El PSOE congela la reforma de la Constitución

BarcelonaNi cambios profundos ni retoques quirúrgicos. La Constitución cumple hoy 43 años sin que su reforma acabe de ponerse nunca seriamente sobre la mesa de los partidos estatales. Tampoco ahora que por primera vez hay en el Estado un gobierno de coalición con dos partidos que se han mostrado a menudo partidarios de actualizar una arquitectura constitucional que suma grietas al mismo ritmo que cumple años. El PSOE branda periódicamente el cambio de la carta magna como un horizonte para dar ensambladura a su apuesta federal, pero con la misma periodicidad enfría y aparca esta ambición. Y si no hace todavía ni dos meses los socialistas convertían la puesta en marcha de una secretaría de reforma constitucional y nuevos derechos en uno de los titulares del congreso que el partido celebró en Valencia, ayer eran destacados dirigentes de la formación los que enfriaban la opción de retocar la Constitución.

La declaración más contundente llegó desde uno de los perfiles más jacobinos del partido: la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en una entrevista a La Razón defendió que “la Constitución no necesita ninguna reforma” porque “le queda una vida muy larga”, y limitó cualquier modificación a “cambios muy puntuales”. Pero no solo Robles se encargó ayer de poner agua al vino a la expectativa que el mismo PSOE había alimentado en su congreso de octubre. El mismo encargado de pilotar la secretaría de reforma constitucional del PSOE, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, publicaba un extenso artículo en El País con motivo del aniversario de la carta magna en que, bajo el título “Una Constitución que nos protege”, evitaba cualquier alusión a la reforma de la ley más allá de recordar que el gobierno español está intentando modificar el artículo 49 -a pesar del rechazo del PP y Vox- porque desaparezca el concepto “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad. Una palabra que es, por ella misma, un síntoma evidente de como el texto constitucional pactado en 1978 se ha deteriorado con el paso del tiempo.

Tampoco el presidente español, Pedro Sánchez, habló ayer de remodelar la Constitución. Durante su intervención en un mitin del partido en Murcia, hizo un alegato en defensa de la carta magna asegurando que la del 6 de diciembre no es “una efeméride más”, sino que es un día que conmemora “la educación pública de los hijos, las pensiones de la gente mayor y la salud de todos”. Sánchez aparcó, sin embargo, cualquier mención a la reforma constitucional e incluso aseguró que el actual texto es “la hoja de ruta” del ejecutivo. Ayer, sin embargo, algunos de sus socios al Congreso esta legislatura firmaron un manifiesto en el que exigieron al Estado que la Constitución reconozca su plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminación de sus pueblos. Según los partidos firmantes -ERC, Junts, CUP, EH Bildu, BNG, Més per Mallorca y Més per Menorca, que en 2019 subscribieron la declaración de la Llotja de Mar-, la carta magna española ha acontecido un “instrumento para violentar derechos democráticos básicos”.

El misterio del CIS

A pesar de la presión de sus socios, sin embargo, la reforma de la Constitución continúa bloqueada. De hecho, en los últimos meses Sánchez se ha desprendido de uno de los principales valedores del cambio que había en su equipo. El hasta julio jefe de gabinete del presidente español, Iván Redondo, ha defendido en numerosas ocasiones desde su salida de la Moncloa que es posible reformar la Constitución antes del 2030 y que quien primero coja la bandera de los trabajos por la reforma se podrá beneficiar electoralmente si se plantea como una iniciativa “para unir España”.

Una opinión que sustenta en encuestas como la que hizo en 2018 el CIS, en la que casi un 70% de los encuestados defendían que hacía falta renovar la Constitución, y la mitad de estos apostaban porque la reforma fuera en profundidad. Desde entonces, sin embargo, el CIS no ha vuelto a preguntar por el tema, y se ha evidenciado como la carpeta de la reforma constitucional se ha convertido en un debate espinoso sobretodo a medida que se han multiplicado las voces partidarias de renovarla. Así se explica que en 2018 fuera la primera vez que se hacía la pregunta después de que el CIS la sacara de sus encuestas en 2012, el año en el que los que se declaraban “poco o nada satisfechos” con el texto superaron el 51,5%.