La Fiscalía española ha tomado nota. En su informe de 2022, el ministerio público admite una "reducción drástica" de las diligencias por injurias a la Corona en aplicación de la doctrina de Estrasburgo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigó cinco casos, y pidió el archivo de los cinco.

Bajo el paraguas de los delitos contra la Corona, que incluye no sólo las injurias, sino también otros hechos contra la figura del rey, hubo tres condenas el pasado año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que van en la línea de media de los últimos diez años. Aunque las cifras son bajas, la sobreprotección de la figura del rey ha dejado casos de difícil justificación y olvido. Entre ellos, se encuentra el secuestro de la revista satírica El Jueves en 2007 por una caricatura del entonces príncipe Felipe en una postura sexual con Letizia que hacía referencia al cheque-bebé recién aprobado. ¿El argumento? Era una injuria contra la Corona, tipificada en el Código Penal.