El presidente del Constitucional defiende la amnistía a los líderes del Procés: “Es de sentido común”

MadridEl presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley, “contraria al reo” e “impredecible” y concluye que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

“Las resoluciones no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma y las finalidades que justifican la amnistía”, sostiene. Y recalca que la lectura de la ley de amnistía “conduce inexorablemente” a la conclusión de que su finalidad es excluir solo la “desviación de fondos públicos efectuada con fines de corrupción personal” y no con el objetivo de hacer posible el 1-O. La consecuencia es clara: el Constitucional ordenará al Supremo que dé marcha atrás y dicte una “nueva resolución” en la que “declare amnistiado” el delito de malversación. Y va más allá recordándole que debe hacerlo de manera “preferente y urgente”. Esto pondrá las condiciones para el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, dado que Pablo Llarena se ha abierto a levantar la orden de detención cuando el TC haya emitido su primer veredicto.

El texto se debatirá y se aprobará en el pleno del Constitucional del martes 6 de octubre, junto con la nueva ponencia que ha elaborado el conservador José María Macías sobre el recurso de amparo de Jordi Turull. La ha tenido que rehacer después de que la su primera versión, en la que daba la razón al Supremo y avalaba dejar a los líderes del Procés fuera del perímetro de la amnistía, se quedara en minoría. Ahora bien, su texto no era ni tan contundente ni tan crítico con el Supremo como el del presidente del Constitucional. Así, por ejemplo, evitaba ordenar directamente a Manuel Marchena que aplique la amnistía, sino que se limitaba a retrotraer las actuaciones al momento posterior a la entrada en vigor de la ley, sin hacer ninguna otra indicación.

¿Qué más dice la ponencia? El borrador de la sentencia sostiene que la interpretación de las exclusiones de la amnistía “debe adecuarse siempre al espíritu y finalidad de la ley” y recalca que hacer una “interpretación extensiva” que rompa el “nexo de coherencia” con la norma “implica un ensanchamiento” de lo que es punible, cosa que es “incompatible con las exigencias” de la tutela judicial efectiva.

“Una contradicción flagrante” sobre la Unión Europea

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido es especialmente crítica con el argumento de que el 1-O puso en peligro los intereses financieros de la Unión Europea, que es una de las exclusiones de la amnistía y es el segundo argumento que esgrimió el Supremo para impedir aplicarla a los líderes del Procés. Es un razonamiento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desactivó con la sentencia del pasado mes de julio. El texto acusa al Supremo de caer en una “contradicción flagrante e insoluble” que supone una “quiebra de racionalidad”.

¿Por qué lo dice? Recuerda que la sentencia del juicio del Procés aseguraba que los consejeros del Govern eran “conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica” del referéndum y sabían que la aprobación de las leyes de desconexión “no podría conducir a un espacio de soberanía”, sino que eran un “reclamo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado”. En cambio, cinco años más tarde, el Supremo cambió este diagnóstico –con el objetivo de privar de la amnistía a los líderes del Procés– para afirmar que hubo una “afectación potencial” del presupuesto de la UE y que el 1-O supuso un “grave peligro” para los intereses financieros comunitarios por el riesgo de que hubiera una “descomposición territorial” de España. Ahora Pumpido reprocha al Supremo que haya emitido “dos pronunciamientos diferentes y recíprocamente inconciliables”.

Macías hablaba de un “sentido inequívocamente diferente” a la voluntad del legislador

Hace cuatro días, José María Macías modificó su propuesta inicial. La nueva ponencia, a la que tuvo acceso el ARA, consideraba que la lectura de la malversación que hizo Pablo Llarena “no puede considerarse correctamente motivada y fundada en Derecho”. El borrador esgrime que la amnistía se había interpretado en un “sentido inequívocamente diferente” a la voluntad del legislador y considera que el juez instructor “se apartó” de la finalidad de la norma: “Incurriendo en un fallo lógico, consistente en aplicar un precepto con una manifiesta falta de sintonía con lo que la misma norma pretende. Es decir, hacer decir a la norma lo que esta no dice, ni quiso decir expresamente”.