"Prioridad nacional": la vía de PP y Vox para limitar los derechos de los inmigrantes

BarcelonaVox salió de todos los gobiernos autonómicos del PP en el verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la coalición con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. El PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar su llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. Además de no ofrecer nuevas plazas de acogida, intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tenga competencias para expulsar personas de su territorio.

Pero el acuerdo que firmaron este jueves las dos derechas extremeñas en Mérida no se limita solo a hablar de inmigración irregular. El nuevo gobierno de Extremadura se inspirará en el principio de "prioridad nacional" para otorgar "todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas", también a los migrantes con papeles. ¿Qué significa? Aunque no entran en detalle, PP y Vox destacan que establecerán "un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y que, además, vincularán el acceso a las ayudas con "la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema" de los inmigrantes. Se añade más concreción en el capítulo de los pisos de protección oficial, donde los dos partidos han acordado que este principio de "prioridad nacional" haga obligatorios 10 años de empadronamiento para la compra y cinco años para el alquiler.

Las personas en situación irregular "quedan excluidas de las prestaciones y servicios sociales estructurales, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital", explica otro de los puntos del acuerdo, aunque esto no dista tanto de la realidad actual, porque una persona sin papeles no puede acceder a la mayor parte de ayudas públicas.

PP y Vox, pues, quieren evitar que lleguen inmigrantes irregulares y limitar los derechos de los que ya están, tengan o no papeles. Los excluyen de las ayudas de la administración, pero también intentarán evitar que haya entidades que se hagan cargo con dinero público promoviendo la "supresión total de subvenciones a las ONG que favorezcan la inmigración ilegal". ¿Cómo se determinará quién favorece la inmigración ilegal? El criterio lo fijará la Junta de Extremadura, excluyendo de las subvenciones a aquellas entidades "que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas". Una redacción en la que podrían acabar entrando las que simplemente ayuden a aquellas personas que lo necesitan. Y si no hay subvenciones a entidades que actúen desde Extremadura, el gobierno de PP y Vox tampoco quiere que se financie a aquellas que actúan en el extranjero: "Se reducirán al mínimo legal las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo".

18 de juliol de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco". Un monumento franquista como bien cultural

Más allá de la inmigración, la reducción de impuestos (a pesar de que Extremadura sea una de las comunidades que más recursos reciben del modelo de financiación autonómica), la lucha contra las ocupaciones de viviendas, la defensa de la "familia" y la nostalgia también caracterizan el acuerdo de gobernabilidad al que han llegado en Extremadura. Vox había sido muy beligerante defendiendo, por ejemplo, que el monumento franquista de la Cruz de los Caídos de Cáceres fuera declarado bien de interés cultural. La extrema derecha se ha salido con la suya y el PP ha aceptado proteger "el patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda". La Cruz fue inaugurada en 1938 por la líder de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, con la inscripción " 18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco". En el acuerdo, en cambio, no hay ninguna referencia a la violencia contra las mujeres, que tanta polémica generó hace dos años por la negativa de Guardiola a aceptar las propuestas de Vox.