PSC, CUP o 'comuns': los socios necesarios para añadirse a la lista de los presupuestos
Ya en 1980 Pujol tuvo que convencer a ERC y UCD, pero el aliado histórico ha sido el PP
BarcelonaUn Govern sin la mayoría suficiente tiene tres cartas para convencer a un socio para negociar los presupuestos. La primera y más evidente, permitir al otro incidir en el reparto de recursos y, por lo tanto, en la acción de gobierno. La segunda, ofrecerle una contrapartida a cambio del apoyo, como se vio en 2017 con el compromiso de la convocatoria de un referéndum para afianzar el sí de la CUP. Y la tercera tiene que ver con la imagen: escenificar un acuerdo con el Govern puede ser suficiente para convencer a un grupo de la oposición a aprobar las cuentas y marcar perfil de partido con capacidad de influencia en el ejecutivo, como pasó con los acuerdos entre el gobierno de Artur Mas y el PP.
Los tres elementos entran en juego en cada uno de los acuerdos a que el Govern ha llegado con otra formación para sacar adelante las cuentas, pero dependiendo de los interlocutores y el contexto a menudo pesa más una cosa que la otra. Falta saber cuál será el as bajo la manga del ejecutivo de Pere Aragonès cuando acelere las conversaciones para intentar acordar los presupuestos de 2021 a partir de septiembre. La CUP es el socio predilecto, pero los comuns y el PSC se preparan para entrar en juego si no hay acuerdo con los anticapitalistas.
La mayoría absoluta de Convergència i Unió entre 1984 y 1995 y la mayoría que tenían los dos gobiernos tripartitos (2003-2010) excluyeron la necesidad de pactos presupuestarios fuera del Govern. En la primera legislatura (1980-1984), el president Jordi Pujol llegó a un pacto con ERC y Centristes de Catalunya (UCD) para dar luz verde a las cuentas, y entre 1995 y 2003 CiU fio la aprobación de los presupuestos al PP, entonces su socio estable. Pero en la última década la fragmentación electoral -y las elecciones constantes- ha convertido en norma que cada vez sea más difícil sacar adelante los presupuestos, como demuestran las sucesivas prórrogas presupuestarias de 2013, 2016, 2018, 2019 y 2021.
“Nadie entra a negociar unos presupuestos sin saber cómo quiere salir”, resume el diputado de ERC Lluís Salvadó, que ha vivido las negociaciones desde los dos lados de la trinchera. “Antes de decidir si negocias unos presupuestos, primero determinas el mensaje que quieres dar a la sociedad”, asegura. Esto explica, según su parecer, que los comuns accedieran a pactar las cuentas de 2020 pero no las de 2019, cuando optaban por una oposición más dura (había elecciones en el Estado). “En 2020 veníamos de tres años sin presupuestos y una sensación de parálisis, los diferentes sectores sociales nos reclamaban que todo el mundo se arremangara”, argumenta David Cid, del equipo negociador de los comuns, que recuerda que se le dedicaron “una treintena de reuniones y un centenar de horas de trabajo”. El tema más complicado, asegura, tenía que ver “con la fiscalidad”. Salvadó también admite que los comuns empujaron para “trabajar el contenido” de las cuentas y escorarlo hacia “la izquierda”.
En cambio, con la CUP lo más importante era el compromiso del Govern con la hoja de ruta del Procés. “Referéndum o referéndum”, recuerda Eulàlia Reguant (CUP), que insiste que “había que avanzar” hacia la ruptura con el Estado, a pesar de que los anticapitalistas también presionaron entre otras cuestiones para “recuperar elementos de los recortes de 2010”. Finalmente dos diputados de la CUP acabaron votando sí a los presupuestos -el resto se abstuvieron- y facilitaron la gobernabilidad a JxSí, que en 2016 ya había tenido que prorrogar las cuentas después de que fallaran las negociaciones.
Los años anteriores, en cambio, era ERC quien ejercía como socio del gobierno de CiU. El ejecutivo de Artur Mas hizo un cambio drástico de alianzas al pasar del acuerdo que hasta 2012 mantuvo con el PP a negociar con ERC. “Fue un cambio de 180 grados”, recuerda el exdiputado y ex conseller de Convergència Antoni Fernández Teixidó, que asegura que las negociaciones con ERC fueron “muy complicadas, con mucho detalle”. De entrada, por las diferencias ideológicas: “ERC era más de izquierdas entonces que hoy”. Para el ex secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat, Albert Carreras, la dificultad para llegar a un acuerdo aumentó en la negociación de 2015. En plena época de crisis económica, se negociaba un incremento del gasto y la recuperación de diferentes impuestos, como el de sucesiones. Salvadó recuerda, además, que el contexto de la celebración de la consulta del 9-N y las presiones de Mas a ERC para presentarse juntos a las elecciones atrasaron el acuerdo de los presupuestos de 2015 y los de 2016 se prorrogaron.
Aliados en la derecha
“Las reuniones eran muy frecuentes y se hicieron muchos esfuerzos para llegar a un acuerdo”, rememora Carreras. En cambio, en las negociaciones de Mas con el PP los acuerdos fueron mucho más sencillos, confirman todas las partes. “Era mucho más fácil y gratificante por el escaso coste de lo que pedía el PP”, explica Teixidó. José Antonio Coto, exdiputado del PP y miembro del equipo negociador entre 2010 y 2012, recuerda que los populares se abstuvieron a cambio que “se bajaran impuestos” como el de sucesiones -que después ERC presionaría para subir-. “En el ámbito económico nos entendíamos bastante bien”, asegura. Las negociaciones, dice, se hacían eminentemente desde Catalunya con Enric Millo y Alícia Sánchez Camacho al frente: “No había directrices desde Madrid”.
La sensación desde el Govern era que el PP buscaba la fotografía del acuerdo más que entrar mucho en el contenido. “Visualizarlo como un éxito del PP”, señala Carreras, que recuerda que Mas fue “la pieza de caza mayor” que perseguían los conservadores. El entonces president, que en 2006 había firmado ante notario que no pactaría con el PP, “intentó rehuir” de la escenificación “tanto como pudo”, explica. En 2011 Sánchez Camacho anunció el pacto por los presupuestos en una comparecencia a solas, mientras Mas insistía el mismo día en negar a Antena 3 que el acuerdo se tratara de una “reedición del pacto del Majestic” de 1996, que permitió al popular José María Aznar ser investido presidente del gobierno español.
Fuentes conocedoras de aquellos momentos dicen que la incomodidad del president era tan grande que “los equipos de Mas y Sánchez Camacho se espiaban en el Parlamento”. El primero para “huir de las fotos” con la líder conservadora, y la segunda para “hacerse encontradiza” y conseguirlas. La hemeroteca confirma que, finalmente, Sánchez Camacho se salió con la suya.
