El PSC se desmarca de la unidad del cordón sanitario y hará frente a Vox por su parte

ERC, Juntos, la CUP y los comunes presentarán dos resoluciones contra la extrema derecha sin los socialistas

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Las diputadas Najat Driouech (ERC), Aurora Madaula (JxCat), Basha Changue (CUP) y Jess González (ECP) y Pau Morales (ERC) en rueda de prensa

BarcelonaDos meses después de firmar un cordón sanitario contra Vox, el PSC ha decidido hacer la guerra por su parte al no compartir la estrategia de los que hasta ahora eran sus socios contra la extrema derecha. 24 horas antes del pleno de constitución del Parlament, 115 diputados se comprometieron a hacer el vacío a los 11 parlamentarios de Vox. El acuerdo, en forma de decálogo, aspiraba a ser una respuesta inicial. A medida que han pasado las semanas, sin embargo, la unidad entre los partidos se ha empezado a diluir. Las primeras evidencias llegaron durante los plenos de investidura, cuando no hubo un criterio común cuando intervenía Ignacio Garriga, y todavía más cuando este miércoles los socialistas ya defendieron que según la ley a Vox le corresponde un senador autonómico, a pesar de que uno de los puntos del cordón sanitario era intentar evitar que la extrema derecha optara a las designaciones del Parlament. El líder socialista, Salvador Illa, incluso considera que Vox tiene cabida en la mesa catalana de partidos (que el PSC cree que tendría que servir para coordinar una estrategia en Catalunya), porque representa a más de 200.000 personas.

Este jueves, ERC, JxCat, la CUP y los comunes han cerrado filas para evitar que el cordón sanitario quede en nada. En una comparecencia conjunta en el Parlament han demostrado que el compromiso de aislar a Vox es vigente, pero también que ahora mismo no hay un consenso claro con el PSC. Los socialistas no han estado en la rueda de prensa conjunta –han hecho una propia después– y de momento tampoco han firmado las propuestas de resolución que los partidos que forman el cordón sanitario quieren que el Parlament ratifique en el pleno. Estas propuestas se trasladarán el próximo martes a la mesa e incluyen algunos puntos del decálogo firmado al inicio de la legislatura. De momento estos compromisos se basan en intentar condenar los discursos de odio y crear una comisión parlamentaria sobre el racismo. Ahora bien, los puntos clave, que hacen referencia a aislar a Vox de los nombramientos del Parlament y de las comisiones, no están.

Y precisamente es aquí donde el PSC muestra más reticencias. "Negar la representación institucional a un partido que tiene derecho a ella por su resultado no es precisamente democrático", ha afirmado este miércoles el portavoz adjunto de los socialistas, Raúl Romero. Hasta ahora los cinco partidos subscriben el contenido del decálogo, pero las desavenencias llegan cuando se tiene que desarrollar más al detalle. Por eso se ha creado un grupo de trabajo que, a priori, tendría que dictar los pasos a seguir. El PSC, sin embargo, hoy se ha desmarcado diciendo que comienzan una "estrategia propia que no haga regalos a la extrema derecha". Mientras que los socialistas defienden combatir a Vox con "argumentos políticos", ERC, Junts, los comunes y la CUP apuestan para sacar adelante las medidas legislativas "que hagan falta para blindar el Parlament". Y una de estas medidas, precisamente, puede ser intentar que Vox no tenga un senador autonómico, a pesar de que todavía falta concretar el método jurídico para hacerlo. "Nosotros no nos saltaremos la ley", ha afirmado el socialista Moreno, que a asegurado que no ven con buenos ojos impedir que la extrema derecha tenga un miembro en el Senado designado por el Parlament.

