Puigdemont busca apartar al Supremo de la aplicación de la amnistía

Madrid / BarcelonaEl Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont; primero fue el juez instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, y el 10 de abril lo ratificó la sala penal del alto tribunal rechazando el recurso de apelación del líder de Junts. Todas las resoluciones lo han desestimado con el mismo argumento: que los líderes independentistas, encausados ​​por malversación, tuvieron un "beneficio patrimonial" con el 1-O porque consideran que lo organizaron con dinero público y se ahorraron dinero de su bolsillo. Un argumento que ha criticado no sólo la defensa de Puigdemont, sino también la Fiscalía. Ahora el futuro del expresidente queda en manos del Tribunal Constitucional, pero su abogado, Gonzalo Boye, lleva semanas intentando encontrar un camino alternativo para que pueda volver libre: apartar al Supremo del caso y que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien tenga que decidir sobre Puigdemont. Este tribunal aplicó por primera vez la amnistía al exconseller Miquel Buch y el mozo que hacía de escolta en el exilio, Lluís Escolà, y fue en una causa de malversación.

Boye ha batallado para que el caso se lleve al TSJC desde el principio; de hecho, todos los abogados de la causa del Proceso lo han reclamado, pero el Supremo siempre lo ha rechazado. En la última resolución, los magistrados argumentaron que había habido desviación de fondos fuera de Catalunya para mantener la causa. "Los hechos investigados e indiciariamente constitutivos de malversación de fondos públicos tuvieron lugar en parte fuera de Catalunya, por lo que, de conformidad con el artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía, no hay razón para cuestionar la competencia de este tribunal. La queja se desestima", señalaron los magistrados Eduardo de Porro. Este artículo del Estatut dice: "En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la sala penal del Tribunal Supremo".

La defensa de Puigdemont, sin embargo, mantendrá su reclamación en el incidente de nulidad que presentará próximamente, el último paso previo para presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Boye cree que tiene más argumentos ahora que antes porque la investigación ya no es ni por rebelión ni por sedición, sino por supuesta malversación de fondos públicos en el marco de la Generalitat. También hay otro cambio: ahora Puigdemont es diputado en el Parlament –aforado, pues, en el tribunal catalán–, a diferencia de cuando era eurodiputado, en el que sí que la potestad la tenía el Supremo. También lo es Lluís Puig, pendiente del mismo caso, mientras que Toni Comín no ha sido reconocido por ahora como miembro de la Eurocámara.

Esta semana pasada, esta estrategia jurídica se reflejó también en las preguntas que Junts hizo al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. "El presidente Puigdemont y los consejeros no disponían de fondos del Estado. Tiene su relevancia. Muchas gracias, nos ha ayudado mucho", agradeció el diputado juntario en el Congreso Josep Pagès a Cristóbal Montoro durante la comparecencia, cuando el exministro afirmó que, durante la legislatura del golpe había estado un tanto, el gobierno de la Generalitat sólo podía ya eran titularidad del gobierno catalán. ¿Qué importancia tiene esto? La tesis de la formación independentista y de la defensa jurídica del expresidente es que, puesto que la Generalitat era quien poseía el dinero, la supuesta malversación vinculada al referéndum estaría circunscrita al ámbito catalán y el tribunal competente para juzgarla, por tanto, sería el TSJC.

"A efectos de establecer la competencia de un órgano judicial, es determinante si son fondos del Estado o forman parte del presupuesto de la Generalitat. El objetivo es demostrar que si se hubiera producido malversación, los jueces deberían interpretar que el TSJC es el órgano competente", subrayan fuentes junteras consultadas.

El escenario del TEDH

Cuando la instrucción era por rebelión o existía el delito de sedición, el Supremo decía que los hechos del 1-O afectaban más allá de Catalunya porque buscaban romper la unidad del Estado. Ahora, en el caso de la malversación, mantiene que se gastó dinero fuera a través de las delegaciones de la Generalitat. En este sentido, en la sentencia del juicio del Proceso, el tribunal presidido por Manuel Marchena incluyó los gastos de las delegaciones en el exterior y el Diplocat como parte de la malversación.

La discusión de la competencia es una cuestión que se ha arrastrado desde el inicio de la causa del Proceso. Sin embargo, es uno de los argumentos que todas las defensas de los expresos políticos han alegado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que han sostenido en todo momento que los hechos ocurrieron en Catalunya y debían juzgarse en su totalidad al TSJC. En este sentido, la defensa de Puigdemont prevé que sea Estrasburgo quien acabe haciendo caer la causa y permita que Puigdemont vuelva. Un escenario que se produciría si considerase nulo todo el caso del 1-O por falta de competencia del Tribunal Supremo, tal y como alegaron los condenados por el 1-O en su recurso al TEDH. Si esto ocurriera –las defensas calculan que debe resolver a lo largo de este año–, el Supremo sí debería soltar el caso de Puigdemont.

El margen del Constitucional

Boye no deja de mirar a Estrasburgo porque la realidad es que el Supremo ya ha dado señales de que la aplicación de la amnistía no será pacífica, aunque sea avalada por el Tribunal Constitucional. palabra en la aplicación de la amnistía y que el Constitucional sólo podría enmendarle la llanura con Puigdemont si su interpretación no respondiera a la seguridad jurídica. volver a rechazar la amnistía en Puigdemont. También tiene otra vía: llevar la sentencia del Constitucional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y preguntarle si perdonar la malversación es compatible con el derecho europeo Por este motivo la defensa de Puigdemont