La ley actual

La ley, sin embargo, no deja de ser ambigua sobre la designación de senadores, puesto que dice que el número de senadores corresponde "proporcionalmente" a cada grupo parlamentario. De manera habitual el reparto se ha hecho siguiendo el sistema de restas mayores. Si ahora se volviera a hacer de este modo, al PSC, ERC y JxCat les correspondería designar a dos senadores a cada uno y Vox y la CUP señalarían un nombre. Pero el concepto proporcional no está definido ni en la ley ni en el reglamento del Parlamento. Y desde el 14-F los grupos han tanteado la posibilidad de optar por la ley De Hondt –un método también proporcional–, que prima a los grupos mayoritarios: el problema es que la ley, en caso de empate, otorgaría el senador al grupo que no tiene ninguno y esto pasaría con el tercero de ERC: el PSC tendría 3, ERC y JxCat 2 y Vox obtendría uno igualmente.

Sea como sea, todavía les queda otra opción: votar cada vez en contra del miembro de Vox y bloquear, así, su nombramiento. Un sistema que ya se siguió cuando Pedro Sánchez quiso que Miquel Iceta fuera presidente del Senado y los partidos independentistas evitaron su designación en la cámara alta por parte del Parlament votando en contra de su nombre. Esta decisión, de hecho, ahora mismo está en el Tribunal Constitucional, que dos años después todavía no se ha posicionado. El PSC, en este sentido, cree que con el futuro senador de Vox puede pasar lo mismo y si el TC diera la razón a la extrema derecha los ultras saldrían ganando.

Prueba-error

Fuentes de los partidos apuntan que, hasta ahora, la estrategia ante la extrema derecha ha sido de prueba-error. Se han encontrado, por ejemplo, que con el hecho de salir del auditorio cuando hablaba Garriga quizás se dio más publicidad a Vox que si se hubiera hecho lo contrario. "Haces que sea noticia", apuntan las mismas fuentes, unos términos en los que el PSC también se ha expresado este jueves. Este dilema se evidenció en el segundo debate de investidura, puesto que solo salieron de la sala los diputados de ERC y de la CUP, y esto conllevó una serie de reproches cruzados. Salir o no de la sala cuando hable la extrema derecha no es uno de los puntos del cordón sanitario y, de hecho, en el Congreso de Diputados ni los independentistas ni los comunes ni tampoco los socialistas lo practican.

Estos detalles, según fuentes de las formaciones firmantes, se tienen que ir precisando a lo largo de la legislatura. Ahora mismo en el acuerdo vigente queda explicitado el compromiso de aislar a Vox siempre que sea posible. Pactaron "establecer los acuerdos necesarios para evitar la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos que el Parlament de Catalunya tiene potestad estatutaria o legislativa para realizar". El caso de los senadores autonómicos entra dentro de la potestad estatutaria de la cámara y, por lo tanto, si el PSC se abre a permitir que Vox tenga uno, podría estar entrando en contradicción con el acuerdo.

La mesa catalana de partidos, nuevas discrepancias

Y como en el caso de los senadores, el PSC también podría incumplir el acuerdo si aceptan que Vox esté en la mesa catalana de partidos que Salvador Illa propuso en el debate de investidura (y que de momento no tiene ninguna concreción). El líder socialista propone una "mesa catalana" que se reúna antes de que haya una segunda cita de la mesa de negociación con el Estado y que aborde una estrategia común de los partidos catalanes. Según el PSC, esta mesa tiene que representar a la totalidad de la sociedad catalana y, por lo tanto, consideran que Vox tiene que estar. Otra cosa es que el partido ultra acepte la invitación. De hecho, este órgano que busca incentivar el PSC –a pesar de que admiten que al final será decisión del Govern si se convoca– ya se intentó que fuera funcional durante la legislatura pasada. Solo se reunió tres veces, sin ningún consenso claro sobre la estrategia con la que tiene que ir la Generalitat a negociar con el Estado. Entonces, Cs, el PP y la CUP se negaron a asistir. Actualmente tanto fuentes de los comunes como de la CUP avanzan que no quieren a Vox en esta mesa de partidos.

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